La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado en las últimas horas la investigación que lleva a cabo en Navarra a la empresa especializada en demoliciones Erri Berri, cuya sede se encuentra en Olite. Los agentes registraron sus instalaciones en el marco de la causa secreta que investiga la Audiencia Nacional y que involucra a Leire Díez –apodada «la fontanera» del PSOE–, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y al empresario vasco Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE a través de la sociedad Servinabar y también investigado por presunta corrupción Santos Cerdán.
Erri Berri está bajo el foco de los investigadores por haber sido la adjudicataria de un importante contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) –gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI– ; dicho contrato, por importe de 2,85 millones de euros, tenía como finalidad el desmantelamiento de las baterías de coque de Avilés. «Sobre la base de las evidencias analizadas» –explica el juez, según ha informado La Sexta– «el grupo, a través del presidente de la mesa de contratación, habría tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erri Berri en el proceso de adjudicación del contrato aludido».
Como contraprestación de esa actuación «facilitadora», Erri Berri le habría pagado presuntamente a un grupo autodenominado «Hirurok» una comisión que según unas fuentes pudo ser de 100.000 euros y según otras, cuatro veces más. En cualquier caso, esos pagos («mordidas» en la jerga delincuencial) que ahora investiga la UCO se habrían hecho mediante operaciones con las que se trató de encubrir la finalidad de los fondos, en concreto la emisión por parte de Servinabar de facturas que pagó Erri Berri a cambios de la realización de presuntos «servicios» .
Este modus operandi y la entrada en escena del grupo «Hirurok» («nosotros tres» en euskera) se repite en al menos otro de los cuatro contratos presuntamente amañados que, junto con el del derribo de las antiguas baterías de coque de Avilés, son «sospechosos» ojos de la UCO. Los agentes investigan si Vicente Fernández Guerrero cobró «mordidas» a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos (TR), según adelantó ayer «El Mundo» y ha podido confirmar esta redacción.
El Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava). Las fuentes consultadas por este diario aseguran que existen la posibilidad de que Fernández Guerrero hubiera utilizado para enmascarar estos cobros a la empresa navarra Servinabar 2000, que la Guardia Civil vincula al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso. El expresidente de la SEPI amasó un importante patrimonio durante su carrera en las instituciones públicas que el PP valoró en el Senado en más de 10 millones de euros.
Otro de los contratos bajo sospecha serían los adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa y Residuos Melilla. Los cinco contratos en los que se habrían producido amaños se elevan, en total, a 132 millones de euros. Precisamente, Mercasa y Enusa fueron, además de Erri Berri, dos de la empresas a las que acudió el pasado jueves la UCO en busca de documentación referida a las obras bajo sospecha. En Enusa, la sociedad pública encargada de proporcionar uranio para las centrales nucleares españolas, fue donde trabajó la «fontanera del PSOE» Leire Díez, que después pasó a Correos, empresa pública a la que también acudieron los uniformados.
Los agentes de la Guardia Civil requirieron, asimismo, contratos en el Ministerio de Transición Ecológica, en la Dirección General de Patrimonio y en el Tribunal de Recursos Contractuales, estos dos últimos dependientes de Hacienda.
Una adjudicación manchada desde el origen por sospechas de corrupción
La fortaleza de la proposición económica que presentó y la adecuada justificación de la misma convirtieron en octubre de 2021 a la unión temporal de empresas (UTE) vasco-navarra Erri Berri-Afesa Medio Ambiente en la adjudicataria del contrato para desmantelar las baterías de coque de Avilés, apagadas en diciembre de 2019.
La navarra Erri Berri entregó la mejor oferta económica: 2,85 millones de euros. La oferta de su principal competidora, la UTE Lezama-Los Álamos, dobló la suya: 6,14 millones. La sorprendente rebaja de 4 millones que hizo Erri Berri la obligó a razonar la misma para descartar el riesgo de un posible baja temeraria. Así lo hizo, y los miembros de la mesa de contratación dieron por buenas sus explicaciones. En consecuencia, la mesa de contratación dio la máxima puntuación a Erri Berri-Afesa en el apartado económico y si bien quedó la segunda, por detrás de Lezama-Los Álamos, en el técnico la suma de ambos baremos (81,26 puntos frente a 68,15) la convirtió en ganadora.
El contrato para achatarrar Baterías ya había sido objeto de licitación anteriormene, cuando resultó ganadora la UTE Lezama-Los Álamos. El importe de aquella adjudicación fallida ascendió a 6,5 millones. Pero el procedimiento tuvo que empezar de nuevo porque el Tribunal de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, admitió un recurso que presentó Erri Berri y en el que alegó –y demostró– que la primera valoración de las ofertas fue «errónea y discriminatoria».
La presunta intervención inapropiada en el proceso del exdiputado socialista avilesino Álvaro Álvarez fue otro factor distorsionante del proceso que entrañó en su momento gran polémica, pero no llegó a empañar la primera adjudicación una vez que la Abogacía del Estado concluyó que no existían «razones jurídicas que avalen la renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de contratación» por la denuncia interpuesta ante Fiscalía contra el exdirigente socialista, presuntamente por haberse ofrecido a una de las empresas que conforman la UTE Lezama-Los Álamos para influir en el resultado de la licitación. La Fiscalía no apreció tampoco indicios de que los hechos denunciados, y que salpicaban a Álvaro Álvarez, hubiesen influido de modo alguno en el procedimiento.
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