La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, eligió esta semana Vigo y su Navidad para hacer brillar la medida estrella de su departamento: Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda con la que el Gobierno español quiere ofrecer alquileres asequibles, contratos de hasta 75 años y un parque público permanente.
—¿Qué alcance tendrá esta nueva iniciativa en Galicia?
—Casa 47 nace con unas 2.000 viviendas en Galicia procedentes de la Sareb, que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía en diferentes fases a medida que se adecuen, ya que no todas están en la misma situación. También hay suelos para seguir incrementando el parque de vivienda asequible en la región, con potencial para alcanzar más de 5.500 viviendas.
—¿Y cuál es el calendario previsto? ¿Cuándo se entregarán?
—Por ahora se van a poner a disposición 171 —las 67 en Vigo, 67 en Valencia (zona de la dana) y 37 en Mieres (Asturias)—. Es un proyecto piloto. Se ha licitado la contratación de una plataforma digital que va a ser también el primer portal inmobiliario público, en el que vamos a poder mostrar todas estas viviendas, sus condiciones…
—Anunciaron una inversión de 100 millones de euros para compra de viviendas a particulares. Antes se dotaron de 25 millones de euros para comprar en las zonas arrasadas en la Comunidad Valenciana. Apenas han logrado comprar por tres millones.
—El modelo piloto de la dana estaba muy acotado a una realidad de municipios que se habían visto afectados por esa riada. Pero creo que las condiciones con las que saldrán estas viviendas pueden resultar atractivas para algunas personas o entidades jurídicas que quieran desprenderse de ese patrimonio y que quieran contribuir a la conformación del parque público.
—La vivienda se encarece a un ritmo récord en España y Galicia. Es un 13,4% más cara en la comunidad respecto al año pasado.
—Se confirma lo que venimos diciendo desde las posiciones ideológicas que represento y desde el Partido Socialista: el mercado por sí solo no funciona y con los derechos no se mercadea. Por eso queremos crear ese parque público, la única manera de parar este mercado salvaje que se está comiendo las rentas de las familias para que unos pocos hagan negocio.
—¿Cree que el mercado está mejor hoy que cuando empezó esta última legislatura?
—Cuando comenzó esta legislatura había unos cuantos millones menos de personas habitando este país, pero lo que tengo claro es que este problema lo tenemos como consecuencia de los errores del pasado, que pasaron por una burbuja especulativa que tuvo dramas en este país en forma de desahucios, de despidos en el sector de la construcción, y que hizo que durante los 15 años siguientes se construyera cero vivienda pública en España. El déficit con el que hoy parte nuestro país para atender a la demanda viene en gran medida por la ausencia de construcción pública y privada tras la crisis financiera del año 2008.
—¿Y aguantará el Gobierno esta legislatura para impulsar estas medidas y arrancar el Plan Estatal de Vivienda (2026-2030)?
—Yo lo que sé es que este Gobierno es bueno para atender el derecho a la vivienda. Sin él, nos hubiéramos pasado otros cuatro años más sin cumplir el mandato constitucional de desarrollar una ley de derecho a la vivienda, y seguramente estaríamos atendiendo este problema con una visión muy distinta. Estos años que restan de legislatura son muy importantes para sostener el modelo público por el que trabaja este Ministerio y este Gobierno.
—Pero sin Presupuestos Generales del Estado aprobados. ¿No se están viendo limitadas las políticas del Ministerio?
—En absoluto. De hecho, la empresa de vivienda ya tiene dispuestos 1.300 millones de euros para el próximo año. Las comunidades autónomas tienen encima de la mesa 7.000 millones de euros para hacer políticas de vivienda con el Plan Estatal de Vivienda, y los empresarios y promotores de nuestro país tienen 1.300 millones de euros para desarrollar una industria que nos permita construir antes y hacerlo también con mejores calidades para las viviendas. Por tanto, nosotros tenemos perfectamente articulada la disposición del presupuesto sabiendo que esta es una política prioritaria.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en Vigo. / Jose Lores
—Los avales a jóvenes y familias con menores a su cargo para la compra de primera vivienda han sido cuestionados por los tipos más altos a los que se conceden los préstamos. ¿Debe haber más control sobre los bancos?
—Lo que buscamos es dar cobertura a las personas que no tienen aval, y en estos momentos estamos también reformulando ese convenio con la banca. Pero creo que ahora mismo el problema de acceso a la vivienda no está en el crédito: es una falta de oferta.
—¿El Gobierno no se plantea reducir o suprimir el impuesto a la compra de primera vivienda?
—Hay quien arregla todo en base a la reducción de impuestos; que normalmente no termina repercutiendo en el beneficiario, sino que, cuando hay una bajada de impuestos sobre un bien, acaba cargándosela o llevándosela el que dispone el bien y no el que lo adquiere. Un descuento de cinco puntos puede terminar repercutiendo en un incremento del coste.
—¿Y gravar más a los grandes tenedores para estimular la oferta?
—Sí, especialmente a los inversores extranjeros. En Galicia este no es un asunto tan relevante, pero tenemos zonas de nuestro país donde el 30% de las viviendas se están vendiendo a extranjeros.
—Acaban de lanzar también hace unos días un nuevo aval para garantizar el cobro de la renta a los propietarios que ofrezcan alquileres asequibles. ¿Cree que hay tanto miedo a la morosidad?
—Creo que hay intereses que alimentan ese miedo: algunos en forma de partidos políticos y otros en forma de empresas que hacen negocios con ese miedo. Y que, sobre todo, no hay que dar excusas y hay que apoyar a quien más lo necesita. Estos avales estaban ya previstos en el anterior Plan Estatal de Vivienda, pero no fueron utilizados por las comunidades y hemos creído necesario intervenir.
—¿Y no es darle la razón al alarmismo que hay en torno a la okupación y a los impagos por parte de los inquilinos?
—En ningún caso. Lo que les quita la razón son las oficinas [para atender llamadas por okupación] que ellos montan y después no reciben ningún tipo de llamada para atender ninguna cuestión al respecto. Creo que Galicia recibió tres.
«Los gallegos pagarían un 30% o 40% menos de alquiler si la Xunta aplicase la ley»
—Más allá de los colectivos vulnerables hay un problema generalizado en el alquiler. ¿Qué le puede decir usted a una persona de 45 años, por ejemplo, con empleo estable, que está destinando un 40% de su sueldo a pagar el piso en el que vive?
—Pues en Galicia le diría que podría estar pagando entre un 30% y un 40% menos si la Xunta estuviera aplicando la ley para contener y bajar los precios de alquiler, que es lo que está sucediendo en Cataluña, Navarra o el País Vasco.
—Da la sensación de que el mercado está pensado para vivir en pareja. Cada vez hay más gente sola, jóvenes y mayores. ¿Contemplan ampliar el rango de beneficiarios más allá de los colectivos vulnerables definidos?
—Precisamente Casa 47 viene a dar respuesta a esto. El problema que sufre nuestro país, la crisis que sufre España, es un problema de mayorías: de personas trabajadoras que viven solas o en pareja o con amigos, pero que con su sueldo no pueden pagar su vivienda, o esta se lleva el 50%, 60% o 70% de su salario. Por eso este instrumento que ponemos en marcha no está dirigido a las personas vulnerables. Para eso tenemos otras políticas como la vivienda social, la vivienda protegida. Para atender a las personas vulnerables se han de poner en marcha —y con una mayor intensidad de lo que lo están haciendo— los servicios de protección social, que recaen en las competencias de las comunidades autónomas, y que deben dar respuesta con una acción integral.
—¿Por qué hay tan pocos ayuntamientos que optan por la declaración de zonas tensionadas?
—No todas las administraciones se lo están poniendo fácil. Es una ley nueva. Espero que, tras un año de puesta en marcha de este sistema, de la evidencia de que hemos conseguido parar la subida del precio del alquiler, cada vez sean más administraciones las que se sumen a este modelo. Y si no, tal vez tendrán que sufrir la presión social.
—¿Están notando, como dicen algunos expertos, la retirada de pisos en alquiler porque los arrendadores no quieren afrontar las condiciones planteadas?
—Esas aseveraciones no se corresponden con los datos. Lo que sí que vemos que se está produciendo es que, cuando vamos dando protección, hay quien siempre va buscando la trampa. Y necesitamos ir más rápido para taponar esas trampas. Por eso es prioritario abordar el fraude que se está produciendo en contratos de temporada y alojamientos en habitación.
—Este verano se anunció la retirada de unos 53.000 pisos turísticos ilegales; 2.600 en Galicia. ¿Han cumplido las plataformas?
—Se han retirado los pisos turísticos ilegales y el sistema sigue en vigor. Ahora, esta política de restricción de las viviendas para uso distinto al residencial puede ir mucho más allá: con administraciones autonómicas que impidan la proliferación de estos alojamientos o con ayuntamientos que, en base a sus ordenanzas, limiten las licencias. Creo que en España y también aquí en Galicia, en algunas ciudades, la situación y los precios del alquiler harían recomendable la prohibición, en algunos casos, de estos pisos turísticos.
—¿Qué balance hace de la política de vivienda de la Xunta?
—Espero celebrar pronto que la Xunta se suma al Plan Estatal de Vivienda porque es verdad que no nos han dicho que no. Espero que sea que sí por el bien de los gallegos, porque nosotros hemos apoyado a Galicia y ahí tenemos los datos: más de 565 millones de euros del Gobierno de España para los gallegos y las gallegas y sus políticas de vivienda que han permitido la rehabilitación de más de 21.600 viviendas y la construcción de más de 1.500. Aspiro como ministra de Vivienda a poder seguir fraguando acuerdos con la Xunta.
«Ni un hombre, ni dos, ni tres van a acabar con el legado del PSOE»
—El goteo de casos de acoso sexual en el PSOE no cesa: desde Paco Salazar hasta el gallego José Tomé. ¿Es un problema estructural o casos aislados?
—El machismo todavía es estructural lamentablemente en nuestro país. Por eso estoy orgullosa de pertenecer a un partido que ha trabajado y trabaja cada día por avanzar hacia la igualdad. Lamento estas informaciones que se están produciendo. Deseo que con celeridad se dé respuesta a este tipo de comportamientos para poder dar respuesta a las víctimas y depurar todas las responsabilidades.
—Tomé dimite como presidente de la Deputación de Lugo y líder orgánico del PSOE por la provincia. Se aferra a la alcaldía. ¿Qué opinión le merece?
—Bueno, ahora se activan todos los procedimientos. Desde luego, los procedimientos orgánicos ya se han activado. Ha de actuar, en su caso, la Justicia y resolver si es que efectivamente se han producido estos hechos.
—¿Estos hechos no restan credibilidad a la hora de que el partido hable de feminismo?
—Una organización que la conforman cientos de miles de personas puede tener entre sus filas personas que abusen de la confianza y que no respeten los valores de su organización, pero eso no impide valorar que luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto no es de ahora: en los últimos 40 años de democracia y antes. Este martes se celebraba el 100 aniversario del fallecimiento de un gallego ilustre para España y, desde luego, alguien que nos sigue sirviendo de inspiración, como es Pablo Iglesias Posse [el fundador del Partido Socialista]. Ni un hombre, ni dos, ni tres, ni cuatro van a acabar con ese legado.
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