El que fue secretario de Organización del Partido Socialista a nivel estatal, Santos Cerdán, será citado a declarar como testigo en el juicio por la expulsión de las filas socialistas de los cuatro ediles compostelanos Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños, y Marta Álvarez, que en la actualidad son no adscritos.
Cerdán es uno de los testigos solicitados por la representación legal de los concejales ahora no adscritos en la audiencia previa a la celebración del juicio –previsto para los días 7 y 8 de septiembre–, una sesión que tuvo lugar en el pasado mes de octubre y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press.
En la vista, el abogado de los ediles expulsados del Partido Socialista pide que el que fue secretario de Organización del PSOE comparezca como testigo en calidad de persona firmante de la resolución disciplinaria aprobada contra los concejales.
Santos Cerdán, compareciendo durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 / Fernando Sánchez – Europa Press
Asimismo, el representante legal de los cuatro concejales ahora no adscritos solicita que comparezcan también como testigos, además de los propios demandantes, cuatro trabajadores eventuales del Partido Socialista en la ciudad y el exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo.
Sin embargo, en esta audiencia previa, la abogada que representa al Partido Socialista se opone y presenta recurso contra la citación de Cerdán al asegurar que ya no forma parte del PSOE y que la petición solo busca un «efecto mediático» dada su situación –en aquel momento permanecía detenido en el marco de la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones–.
La letrada que se encarga de la representación legal del Partido Socialista sí defiende que comparezca el director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, por considerar que podría aclarar la tramitación de los expedientes disciplinarios. Así, señala que éste tiene pleno conocimiento del proceso, al contrario que Santos Cerdán, a quien, según argumenta, solo se le hace llegar la propuesta de resolución para su firma.
Además, propone que acuda como testigo el encargado de instruir el expediente desde Ferraz y que se aporten los archivos de audio de las ruedas de prensa hechas por los demandantes o que, en el caso de que la solicitud de esta prueba sea impugnada, que las grabaciones se reproduzcan durante el juicio.
Por último, solicita que no se repitan las declaraciones de los no adscritos, de forma que se utilicen sus testimonios durante la vista que decidió sobre las medidas cautelares que pedían los cuatro ediles para frenar su expulsión del partido, un aspecto que la magistrada rechaza.
La jueza acepta todas las propuestas de testigos
Por el contrario, la jueza acepta todos los testigos propuestos por las partes y señala que, en el caso de Cerdán, el hecho de que pertenezca o no al partido es indiferente toda vez que se le cita en calidad de firmante de la resolución.
También considera que el instructor de los expedientes podrá ilustrar sobre los motivos por los que se imponen las sanciones y también sobre la mecánica de estas.
En relación a la petición de la abogada del PSOE de no recoger el testimonio de los cuatro demandantes, la jueza recuerda que la vista por las medidas cautelares tenía un objetivo concreto y determinado, aunque después se hablase allí de lo «divino y lo humano».
Así, señala que, para salvar el principio de inmediación –regla procesal fundamental que exige la presencia directa y personal del juez en las audiencias y debates– se admiten todas las propuestas de comparecencia.
Un conflicto que arrancó en el día de San Juan de 2024
El conflicto interno del PSOE local de la capital gallega estalló el 24 junio de 2024, cuando los seis concejales del grupo municipal votaron en el pleno a favor de una ordenanza sobre las viviendas turísticas en contra de la decisión marcada por la dirección local, que optaba por la abstención.
Esa misma jornada, día de San Juan y festivo en muchas localidades gallegas, la ejecutiva de Santiago convocó una reunión para ordenar el relevo de dos de los trabajadores del grupo, la jefa de gabinete y el responsable de comunicación, unos cambios que el portavoz municipal, entonces Gonzalo Muíños, se negó a firmar y por los que fue suspendido de militancia durante un plazo de 18 meses.
En primer término, Muíños, Rosón, Castro (expulsados del PSOE) y Sindo Guinarte, en un pleno en el Concello de Santiago / Jesús Prieto
A continuación, Muíños fue suspendido de militancia y la dirección local acordó nombrar a Gumersindo Guinarte como nuevo portavoz del Grupo Municipal y a Marta Abal como secretaria, convocando a Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez a una reunión para ratificar dichos nombramientos. Sin embargo, las tres concejalas no acudieron al entender que la convocatoria era nula, lo que supuso la ruptura en la totalidad del grupo municipal y su posterior expulsión.
Así las cosas, y tras pedir judicialmente medidas cautelares que frenasen su expulsión –un aspecto que les fue denegado–, Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez presentaron una demanda contra el PSOE en la que reclaman la impugnación de las resoluciones disciplinarias para su reincorporación en el grupo municipal local.
