las incoherencias patrimoniales de Vicente Fernández, el protegido de Montero con «10M en pisos»

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que se desconoce su implicación concreta, pero todo apunta a que pudo estar involucrado en un presunto amaño de contratos públicos, lo cual abriría una nueva pieza de la trama Servinabar. Junto a Fernández fueron detenidas Leire Díez, la fontanera exmilitante del PSOE, y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La detención se produjo unos días después de que la Audiencia de Sevilla absolviera a Vicente Fernández y a otros 15 funcionarios de la Junta de Andalucía de cometer presuntas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar.

Al tiempo que agentes de la Guardia Civil se lo llevaban detenido, registraban el local ‘La Bola’, un bar en la isla de la Cartuja de Sevilla a nombre de Fernández que la trama pudo utilizar para blanquear capitales.

Fraude. Malversación. Tráfico de influencias. Falsedad documental. Prevaricación. Son cinco los presuntos delitos que pesan sobre la espalda de este malagueño ilustrado que fue número 1 de su promoción, llegó a Interventor General de la Junta de Andalucía en las postrimerías del Gobierno de Susana Díaz y a presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por recomendación de Montero.

La detención ha pillado por sorpresa a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que esta semana ha referido a Vicente Fernández como «ese señor» y ha negado cualquier tipo de vinculación con él desde hace, por lo menos, seis años.

Sin embargo, a quien no le ha extrañado nada es a Paco Bernabé, el senador del PP que, el pasado julio, lo interrogó en la comisión de investigación del Senado. En ella trató de esclarecer los tejemanejes que salpican al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a Koldo García Izaguirre.

«Un tipo que fue Interventor General de la Junta de Andalucía y presidente de la SEPI que acaba en una desconocida empresa de Pamplona [Servinabar] como director comercial es algo que no tiene ningún sentido», asegura el senador Bernabé en conversación con EL ESPAÑOL.

«Nuestra impresión es que, al salir de la SEPI, a este tipo lo enviaron a montar el entramado jurídico-financiero de Servinabar, que es el que ha dado sostén a toda la red de mordidas».

Para Bernabé, Vicente Fernández es, presuntamente, «el ingeniero, el fontanero de verdad, no como Leire, que era una elementa. Creemos que Fernández es quien ha diseñado la trama contable y financiera. Él y María Jesús Montero tenían en común a súper Santos Cerdán«, por quien esta última había puesto su torrefacta «mano en el fuego».

El popular considera que hay muchas incoherencias en la trayectoria de Fernández. Principalmente, las patrimoniales. Porque el expresidente de la SEPI, por mucho que gozase de uno de los sueldos públicos más jugosos (220.000 € brutos anuales), no ganaba lo suficiente como para tener un patrimonio tan grande.

«Tenemos constancia de que tiene dos chalés en Sevilla, a las afueras de la comarca del Aljarafe, de 500 y 1.000 metros respectivamente, el segundo con piscina», añade Bernabé. Estos se ubican en Bollullos de la Mitación, en la urbanización de La Juliana, una zona exclusiva y con seguridad privada. El primero fue adquirido en julio de 2017; el segundo, en junio de 2024.

Según los documentos aportados por Bernabé, Fernández tiene también tres casas en Marbella: una de ellas se encuentra en la urbanización Jardines de Don Carlos (80 metros cuadrados); otra, en el Lance de las Cañas, en Las Chapas (100 metros cuadrados). En marzo de 2022 también compró un garaje y un trastero en la zona.

Además, goza de un exclusivo piso en la urbanización Puerta de Hierro, en Madrid, que sumaría 220 metros cuadrados, y que el senador califica de «súper lujo«. Se trata de la exclusiva zona residencial en la que viven figuras como Isabel Preysler, Tamara Falcó o José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2020, después de su cese como director de la SEPI por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar, en su declaración de bienes contaba con inmuebles por valor de 674.773 € y un pasivo de 587.000 €.

«Sin embargo, tirando por lo bajo, hay quien dice que estos inmuebles pueden valer unos 5 millones de euros. Pero eso es tirando por lo bajo: comparando con varios portales inmobiliarios, nosotros creemos que es, por lo menos, de 10 M, el doble. Sólo el de Puerta de Hierro vale millones«. La gravedad del caso, señala Bernabé, es que todos estos inmuebles «se adquirieron entre 2017 y 2024«.

Además de sus múltiples propiedades, Fernández también tuvo alquilado durante un tiempo un piso en el número 36 de la calle Diego de León, en el madrileño barrio de Salamanca. «¿Qué uso hacía de ese inmueble? ¿Cómo es posible que ese piso se utilizara —mira por dónde, otra vez— por su amiga la fontanera Leire Díez y Javier Pérez Dolset?», se pregunta Bernabé.

Hay quien podría decir que Fernández tendría algún otro negocio que le otorgase pingües beneficios, pero todas las empresas en las que aparece como administrador único se crearon después de las principales compras y no facturan tanto como para engrosar su cuenta bancaria de esa forma.

Por ejemplo, está el caso de la empresa La Bola Innovación S.L., con la que gestiona el bar en el que la UCO hizo su redada. Se sitúa en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja, en Sevilla, y allí, más allá de lavar presuntamente dinero vinculado a la trama Servinabar, se sirven desayunos y comidas.

Los ingresos apenas llegan 386.996 €. Sin embargo, según las cuentas depositadas por La Bola Innovación S.L., el flujo de caja (el dinero líquido disponible tras pagar gastos) pasó de 9.000 euros en negativo en 2022 a más de 56.000 euros positivos en 2023, lo que supone un incremento cercano al 700% en un solo ejercicio. «Como usaban mucho dinero en efectivo, tenían que darle salida por otro lado. Por ejemplo, comprando inmuebles«, añade el político.

Tampoco tenía beneficios suficientes otra de las empresas vinculadas a Vicente Fernández, Goloso 25 S.L., dedicada a la compraventa, arrendamiento no financiero y explotación de bienes inmuebles. Este negocio facturó 121.841 € en 2024 con un beneficio que no llegaba a los 50.000 €. Ni Allies & Altera S.L., una consultora inmobiliaria que ingresaba 324.764 euros.

Lo más extraño, señala Bernabé, es que entre 2021 y 2023, coincidiendo con su contratación como director comercial de Servinabar, todos los negocios de Fernández experimentaron un aumento de facturación notable.

Según señala la UCO en sus investigaciones, Fernández recibió alrededor de 100.000 euros entre 2021 y 2023. En 2021, La Bola Innovación S.L. disparó sus ventas.

Ese año facturaba 167.453,58 €; en 2022, 299.539,01 €, un 80 % más. En 2023, los ingresos ascendieron a 386.996,68 €, aunque no así los beneficios. Algo parecido pasó en 2024 con Goloso 25 S.L.: subió de 34.386 € a 121.841 €, más de un 254%, en cuestión de un año.

El ‘cerebrito’ jurídico

La trayectoria de Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 1973) ha sido meteórica. Durante décadas construyó una sólida reputación como jurista brillante y funcionario de currículum intachable.

Fernández Guerrero completó sus estudios secundarios en Cádiz, donde asistió al exclusivo colegio privado San Felipe Neri. Se graduó en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996 y, tres años después, en 1999, superó las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía como número 1 de su promoción.

Entre 1999 y 2012, Fernández ocupó la jefatura de la Asesoría Jurídica de diversos departamentos de la Junta de Andalucía bajo el gobierno del PSOE-A.

En 2012 fue nombrado secretario general de Innovación, Industria y Energía, cargo que mantuvo hasta 2016. Durante ese periodo, acumuló presidencias en agencias públicas estratégicas con salarios sustanciosos: la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) y AEROPOLIS.

La relación profesional entre Fernández Guerrero y María Jesús Montero se forjó por esas fechas.

En 2014, el Gobierno andaluz convocó el concurso público para reabrir la mina de Aznalcóllar, cuya adjudicación fue en febrero de 2015. Un proceso que la empresa perdedora, Emerita Resources, denunció como irregular y años después, tras los sucesivos archivos y reaperturas, se convertiría en su primera imputación judicial.

Cuando Montero ejercía como consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Fernández fue colocado en el puesto clave de Interventor General. Concretamente, lo hizo desde febrero de 2016 hasta junio de 2018.

Nadie quería ser Interventor General de la Junta. Quien ocupase ese puesto estaba obligado a vigilar procedimientos y advertir irregularidades. Es, en esencia, el guardián del dinero público, el que coordina el sistema de control interno. Un puesto políticamente explosivo. Pese a todo, aceptó.

Aunque hoy María Jesús Montero se refiere a Fernández como «ese señor», lo cierto es que diversas fuentes socialistas han calificado a Vicente Fernández como un «hombre de máxima confianza» de la ministra y su «gran protegido», al menos durante esta etapa. Su confianza fue tal que, cuando en 2018 Montero fue nombrada ministra de Hacienda, impulsó personalmente la candidatura de Fernández para presidir la SEPI.

El Consejo de Ministros escuchó a Montero y ratificó su nombramiento el 22 de junio de 2018. Casi cuatro meses después, Leire Díez entró a trabajar como responsable de comunicación de Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI. Allí estuvo entre 2018 y diciembre de 2021, donde coincidieron.

Díez, según diversos testimonios, colaboraba con Santos Cerdán cuando éste era el responsable de Organización del PSOE para recabar informaciones comprometidas. Es decir, Leire Díez y Vicente Fernández trabajaron para Cerdán con distintos puestos y cometidos.

En octubre de 2019, la Audiencia de Sevilla reabrió el caso Emérita, el de la mina de Aznalcóllar, y Fernández se vio obligado a dimitir. Durante su puesto en Enusa, la fontanera ayudó a Fernández intentando que se publicaran informaciones que le favorecieran en el procedimiento de Aznalcóllar. Ese era parte del plan de María Jesús Montero para que su colaborador fuera desimputado y poder reponerle al frente de la SEPI cuanto antes.

«Este dato es relevante: cuando está trabajando en Servinabar, sigue teniendo el teléfono móvil y el iPad que tenía en la SEPI. También seguía en los grupos de WhatsApp de los directivos de la SEPI. La vacante, recordemos, estuvo sin cubrirse durante 16 meses. Montero le guardó el sitio mientras ejercía un control en la sombra. Al menos, es lo que deducimos de todo esto», añade Paco Bernabé.

Tras su cese en la SEPI y un breve paso de diez meses como asesor en el despacho Martínez Escribano Abogados, Fernández Guerrero fichó por Servinabar 2000 S.L. en mayo de 2021. La empresa, propiedad de Antxon Alonso Eguirola pero con el 45% de las participaciones en manos de Santos Cerdán, según documento hallado por la UCO, le contrató como director comercial hasta febrero de 2023.

«Fernández, por aparece, aparece hasta en el caso Hidrocarburos«, remató Bernabé en la comisión de investigación del Senado. Y recordó que, según publicó El Debate, el 21 de enero de 2020, con ocasión de la visita de Delcy Rodríguez a España, había concertada una reunión en el palacete de la calle Conde de Orgaz a la que iban a acudir Ábalos, Aldama y ella, además de Vicente Fernández.

Se sabe que Fernández también fue convocado por Acciona a una reunión para tratar de una obra que debía adjudicar Navantia en Galicia. Y allí estaba Antxon Alonso, socio de Cerdán, que terminó contratándole para Servinabar como especialista en adjudicaciones públicas. Hoy ambos están detenidos.