La imagen recurrente de una mochila siempre preparada –para encadenar contratos, compartir piso o volver al hogar familiar– define a demasiadas personas jóvenes en España y especialmente en Canarias. La emancipación de la juventud se ha convertido en un rito tardío y caro, y el trabajo en un terreno movedizo donde el mérito se bate con la incertidumbre. Los números son obstinados, la edad media para dejar la casa de los padres ronda los 30 años, muy por encima de la media europea, y más de la mitad de los hogares jóvenes vive de alquiler con un considerable sobreesfuerzo económico. Estas cifras no son una anécdota, se recogen en el Informe Juventud en España 2024 y el propio Consejo de la Juventud de España (CJE) lo denuncia.
Esta tardanza en emanciparse no sucede en el vacío, solo el 14,8 % de las personas jóvenes llegó a independizarse en el primer semestre de 2024, el peor registro desde que hay datos. Además, pagar un alquiler individual exigiría, de media, todo el salario joven…, y, aún así, no alcanzaría. Es decir, el mercado residencial no solo retrasa la salida del hogar, la hace inviable sin compartir vivienda o sin ayuda familiar, lo que supone una cronificación del problema y un retroceso que se arrastra desde la crisis financiera de 2008.
El empleo juvenil, que debería ser una rampa hacia la autonomía de la juventud, funciona demasiadas veces como un carril de servicio. Los informes del Ministerio de Trabajo muestran la persistencia de una alta temporalidad y parcialidad entre los menores de 25 años, incluso tras las reformas de los últimos años. Diversos estudios comparados sugieren que la última reforma laboral que entró en vigor en 2022 redujo con fuerza la temporalidad juvenil respecto a 2019, pero aun así las trayectorias siguen segmentadas y precarizadas.
A la persistente precariedad contractual se suma el desempleo crónico. España dejó de ser «farolillo rojo» en paro juvenil, pero continúa con cifras superiores al 25 % en 2025, muy por encima de la media de la UE que está en el entorno del 15 %. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) confirman el desajuste estructural de nuestro mercado de trabajo y el enlentecimiento de algunas transiciones clave.
La escuela y la universidad han multiplicado credenciales, pero el ascensor social sube más despacio y con demasiadas paradas. El panorama de la OCDE señala una expansión de la educación universitaria (52 % entre los 25 a 34 años), con mujeres por delante de los hombres en títulos superiores. Pero también alerta sobre brechas persistentes y sobre la transición compleja hacia el empleo cualificado.
En este ecosistema, la salud mental no es un capítulo aparte, sino una asignatura pendiente. El Informe Juventud en España cuantifica en un incremento en la última década del 590 % en problemas psicológicos en la franja de edad de 15 a 34 años, y que más de un 41 % con alto riesgo de conducta suicida jamás ha acudido a un profesional.
La precariedad juvenil tiene, por tanto, una huella psicosocial medible que no debería despacharse con discursos de «resiliencia» sin prevención, recursos y acompañamiento.
La desigualdad se nota, sobre todo, en el suelo que se pisa. El noveno informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Foessa), dibuja una radiografía cruda en la que 2,5 millones de personas jóvenes en España se encuentran en pobreza o exclusión social, con un malestar generacional que erosiona la confianza institucional.
La actual juventud es la generación inquilina, así el 92 % del salario sirve para costear un piso completo en zonas urbanas, en un abuso inaceptable.
Pero la precariedad de las personas jóvenes no es una condición natural, sino el resultado de decisiones políticas y de un errático diseño institucional que debilita las bases mismas de la democracia. La buena noticia es que hay alternativas, así el Consejo de la Juventud ha propuesto medidas concretas: aplicar con urgencia la Ley por el Derecho a la Vivienda, reservar el 40 % del parque público de vivienda a jóvenes…
Otra necesidad perentoria es apostar por el empleo de calidad. Los informes del Ministerio de Trabajo afirman un avance en la estabilidad contractual, pero el empleo juvenil sigue mostrando mayor temporalidad y parcialidad involuntaria. Por ello, haría falta una orientación vocacional y tecnológica que reduzca el desajuste entre formación y demanda.
Sin salarios dignos, las cuentas no salen. El INE sitúa el salario medio bruto en 2.385,6 euros al mes, pero entre los menores de 25 años la media cae a 1.372,8 euros, señal de que la edad y la antigüedad concentran la mayoría de los salarios altos.
Por su parte, el Banco de España ha insistido en el reto de la productividad y las tensiones de precios que, aunque se han moderado en los últimos meses, siguen afectando a la capacidad de compra.
No se trata de que «los jóvenes no quieran esforzarse», sino de que el esfuerzo rinde menos cuando acecha la cruda realidad: contratos cortos, alquileres altos, transporte caro y ausencia de colchón patrimonial. Los datos de exclusión social y los retrasos en la emancipación desmienten el tópico.
Por eso, si queremos que esta «generación en suspenso» deje de vivir con la maleta bajo la cama, necesitamos un pacto intergeneracional que redistribuya riesgos y oportunidades. Necesitamos vivienda pública en alquiler a gran escala… y participación juvenil real en el diseño de las políticas que les afectan.
A pesar de todo, hay motivos para el optimismo, porque la mejora gradual del paro juvenil y la reducción de la temporalidad tras la última reforma laboral muestran que lo público puede reequilibrar el tablero cuando se lo propone.
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