La aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas vuelve a acaparar la atención judicial y económica. Un registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción, por presunto blanqueo de capitales pone de nuevo bajo los focos el polémico rescate de 53 millones de euros que la compañía recibió del Gobierno en 2021.
Esta operación, la segunda ayuda más abultada en el sector aéreo tras Air Europa con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (gestionado por la SEPI), estuvo envuelta en polémica desde su aprobación.
Un rescate desproporcionado para una aerolínea de nicho
El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 esta inyección de capital para paliar el impacto de la COVID-19. La ayuda se dividió en un préstamo ordinario de 19 millones de euros y un préstamo participativo de 34 millones. Ambos con un plazo máximo de devolución de siete años.
El principal punto de fricción económico fue la desproporción entre la cuantía del rescate y las cifras de la compañía:
- Patrimonio neto: en el momento de la solicitud, el patrimonio neto de Plus Ultra se situaba en torno a 5,8 millones de euros.
- Ratio de ayuda: los 53 millones de euros concedidos supusieron multiplicar este valor por más de nueve veces.
De hecho, múltiples informes, incluyendo periciales aportados a la causa inicial, apuntaban a que la aerolínea incumplía una de las condiciones clave para acceder al Fondo: no estaba en una situación de solvencia previa a la pandemia, sino que ya se encontraba en una situación de crisis.
Vínculos y condiciones de devolución
Para justificar la ayuda, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) argumentó que Plus Ultra era una empresa estratégica que cubría rutas de larga distancia a Latinoamérica (principalmente Ecuador, Perú y Venezuela) y generaba 345 empleos directos.
La controversia se agravó por la composición de su accionariado. Informaciones publicadas indicaban que una parte significativa del capital de Plus Ultra, que algunas fuentes cifraban en torno al 60%, estaba controlada por empresarios de origen venezolano con presuntas conexiones con el régimen.
Como contrapartida al rescate, la SEPI exigió el 100% de las acciones como garantía y una hipoteca sobre sus aeronaves. Además, la aerolínea se benefició de un calendario de pagos flexible: Plus Ultra, al igual que Air Europa, no tiene que iniciar la amortización de la deuda principal hasta el año 2026 en el peor de los casos, aunque ha ido cumpliendo con las cuotas de interés y las primeras amortizaciones del préstamo ordinario.
La actual investigación por presunto blanqueo, sumada a las menciones de la aerolínea en el ‘caso Koldo’ sobre supuestas presiones políticas para que transportara mascarillas, eleva la complejidad de un rescate que ha sido, desde el día uno, un agujero negro de incertidumbre económica y judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
