En junio de 2024 quedó definitivamente aprobado el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado entre grandes dificultades por la oposición de los poderosos lobbies de la industria que rechazan la recuperación de los hábitats naturales degradados. Después de ese hito histórico, ahora es el turno de los diferentes estados, que deben elaborar sus respectivos planes nacionales de restauración para enviarlos a la Comisión Europea. Sin embargo, a ocho meses para que termine el plazo, España parece estar demorando considerablemente su obligación, según han denunciado las entidades conservacionistas.
Este proceso de tramitación “se está viendo lastrado por la opacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la falta de compromiso de varias comunidades, que incluso amenazan con no aplicar la norma en sus territorios”, señala un comunicado de Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima.
Restaurar el 30% de los hábitats degradados para 2030
El Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza establece objetivos jurídicamente vinculantes para recuperar ecosistemas degradados de Europa. Uno de esos objetivos obligatorios es recuperar al menos el 30% de los hábitats en mal estado para el año 2030, restablecer la conectividad de ríos ahora bloqueados por obras artificiales, revertir el declive de los polinizadores y mejorar los espacios verdes urbanos, entre otras metas.
Recuperación del curso de un río en Cataluña / Agència Catalana de l’Aigua
El Plan Nacional que debe presentar España (y el resto de estados) debe definir áreas concretas de actuación, fuentes de financiación y mecanismos de seguimiento para garantizar que dichos objetivos se cumplen.
Sin embargo, estas entidades conservacionistas argumentan que el Ministerio no lleva a cabo una gestión decidida ni transparente, y no genera “las condiciones necesarias para una participación real y fundamentadas”, mientras que algunas comunidades autónomas “no están asumiendo su papel corresponsables en la definición de objetivos y acciones concretas en su territorio”.
“Este bloqueo institucional amenaza con convertir el plan en un trámite vacío, incapaz de responder a la emergencia ecológica”, añade el comunicado, que reclama públicamente la publicación de las actas, documentación y contenidos de las reuniones realizadas, así como la apertura de un diálogo real.
El temor de estas organizaciones consiste en que se llegue al plazo límite de tiempo fijado por el reglamento sin que España haya cumplido con los requisitos exigidos en él, dando al traste con sus metas de restauración.
