Después de más de cinco meses y tras la autocrítica en “primera persona” de Pedro Sánchez por la demora en el procedimiento, la comisión antiacoso del PSOE ya tiene listo el informe sobre las denuncias por acoso sexual contra Francisco Salazar, ex asesor en Moncloa y ex dirigente federal. La secretaria Organización, Rebeca Torró, señalada por algunos sectores feministas del partido como responsable por las fallas en el proceso y hasta de encubrir a Salazar, será la encargada de dar cuenta del expediente este viernes en rueda de prensa desde Ferraz. Lo hará después de que se le dé traslado a las partes en la que será su primera comparecencia desde que fue nombrada en el cargo, para sustituir a Santos Cerdán, el pasado 5 de julio, y cuestionada por haber mantenido un perfil bajo desde que estalló la polémica.
Fuentes de la cúpula ponen en duda de que el siguiente paso sea elevar el informe a la Fiscalía, como han demandado desde las secretarías de igualdad de varias federaciones, pero avanzan que se “va a animar” a las víctimas a denunciar. Con apoyo y ayuda económica si así deciden hacerlo. Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas el sábado durante los actos en el Congreso del 47 aniversario de la Constitución, avanzaba que si las denunciantes deciden dar este paso contarían con todo el respaldo y ayuda del partido. Eso sí, señalaba que por cuestiones legales la decisión de elevar las denuncias a Fiscalía debe contar con el beneplácito de las víctimas.
Lo que también aseguran desde la dirección federal es que tomarán nota de los “errores” para cambiar los procedimientos y evitar que se vuelvan a repetir. Tanto en lo que se refiere a los tiempos, reforzando los recursos humanos de la comisión para evitar demoras innecesarias, como en lo referente al acompañamiento a las víctimas.
“Hemos pecado en pensar solo en lo reglamentario, y se necesita más empatía y sensibilidad”, apuntan las mismas fuentes para concluir también que estas investigaciones “no pueden tardar cinco meses”. «Somos conscientes de que al ser un sistema innovador precisa de mejoras continuas. Por ello, el PSOE no va a escatimar en recursos hasta que este sistema sea óptimo», señalaban ya desde Ferraz tras las críticas internas sin dejar de subrayar que son la primera organización en España que cuenta con este tipo de mecanismos.
La demora en el informe ha provocado, por ejemplo, que Salazar solicitase su baja de militancia antes de culminarse. Hace ahora dos semanas. Una de las principales medidas que puede tomar la dirección es, precisamente, la expulsión del partido de los denunciados en base a los datos recabados. Según los protocolos, el margen de seis meses para elaborar las conclusiones es ampliable, pero la orden desde el pasado lunes fue la de ajustarse a estos tiempos y “culminar el expediente cuanto antes”.
En medio de esta polémica y alentando desde la propia dirección una suerte de ‘me too’ en el PSOE, se han sucedido otros dos casos que se han llevado por delante al presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, y al concejal, diputado provincial y líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro. Desde Ferraz enmarcan esta realidad como resultado de un problema estructural que en lugar de ignorar buscan hacer aflorar y atacar con “tolerancia cero”.
El ‘me too’ se extiende
Lejos de ver las denuncias como un problema, en Ferraz apuntan que la puesta en marcha de estos canales tiene precisamente como objetivo fomentarlas. “Si hay más casos, que se denuncien”, alientan en la cúpula socialista. “El problema no pueden ser las denuncias ni las víctimas”, se revuelven estas mismas fuentes para poner en valor su listón de autoexigencia. «La violencia machista es incompatible con los valores del Partido Socialista. Vamos a seguir actuando con contundencia y protegiendo a las víctimas. Ni ha habido ni habrá impunidad», aseguraba contundente la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de la red social X este miércoles.
El PSOE ha forzado también la suspensión de militancia del último de los acusados, el presidente de la Diputación de Lugo. En tiempo récord, puesto que la denuncia se registró el lunes por la tarde. Tomé dimitió de este cargo la tarde del miércoles, pero no como alcalde del municipio lucense de Monforte de Lemos. Por ello, el PSOE le ha exigido que también deje la Alcaldía, además de entregar su acta como diputado por Lugo.
La dirección federal tomó asimismo la decisión urgente, en coordinación con el PSdeG, de nombrar «de inmediato» una comisión gestora en la provincia de Lugo, que lideraba el acusado. Según las denunciantes, el dimitido presidente de la Diputación de Lugo habría ofrecido puestos de trabajo «a cambio de favores sexuales», enviado mensajes obscenos y subidos de tono, y realizado «tocamientos no autorizados».
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