El Gobierno culmina su compromiso con Junts para impulsar su ley contra la multirreincidencia. La norma podrá elevarse al pleno del Congreso para su aprobación el próximo mes de febrero. El dictamen de la ley, que endurecerá el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha cerrado este miércoles en la comisión de Justicia con los votos a favor, además de PSOE y Junts, de PP, Vox y PNV. ERC se ha abstenido, mientras que Sumar, EH Bildu y Podemos se han posicionado en contra. Los socialistas han basculado así hacia el arco de las derechas y en contra de las izquierdas para cumplir con los de Carles Puigdemont.
Si desde Moncloa todavía confían en reconducir la relación con los posconvergentes, para Junts este gesto nada tiene que ver con un nuevo acuerdo, sino con «cobrar» una factura pendiente. Esta misma semana, el secretario general de Junts, Jordi Turull, hablaba de legislatura «fallida» y reiteraba su rechazo a retomar negociaciones con los socialistas.
La ley para atajar la multirreincidencia fue una de las iniciativas que Carles Puigdemont incluyó en su lista de agravios para justificar la ruptura con el Gobierno. Esta iniciativa, con el foco puesto en la inseguridad ciudadana, es crucial para Junts en un contexto de avance en las encuestas de Aliança Catalana. Un nuevo competidor electoral dentro del campo independentista, con una agenda ultraderechista, que preocupa a los alcaldes de la formación independentista.
Acuerdos anteriores
El paso adelante de este miércoles se produce después de que la pasada semana, durante el trámite en ponencia, se cerrara un pacto a tres bandas entre PSOE, Junts y PP para cerrar el grueso de la norma. Por un lado, populares y posconvergentes alcanzaron un acuerdo para introducir cuatro enmiendas en la norma, las cuales recibieron el visto bueno del PSOE. Por otro, los socialistas firmaron otras dos modificaciones con los de Carles Puigdemont. Además, fue ahí cuando se acordó que la norma se lleve al primer pleno de 2026, ya en febrero, para su aprobación.
Tras estos cambios, la proposición de ley plantea la modificación del artículo 234.2 del Código Penal para imponer pena de prisión de 6 a 18 meses a aquellos que acumulen tres condenas por hurto leve, sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, como se recoge actualmente. Por otro lado, la multirreincidencia que agrava el hurto pasa a contarse solo con antecedentes menos graves o graves, excluyendo los leves, ya recogidos con el anterior cambio. Además, otras de las modificaciones pactadas establece la misma dinámica para los delitos de estafa, algo planteado por el PP. En el mismo sentido, se modifica el artículo 22 del CP para incluir los hurtos leves como agravante.
Una de las novedades más relevantes es que se establece la pena de prisión de uno a tres años (hurto agravado) si los objetos sustraídos son móviles o similares. Tras las enmiendas acordadas la pasada semana se deja fuera de este último apartado los dispositivos que se encuentren a la venta o exposición en establecimientos comerciales. Por último, otras enmiendas establecen como delito el ‘petaqueo’, el suministro de gasolina a las narcolanchas, o plantean la posibilidad de imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio cuando se investigue un delito a fin de proteger a la víctima.
La tramitación
Con el visto bueno de PP, PSOE, Junts y PNV y la abstención de ERC de este jueves, la ley cuenta con un respaldo más que suficiente para ser aprobada en el primer pleno de febrero. Después, la norma se enviará al Senado, donde los populares podrían introducir las modificaciones que deseen gracias a su mayoría absoluta. No obstante, tras cerrar un acuerdo en el Congreso, todo hace suponer que respetarán el actual texto y lo aprobarán para enviarlo directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que a principios de mayo podría estar vigente la norma.
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