El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una medida que permitirá movilizar fondos a ayuntamientos y comunidades autónomas tras años de bloqueo por la conocida como «regla de gasto», aprobada el 2012 con el presidente Mariano Rajoy en la Moncloa, desactivada durante los años más duros de la covid y recuperada en 2023 para frenar el endeudamiento institucional de las administraciones.
La nueva iniciativa no anula la anterior. En concreto, autoriza el uso en ayuntamientos del superávit (si lo hay) de 2024 para inversiones financieramente sostenibles en lo que queda de 2025 y en los dos años siguientes, 2026 y 2027, año marcado por las elecciones municipales y, en casos, las autonómicas. Este concepto, el de «inversiones financieramente sostenibles», hace referencia a proyectos recogidos en programas presupuestarios de alcantarillado, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, transportes, asistencia social, centros docentes, vivienda y otros ámbitos sin que afecten al equilibrio presupuestario ni comprometan partidas de ejercicios posteriores. Son, en definitiva, cuestiones «esenciales», según el Estado.
Esta decisión permitirá, según cálculos de los principales ayuntamientos de la provincia, disponer en total de unos 80 millones de euros «extra» para invertir en los próximos dos años.
La medida, según expertos consultados por INFORMACIÓN, sirve como «válvula de escape» para unos ayuntamientos «que amontonan dinero en los bancos» porque no lo pueden gastar, debido a una regla de gasto que «se mantendrá» por ser «un compromiso de todos los países de la Unión Europea para cumplir objetivos de déficit y de estabilidad presupuestaria». Excepciones como la medida anunciada son generalmente bienvenidas, aunque no son fuente de consenso.
Fundamentalmente, porque lo que muchos alcaldes piden es que se active el uso de remanentes, es decir, el dinero acumulado de partidas previstas en el presupuesto que no se han ejecutado y que constituyen la mayor parte de los fondos de los ayuntamientos, paralizados por la citada regla de gasto. El superávit, en este caso el de 2024, es la diferencia entre ingresos y gastos en el ejercicio presupuestario, por lo que los ayuntamientos con déficit no se beneficiarán de la medida.
Los ayuntamientos aplauden o critican la medida independientemente del color político. Y es que la medida permitirá activar inversiones en periodo preelectoral, ya que las elecciones municipales se celebrarán en mayo de 2027.
En condiciones normales Torrevieja podría disponer de 125 millones de euros en los próximos ejercicios para inversiones financieramente sostenibles
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP en minoría, asegura que podrá disponer de 5,6 millones de euros más en los próximos dos años para ejecutar nuevos proyectos, según la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, después de haber realizado una modificación de créditos para amortizar de forma voluntaria y anticipada un total de 24 millones de euros, extraídos del superávit, con el objetivo de reducir deuda bancaria tras la petición de préstamos cuestionada por Intervención.
En Torrevieja, ciudad gobernada por el PP con mayoría absoluta, el ejercicio pasado cerró con 9 millones de euros de superávit, aunque el total que se generó en remanente fue de 43,5 millones de euros. Con esta cifra, «en condiciones normales Torrevieja podría disponer de 125 millones de euros en los próximos ejercicios para inversiones financieramente sostenibles», dice el concejal de Hacienda, Domingo Paredes. Sin embargo, «ese dinero está hoy paralizado», señala, y considera que «el gran fallo de esta medida es que llega tarde: en diciembre es técnicamente imposible tramitar una modificación de crédito», dice antes de concluir que «el Gobierno no ha tenido en cuenta los plazos reales de la administración local».
El Gobierno de España ha hecho un titular fake: este anuncio llega a punto de acabar 2025 y sobre el superávit de 2024, por lo que lo lógico es que los ayuntamientos hayan gastado ese dinero en amortizar préstamos
Según datos del Ayuntamiento de Orihuela, donde gobiernan el PP y Vox, los fondos disponibles para este tipo de inversiones serán 22 millones de euros después de un superávit de 47 millones, a lo que restan el pago de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto y a la amortización anticipada del préstamo. En Benidorm, con mayoría absoluta del PP, su alcalde, Toni Pérez, recuerda que su exigencia es «que liberen el uso de remanentes que arrojen las cuentas de 2025», y apunta que cerraron el 2024 con superávit «de unos 20 millones de euros que se implementaron en atender deuda bancaria, que es la obligación legal del superávit».
25 millones de diferencia
Muchos alcaldes recuerdan que los fondos del superávit de una anualidad se dedican prioritariamente a cubrir deuda y a amortizaciones de préstamo. En este sentido, y a modo de ejemplo, Orihuela podrá destinar de su superávit de 2024 un total de 22 millones de euros, cuando su superávit fue de 47 millones, pero el primer destino de esta cantidad, informan, es para pago de obligaciones (6,3 millones) y también se ha destinado una parte a amortización anticipada de préstamo (18,7 millones)
El también presidente de la Diputación de Alicante considera que, con la medida aprobada, «el Gobierno de España ha hecho un titular fake y tramposo hacia los ayuntamientos», ya que «este anuncio llega a punto de acabar 2025 y sobre el superávit de 2024, por lo que lo lógico es que los ayuntamientos hayan gastado ese dinero en amortizar préstamos: nadie quiere incumplir la ley, y lo que debería de haberse activado es esta exención a principios del 2025». También aporta que del remanente, solo de 2024, que es de 20 millones de euros «después de haber amortizado el superávit por ley, restan 15 millones de euros que este decreto no habilita a invertir o gastar sin poner en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales», impidiendo a ayuntamientos que han «cumplido diligentemente con la ley a beneficiarse de esta exención», como por ejemplo Benidorm, que «después de haber heredado una deuda de 95 millones de euros en 2015», cuando Pérez accedió a la Alcaldía, «en 2023 ya estaba amortizada y a cero».
Menos de 70.000 habitantes
En San Vicente del Raspeig, municipio gobernado por el PP y Vox, el superávit del último curso fue de 2 millones y su alcalde, Pachi Pascual, valora «positivamente cualquier medida que permita a los municipios tener más autonomía en el gasto, algo que han reclamado todos los ayuntamientos para poder llevar a cabo inversiones». Además, propone también «que las medidas aprobadas permitan incorporar remanentes para inversiones financieramente sostenibles en los próximos ejercicios sin incumplir la regla de gasto».
Cualquier medida que permita a los municipios tener más autonomía en el gasto es positiva
Más al interior, en Alcoy, ciudad gobernada por el PSOE y Compromís, también celebran la aprobación de esta medida, que consideran «positiva» porque «facilita que los ayuntamientos puedan activar recursos paralizados y destinarlos a inversiones que beneficien a la población». La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, afirma que la medida no les afecta: «No contamos con remanentes debido a los recursos que hemos movilizado y que nos permiten hablar de alrededor de 40 millones de euros invertidos en los últimos tres años, gracias principalmente a la obtención de fondos europeos».
También gobiernan estos dos partidos en el Ayuntamiento de Dénia, donde el concejal de Hacienda, Paco Roselló, calcula que podrán gastar «unos 5 millones» de los 30 que tienen de remanentes con esta medida del Gobierno central, que considera que «ha llegado tarde».
Entre 30.000 y 40.000 vecinos
La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, del PP, se expresa en términos similares. «La medida es oportuna porque beneficia a ayuntamientos que generamos superávit y acumulamos ahorros, pero se debería haber aplicado antes», asegura. También apunta que en su caso sí que pueden gastar remanentes, ya que «cumplen» con la estabilidad presupuestaria. Su concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, pronostica que con la medida «se podrán hacer inversiones importantes que podrán superar los 30 millones».
Su homólogo en la Vila Joiosa, Paco Pérez Buigues, también del PP, lamenta que el superávit de 3,7 millones no lo podrán utilizar en su totalidad porque «la medida llega tarde y no hay tiempo para planificar tanto como se debería». Aun así, reconoce que la iniciativa del Consejo de Ministros «es acertada, pero no es lo que se pide».
Con esta medida, que llega tarde, podremos gastar unos 5 millones de los 30 que tenemos en remanentes
Desde la crítica se expresa, también, la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, del PP, que aunque afirma que la medida «alivia» a los ayuntamientos «es insuficiente, porque el principal problema es el gasto corriente, de mantenimiento, de mejoras de servicios o alternativas de ocio o cultura para la población», por eso reclama «contar con los ahorros y tener autonomía para decidir sobre los gastos según las necesidades».
Lo deseable hubiera sido que la medida anunciada se hiciera extensible a otras anualidades con algunas medidas de control o correctiva en cuanto a cantidad
El remanente en tesorería en esta localidad es de 8,7 millones, pero aún no han calculado la cantidad que podrán aportar en inversiones financieramente sostenibles.
Ayuntamientos con déficit
Hay casos, sin embargo, en los que los ayuntamientos no podrían beneficiarse de esta medida por haber incurrido en déficit en la anualidad presupuestaria de 2024. Un caso es el de Elche, la segunda localidad más poblada de la provincia y la tercera de la Comunidad, donde el gobierno de PP y Vox cerró la anualidad con pérdidas de 8,5 millones de euros y sobrepasando la regla de gasto en 21 millones de euros, obligando a diseñar un «plan de ajuste».
En Villena, donde gobierna el PSOE con Los Verdes, cerraron 2024 con un déficit de 2 millones de euros mientras tienen 17 millones en remanentes «sometidos al bloqueo que establece la norma». Según el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, «lo deseable hubiera sido que la medida anunciada se hiciera extensible a otras anualidades con algunas medidas de control o correctiva en cuanto a cantidad». Aun así, desde su punto de vista «la decisión es muy positiva», ya que «facilita la vida ordinaria de los municipios, especialmente cuando hay liquidez que, si no es utilizada, no reporta ningún beneficio ni servicio ciudadano alguno».
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