Semana negra en la relación entre el Gobierno de Canarias y el Estado. Las críticas del Ejecutivo autonómico a la gestión del anterior Gobierno del pacto de las flores han abierto una secuencia de desencuentros que el PSOE ha respondido negando cualquier irregularidad y defendiendo la continuidad de los proyectos heredados. Las diferencias sobre el trato dado a las Islas en la demanda del ‘decreto Canarias’ mientras se acepta el de los catalanes de Junts, las triquiñuelas del Estado en las ayudas a La Palma, el reparto de las subvenciones covid sin justificar, la distribución de menores migrantes o la exclusión del Archipiélago de la cumbre con Marruecos han derivado en un fuego cruzado político que anticipa una dura campaña. En ese horizonte preelectoral, Fernando Clavijo (CC) y Ángel Víctor Torres (PSOE) se perfilan previsiblemente de nuevo como los principales contendientes por la Presidencia del Gobierno en 2027, con Manuel Domínguez (PP) también en liza.
El contraste entre la rapidez con la que el Gobierno central intenta cerrar sus acuerdos con Junts –con siete votos en el Congreso– y la lentitud con la que avanza el cumplimiento de los compromisos con Canarias ha vuelto a tensar la relación institucional. Desde el Ejecutivo autonómico se lamenta que los asuntos pendientes del Archipiélago no reciban la misma atención que los pactados con la formación catalana, pese a que algunos fueron suscritos por el propio PSOE y el PP en etapas anteriores.
En una línea similar, la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, reclama que el ‘decreto Canarias’ tenga el mismo rango de prioridad. Las demandas del Archipiélago están en negociación para ser aprobadas mediante un real decreto ley, dada la inestabilidad del Gobierno y la ausencia de presupuestos estatales. Valido advierte de que el ‘decreto Canarias’ debe cerrarse antes del inicio del próximo periodo de sesiones, en febrero, o el partido revisará su posición parlamentaria; es decir, condicionará su voto en el Congreso, donde el Gobierno las pasa canutas para obtener mayorías en medio de los casos de corrupción.
Fernando Clavijo ha sido muy directo en su análisis sobre la situación política del país: «Las cosas empiezan a ponerse feas en España, con un Ejecutivo que gobierna sin el apoyo del Legislativo y un continuo cuestionamiento del Poder Judicial». A su juicio, «esta legislatura no es una legislatura al uso, sin presupuestos, con un ambiente de crispación y tensión en las Cámaras sin precedentes». Clavijo, por tanto, ha recomendado a Pedro Sánchez que, «en vez de sacar pecho, pida perdón y convoque elecciones o una moción de confianza».
El real decreto ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para permitir a comunidades y ayuntamientos usar su superávit ha sido recibido en Canarias como una nueva muestra del trato desigual del Estado hacia las Islas. La medida, impulsada también para asegurar los apoyos de Junts en el Congreso, ha provocado malestar en el Ejecutivo autonómico, que denuncia una doble penalización. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, expresó su «perplejidad» al recordar que, mientras el resto de autonomías podrá destinar el 100% de su superávit a inversiones sostenibles, Canarias solo podrá usar el 30%, ya que el 70% restante debe emplearse en la reconstrucción de La Palma. Hace apenas una semana, el Gobierno central había autorizado al Ejecutivo autonómico a usar su propio remanente para ese fin, pese a que aún le debía 100 millones comprometidos. «Aceptamos como mal menor poner nosotros el dinero, pero ahora comprobamos que otro decreto nos deja solo con 44 millones para invertir, cuando el resto de comunidades puede usar la totalidad de su superávit», criticó.
El debate sobre las ayudas covid ha reabierto otro frente entre el Gobierno actual y el anterior. Durante la pasada legislatura, la Consejería de Economía –entonces dirigida por Elena Máñez (PSOE)– gestionó 1.231 millones de euros en subvenciones a empresas canarias para afrontar los efectos de la pandemia. Cuatro años después, el Ejecutivo de Fernando Clavijo afronta las consecuencias de esa gestión, con 3.000 expedientes abiertos por fondos no justificados y la exigencia de la Unión Europea de reembolsar 100 millones antes de agosto de 2026. Elena Máñez replicó al vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, que «mezcla dos cuestiones distintas» y defendió que el anterior Ejecutivo «dejó resuelto con el Estado el mecanismo para pagar las ayudas judiciales y cumplir la legalidad con rapidez y transparencia».
A la tensión económica se suma la fricción diplomática abierta por la nueva cumbre bilateral entre España y Marruecos, celebrada en Madrid el pasado jueves sin presencia de Canarias, pese a las reiteradas peticiones del Ejecutivo autonómico para participar, al menos como oyente. Se rechazó su presencia, y la ausencia se saldó con una llamada del ministro José Manuel Albares a Fernando Clavijo, en la que el titular de Exteriores aseguró que en la reunión «no se habló de Canarias». Una explicación que ha causado estupor en el Gobierno autonómico y en CC, que consideran incomprensible que se excluya al Archipiélago de un encuentro en el que Pedro Sánchez reiteró su apoyo al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, en un contexto en el que Canarias, como territorio fronterizo, se ve directamente afectada por la delimitación de aguas, la gestión del espacio aéreo y los flujos migratorios.
Precisamente en materia de inmigración, los desencuentros entre Canarias y el Estado son constantes. El Gobierno autonómico acusa a Madrid de ralentizar la derivación de menores migrantes no acompañados, no solo de aquellos que solicitan asilo, sino también de los que llegan a las Islas y que deberían ser trasladados en un plazo de 15 días. Para mayor ironía, uno de los jóvenes ya derivados a la Península ha tenido que regresar a Canarias tras denegársele la solicitud de asilo, un precedente que el Ejecutivo regional teme que se repita y agrave la saturación del sistema de acogida.
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