La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles a cuatro personas acusadas de estafar supuestamente a un vecino de Ribeira para quedarse con una finca ubicada en Boiro.
Según el escrito fiscal, dos de los acusados (un matrimonio) aprovecharon los problemas de alcoholismo de la víctima para que esta firmase un contrato de compraventa de la parcela mencionada, la cual había heredado de su padres y que no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad.
En concreto, estos dos acusados le presentaron el contrato redactado y estipulando como precio de compra la cantidad de 90.000 euros, haciendo constar en el mismo «que los compradores entregan en este acto en billetes de curso legal». Sin embargo, nunca se le pagó al tal cantidad y le entregaron en ese acto ocho euros.
«Lo cierto es que los acusados carecían de capacidad económica para asumir la compra de tal inmueble, el cual nunca tuvieron intención de pagar ni de habitar, sino que esta acción obedecía a una maniobra fraudulenta», recoge el Ministerio Fiscal.
Asimismo, explica que se trata de una acción «orquestada de común y previo acuerdo» con otros dos acusados: un primo de la víctima y un dueño de una inmobiliaria.
En este contexto, y 16 días después del primer contrato, elaboraron un segundo contrato de compraventa con la cantidad de 5.000 euros como precio, cantidad que tampoco fue entregada. Además, su firma fue conseguida «aprovechándose de su estado de embriaguez«.
Con estas operaciones, los acusado «crearon» un título nuevo para conseguir la inmatriculación de la finca en el Registro de la Propiedad a nombre de una tercera persona, para lo que realizaron un tercer contrato de compraventa a favor de una empresa domiciliada en Madrid, por 6.000 euros.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal pide a cada uno de los acusados una pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y la pena de 9 meses de multa, con cuota diaria de 7 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. También pide la indemnización conjunta a la víctima por un valor de 6.000 euros.
