La ingeniera y especialista en gestión de residuos del Ayuntamiento de Orihuela aseguró este viernes en una nueva vista oral del juicio que se sigue contra varios empresarios de la familia Fenoll por el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basura distribuidos en medio millón de metros cuadrados de fincas agrícolas de La Murada que, a su juicio, esos residuos, acumulados entre 2005 y 2011, son peligrosos y suponen un riesgo para el medio ambiente y deberían de ser retirados. Además señaló que la presencia de lixiviados y residuos aunque más difusa tras quince años es evidente hoy día en las mismas fincas.
La Audiencia Provincial con sede en Elche juzga a tres miembros de la familia Fenoll, a quienes junto a dos empresarios y un exconcejal del PP se les acusa de un delito continuado contra el medioambiente. El Ministerio Fiscal pide siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas, y cinco años para el resto de acusados: el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll; su hermano Francisco Fenoll Pérez y su sobrino Ángel Javier Fenoll Pastor que, según la acusación pública, eran los encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones de basura y de señalar los puntos de excavación. También se piden cinco años para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, quien supuestamente se ocupaba a su vez de coordinar las descargas, y para el empresario que realizaba el movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera López. El empresario oriolano Ángel Fenoll, principal investigado en la causa, gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos, no es juzgado por incapacidad por enfermedad. El juzgado sobreseyó su investigación hace un año.
Una de las acumulaciones de lixiviados provocadas por el enterramiento ilegal de basuras en fincas agrícolas de La Murada / INFORMACIÓN
Competencias
La funcionaria a preguntas del Fiscal Anticorrupción, acusación que mantiene el Ayuntamiento a cargo del letrado Federico Ros y las defensas señaló que el Ayuntamiento, que contrató a un ecotoxicólogo externo para analizar los residuos extraídos en varias catas, remitió a todas las administraciones informes sobre su ubicación, volumen y el hecho de que podían afectar al medio ambiente. «El Ayuntamiento de Orihuela tiene unas competencias determinadas e hizo lo que podía hacer como Ayuntamiento en aquel momento», señaló, cuando fue preguntada sobre si el municipio había adoptado medidas concretas.
En el sumario figura una petición municipal a esos organismos para que se paralizara cualquier tipo de producción sobre los suelos contaminados. Solo la CHS mantiene esa prohibición sobre una de ellas. Unas 50 hectáreas situadas junto al antiguo vertedero, en Los Vives, de las más de quinientas afectadas. El resto está en producción regadas con agua del trasvase Tajo-Segura.
Exportación y Global Gap
José Manuel Lozano Lloret, agricultor de Cox que compró quince hectáreas de suelos contaminados por la basura en La Murada, aseguró en su declaración como testigo que nunca supo que se habían enterrado miles de toneladas de residuos en esas tierras y aseguró que durante 16 años y hasta que vendió en 2022 la parcela a una empresa murciana de producción intensiva de cítricos, siempre pudo vender la producción de naranjas y limones con los sellos de calidad que exige el sector para la exportación, entre ellos el Global Gap, que es un estándar de certificación internacional para la producción agrícola que garantiza la inocuidad alimentaria y la sostenibilidad de los productos a exportar y supuestamente aseguran la calidad, la seguridad y el respeto por el medio ambiente.
El relato de este testigo entró en contradicción cuando señaló que no había estado presente en las catas llevadas a cabo por la Guardia Civil para hallar los restos enterrados y a petición del Fiscal Anticorrupción se le mostró el acta de la intervención con su firma en la que se demostraba que sí estuvo presente.
Reiteró en varias ocasiones a preguntas de las defensas, especialmente incisiva la que ejerce el letrado Manuel Almarcha, que nunca vio residuos ni notó que la parcela oliera a basura o que hubiera presencia de lixiviados -dijo sobre estos residuos tóxicos que podrían ser el drenaje natural de las fincas-.
Sí recordó con bastante más claridad, y sin que le preguntaran, que la Guardia Civil no le abonó, pese a comprometerse a ello, los daños por la retirada de los limoneros para realizar las catas. Aseguró que los productores están sometidos a constantes controles del terreno y el agua, también por parte de la Conselleria de Agricultura y que nunca durante estos 16 años los análisis han presentado problemas ni se le han impuesto limitaciones al cultivo.
Monserrate Guillén
Por su parte, quien fuera alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén en el mandato 2011-2015, señaló que tuvo constancia por escrito de las denuncias de los vecinos solo un mes después de asumir la alcaldía y estuvo presente en los trabajos de cata y decidió a su vez recabar información y llevar a los hechos ante la Fiscalía, como hizo. Reiteró como han hecho a lo largo del juicio la mayor parte de los testigos y todos los policías nacionales y guardias civiles que intervinieron en la investigación el impacto que le produjo la presencia en los bancales agrícolas de Los Rubira, Los Vives, Los Randeros y Rambla Salada de residuos no solo domésticos, también vidrio, plásticos, baterías, pilas, y sobre todo biosanitarios como jeringuillas, medicamentos usados e incluso radiografías. Uno de los testigos, quien fuera pedáneo de La Murada en 2011, llegó a señalar la presencia de bolsas de sangre usadas.
Además del olor nauseabundo que desprendían las tierras y la presencia constante de lixiviados resultantes de la descomposición de las basuras. Una de las defensas insistió en relacionar a Guillén con la Policía Local cuyo testimonio ha sido clave para sostener el procedimiento porque junto a otro agente fue testigo directo de uno de los enterramientos masivos, con presencia de buena parte de los acusados sobre el terreno. Ambos formaban parte de la misma asociación de Vecinos de Torremendo, muy activa en esta pedanía oriolana -todavía hoy también- en contra de la instalación de vertederos.
Restos de material sanitario y otros residuos esparcidos en la superficie de un bancal de cítricos cerca de la Rambla Salada de La Murada / TONY SEVILLA
Alarma social
Por su parte, Alfredo Sigüenza, que fue presidente de la Asociación de Vecinos Asojoven, indicó que este colectivo se creo en 2003 para reclamar mejores servicios públicos para la que es la principal pedanía en población de Orihuela, pero pronto la actividad del vertedero y los enterramientos se convirtieron en el principal foco de su actividad de denuncia, especialmente cuando un vaso del vertedero de Proambiente se vino abajo en 2004 matando a un operario.
Señaló que se realizaron varias denuncias por escrito a distintos organismos aunque finalmente solo se comenzó a investigar cuando los investigadores de la UDEF de la Policía Nacional en el caso Brugal se encontraron en sus intervenciones telefónicas con las conversaciones de los acusados en los que reconocían las prácticas ilegales, y después tras la denuncia de la Fiscalía. Sigüenza señaló que la preocupación en La Murada por el impacto ambiental del vertedero y los enterramientos era muy grande y movilizó hasta 3.000 personas en varias manifestaciones. También señaló que trabaja en la potabilizadora de Torrealta de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y que los empleados de esta planta tuvieron que alertar en varias ocasiones al Seprona porque el aire era irrespirable. De hecho toda la plantilla firmó un escrito mostrando su preocupación por el impacto de los enterramientos puesto que una de las parcelas en las que se realizaba de forma masiva se encontraba a escasos dos kilómetros de la potabilizadora.
Abogacía
La abogacía de la Generalitat, que se ha presentado a este juicio con cuatro letrados distintos desde que comenzaran las sesiones apenas interviene en los interrogatorios a los testigos. La Administración autonómica es la que deberá responder de forma subsidiaria por el coste -millonario- de la limpieza de los terrenos. En caso de condena los empresarios presumiblemente se declararán insolventes.
Un vertedero lleno y un eliminación rentable
El objetivo de los acusados de delito ambiental a los que se les pide hasta 7 años de cárcel, según la Fiscalía Anticorrupción, era doble: de una parte evitar la colmatación de los vasos de vertido del cercano vertedero de Proambiente, propiedad de los Fenoll, que estaban próximos a colapsar, y simultáneamente, obtener un importante margen de beneficios por tonelada de basura eliminada al prescindir de cualquier tratamiento previo.
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