La principal razón por la que el Estado impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) los Presupuestos de Canarias de 2025 en lo referente a los puertos deportivos fue la inclusión, en la disposición final octava, de un apartado que permite prorrogar o mantener concesiones ya caducadas, algo que –indican fuentes del Ministerio de Política Territorial– carece de cobertura legal.
Según el Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo de Fernando Clavijo introdujo ese nuevo apartado sobre las concesiones ya vencidas, lo que es completamente «ilegal». La medida, sostiene, nunca formó parte de los acuerdos anteriores entre el Estado y Canarias.
Dictamen del Consejo
Antes de recurrir al TC, el 24 de septiembre, los servicios jurídicos del Gobierno central remitieron al Ejecutivo canario una propuesta de acuerdo, pero, según las fuentes ministeriales, desde Canarias se aferraron a un «imposible legal».
«Ante la gravedad de que el Gobierno de Canarias pretendiera apartarse de la legislación estatal para la prórroga de las concesiones, e incluso prorrogar concesiones vencidas», el Gobierno central solicitó dictamen al Consejo de Estado, añaden.
Canarias aceptó las observaciones sobre otras dos cuestiones inconstitucionales –plazos e inversión en los muelles deportivos–, indican desde el Ministerio, pero se negó a retirar la referencia a las concesiones vencidas, porque ello conllevaría indemnizaciones.
Esa posición llevó al Consejo de Estado a declarar ilegal el conjunto de la disposición y a recomendar su impugnación completa.
Suspensión cautelar
El Consejo de Ministros del 30 de septiembre aprobó el recurso, posteriormente admitido a trámite por el TC, que decretó la suspensión cautelar de los artículos afectados de los puertos deportivos.
El Ministerio considera que ese punto es el principal problema del conflicto y subraya que el Estado no puede avalar la prórroga de concesiones ya extinguidas.
No obstante, al recurrir ese asunto, también incluyó las otros dos puntos recogidos en la disposición final octava: las condiciones de inversión y los plazos de ejecución para las prórrogas de las concesiones portuarias.
Sostiene el Ministerio que la ley de Presupuestos canarios propone una inversión mínima del 20% del valor actualizado de la inversión inicial y un plazo de ejecución de hasta seis años para las concesiones, mientras que la norma estatal fija una inversión del 50% y un plazo de seis meses.
Acuerdo previo
Llevar al TC esos dos puntos resulta paradójico, porque fueron aprobados por el propio Gobierno canario anterior, presidido por Ángel Víctor Torres, y ratificados en la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias–Estado del 27 de julio de 2022, publicada en el BOE el 2 de enero de 2023. Pese a ello, están recurridos también ante el Constitucional.
Negociaciones abiertas
El Gobierno de Canarias, por su parte, sostiene que el recurso fue presentado con las negociaciones aún abiertas y que el Ejecutivo regional estaba dispuesto a asumir las modificaciones sobre los plazos, las inversiones e incluso sobre las concesiones, pero que advirtió al Ministerio de que su eliminación total podría conllevar indemnizaciones millonarias por concesiones ya otorgadas.
Según la versión del Gobierno canario, fue en ese punto cuando el Ministerio «dio un portazo sin previo aviso» y decidió presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
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