Mallorca se enfrenta a la amenaza de un nuevo proyecto de construcción de una planta de baterías de litio en suelo rústico que en esta ocasión afecta a una zona declarada como Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en el municipio de Andratx, concretamente en el Pla de Son Forners. El GOB ha anunciado este viernes su oposición frontal a esta iniciativa privada y la presentación de una serie de alegaciones contra este macroproyecto que agrupa a 19 subproyectos de baterías de ión de litio que, con una capacidad global de 241 Mwh, es una de las instalaciones de almacenaje eléctrico “más grandes de las islas”, según el grupo ecologista.
La entidad conservacionista ha advertido que el proyecto consiste en una “única infraestructura funcional” que ha sido presentada como si fuesen “múltiples proyectos independientes”, lo que el GOB considera un “fraccionamiento artificial” que tendría el objetivo de “rebajar aparentemente el impacto y el nivel de exigencia ambiental y urbanística”.
En las alegaciones que ha presentado, el GOB argumenta que, a pesar de compartir la misma parcela, las infraestructuras y el punto de conexión, el proyecto se ha fragmentado en 19 piezas diferentes para “evitar una evaluación ambiental ordinaria completa”. La entidad ecologista añade que el Estudio de Impacto Ambiental “no analiza los efectos acumultativos ni sinérgicos” a pesar de la “magnitud extraordinaria” de la instalación.
Por otra parte, denuncia la “ausencia total de planificación energética y territorial”, ya que actualmente “no existe ningún instrumento de planificación en las Islas que establezca criterios de ubicación, densidades o zonas aptas para instalaciones BESS de gran escala”. “El proyecto es, por tanto, una iniciativa privada desligada de cualquier estrategia pública global”, añade el GOB.
A su entender, la ubicación proyectada es “incompatible” con el proyecto porque ocupa una amplia superficie de suelo rústico protegido (ARIP), “donde los usos industriales y energéticos sólo pueden autorizarse con declaración de Interés General e informe municipal favorable”, trámites que, según subraya la entidad, no figuran en el expediente.
En cuanto al análisis de alternativas, el GOB lo considera “insuficiente y sesgado”, ya que descarta alternativas en suelo industrial por “motivos estrictamente económicos y no ambientales”, y añade que la opción elegida “estaba predeterminada” ya que “no se han estudiado otras localizaciones menos sensibles”.
Riesgos ambientales
Además, el GOB alega la existencia de riesgos ambientales y de seguridad “mal evaluados”. “Las instalaciones de baterías de ion de litio presentan riesgos conocidos de incendio y thermal runaway (embalamiento térmico)”, recuerda la organización ecologista, que añade que este proyecto “no incorpora un estudio de riesgos a la altura de la magnitud prevista, ni protocolos de emergencia adecuados, ni referencias a normativas internacionales de seguridad, ni una gestión correcta de los residuos peligrosos asociados”.
Respecto a la biodiversidad y avifauna de la zona, los inventarios “son superficiales”, ya que “el estudio solo incluye una relación genérica de especies, sin trabajo de campo ni muestreos estacionales, aunque se encuentra en una zona catalogada como área de sensibilidad para la avifauna”.
Por otra parte, el suelo ARIP “tiene como principal función preservar la actividad agraria y el paisaje rural”, mientras que esta instalación “supone una transformación permanente del suelo rústico protegido”.
Otros motivos de rechazo por parte del GOB son el “aporte climático hinchado” por parte de la promotora, cuyos cálculos de ahorro de CO2 “carecen de base real” y el impacto climático positivo “es muy inferior al que se afirma”, así como el “mínimo impacto en empleo y tejido industrial” emparejado al proyecto, que “solo generaría 4 puestos de trabajo permanentes, un volumen incompatible con la declaración de Proyecto Industrial Estratégico que solicita el promotor”.
Por todo ello, el GOB reclama que “no se admita el fraccionamiento y que el conjunto se trate como un único macroproyecto”, así como la “inadmisión del proyecto por incompatibilidad territorial y por una EIA incompleta” y la “suspensión de la tramitación de grandes instalaciones de almacenamiento mientras no exista una planificación energética y territorial específica”. También insta a no conceder a esta macroinstalación la condición de Proyecto Industrial Estratégico al “no cumplir los requisitos de la Ley 14/2019”.
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