Las claves
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El periódico New York Times demandó este jueves al Departamento de Guerra de Estados Unidos, al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, por violar derechos constitucionales de los periodistas como la libertad de expresión y la de prensa al imponer un conjunto de nuevas restricciones a la información sobre el Ejército.
En la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU en Washington, The Times argumenta que la nueva política del Departamento de Guerra viola la Primera Enmienda. «Busca restringir la capacidad de los periodistas de hacer lo que los periodistas siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del Gobierno y reunir información para informar historias que llevan al público más allá de los pronunciamientos oficiales».
La nueva política de prensa, promulgada el mes pasado, exige que los periodistas firmen un formulario de 21 páginas que establece restricciones a las actividades periodísticas, incluyendo solicitudes de información para reportajes y consultas a fuentes del Pentágono.
Los periodistas que no cumplan podrían perder sus acreditaciones de prensa, y el Pentágono se ha otorgado «plena discreción» para aplicar la política como considere oportuno, según recoge la demanda.
New York Times cuestiona varias disposiciones de esta nueva política, incluyendo una que faculta al Pentágono a considerar a un periodista como un riesgo para la seguridad. Dicha determinación podría depender, entre otras consideraciones, de si el periodista divulgó información clasificada o no clasificada sin autorización.
En su denuncia, el Times alega que esta política «viola los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso» y que, si se permite que siga vigente, «privará al público de información vital sobre el ejército de Estados Unidos y sus líderes».
«Esta política es un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al Gobierno, en violación del derecho de la prensa libre a buscar información bajo sus derechos de la Primera y la Quinta Enmienda protegidos por la Constitución», afirmó el portavoz del New York Times , Charlie Stadtlander, en un comunicado.
El New York Times solicita una orden judicial que suspenda la aplicación de estas normas y que se declaren ilegales las disposiciones que «afectaban el ejercicio de los derechos amparados por la Primera Enmienda».
Éxodo de medios
Al menos 30 medios de comunicación y agencias como Fox News, Washington Post o Reuters, decidieron renunciar en octubre a sus credenciales de prensa en lugar de firmar la nueva política, al considerarla una amenaza a la libertad de prensa y a su capacidad para redactar noticias independientes sobre el Ejército.
Tras este éxodo de los medios tradicionales, el Pentágono reunió un nuevo grupo de prensa compuesto en gran parte por medios e individuos pro Trump.
Entre ellos se incluyen la activista Laura Loomer; LindellTV, un sitio de noticias digitales dirigido por un teórico de la conspiración electoral Mike Lindell; y James O’Keefe, quien fundó el grupo de derecha Project Veritas y ahora dirige O’Keefe Media Group.
El pasado martes, el Pentágono organizó su primera reunión informativa con este grupo, durante la cual el secretario de prensa, Kingsley Wilson, cargó contra los medios de la prensa tradicional que se marcharon.
«El pueblo estadounidense no confía en estos propagandistas porque dejaron de decir la verdad», dijo Wilson a los asistentes.
Associated Press, antecedente
La acción del New York Times sigue a una demanda presentada en febrero por Associated Press contra tres asesores de Trump después de que la Casa Blanca limitara el acceso de la agencia de noticias a las reuniones de prensa.
Associated Press recibió este ‘castigo’ por parte de la Administración Trump por seguir utilizando el nombre de Golfo de México, en lugar del de Golfo de América establecido por una orden ejecutiva de Trump.
La agencia denunció que este tipo de restricciones son un intento de obligar a la prensa a utilizar el lenguaje empleado por la Administración, violando derechos constitucionales como el de la libertad de expresión.
