La llegada a España de la peste porcina africana (PPA), que ya ha asolado a varios países de nuestro entorno, era solo cuestión de tiempo, según coinciden los expertos, por ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva años preparándose para lo que finalmente ha ocurrido.
De hecho, existe un plan nacional de gestión de las poblaciones de jabalís, actualizado en mayo de 2024, con un exahstivo análisis -se calcula que este año España podría alcanzar los 2,2 millones de ejemplares- del ungulado y de los riesgos de la entrada y difusión de la peste porcina.
Así, de acuerdo a este plan elaborado por la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, hay varias zonas de España que son más sensibles que otras a la extensión del virus. Las zonas con mayor riesgo se concentran en Extremadura, el norte de Andalucía, el este de Galicia, el centro de Asturias y algunas comarcas del centro de Catalunya y el sur de Murcia.
Vista del exterior de una granja de cerdos en Ivars d’Urgell. / EUROPA PRESS
El análisis se ha elaborado cruzando varios factores de riesgo, entre ellos la densidad de explotaciones de ganado porcino extensivo tanto de producción y reproducción como de cebo, densidad de explotaciones de ganado porcino reducidas (por el contacto directo o indirecto con las poblaciones de jabalíes silvestres) y explotaciones con ausencia de vallados o vallados deficientes en base a las encuestas realizadas en el marco del plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas.
Desde este plan nacional de gestión a medio/largo Plazo de las poblaciones de jabalís silvestres para reducir el riesgo de entrada y difusión del virus de la peste porcina africana en España se recuerda además las medidas básicas de bioseguridad que deben ser seguidas por los ganaderos, recogidas en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero.
Medidas de bioseguridad
Como normas básicas están aplicar cuarentenas a la llegada de los animales nuevos, controles de limpieza y desinfección de vehículos que entren a la explotación, ropa y calzado exclusivo para la entrada a la misma y no suministrar productos ni restos alimenticios a los cerdos como alimentos, entre otras.
Con respecto a las explotaciones porcinas extensivas, el plan recuerda que el vallado perimetral reforzado debe estar enterrado dos metros bajo el suelo o cementado para evitar el paso de los jabalís, que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las administraciones.
Su proliferación, que supone un perjuicio enorme para los agricultores y un riesgo para los conductores ya que provocan numerosos accidentes en carreteras secundarias, ha obligado a que algunas comunidades y ayuntamientos de toda España hayan optado por compensar económicamente su captura.
El caso más reciente es el de Aragón, que esta semana ha aprobado un decreto ley por el que pagará 30 euros por jabalí abatido con el objetivo de incentivar la caza. Desde la federación española de caza solicitan al Gobierno «medidas fiscales» e «incentivos» para promover la captura de ejemplares. «Tenemos ya una función de servicio público», asegura a EL PERIÓDICO el presidente de la Real Federación de Caza de España, Josep Escandell.
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