«No son meras irregularidades administrativas. Estas sirvieron para ocultar sobreprecios y vínculos familiares«. Así se ha referido el fiscal Anticorrupción Pablo Romero al caso Aguas de Calp durante su informe de conclusiones finales este jueves en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Alicante. El macroproceso ha entrado en su recta final tras más de dos décadas de instrucción judicial. El viernes será el turno de las defensas y la causa quedará vista para sentencia. La Fiscalía ha mantenido los cargos de prevaricación, fraude y estafa para los ocho imputados, aunque ha planteado atenuantes de dilaciones indebidas para todos ellos por los veinte años de instrucción judicial. Sin embargo, la mayor rebaja ha sido para los tres acusados que se han declarado culpables y han admitido que se prestaron a figurar como administradores de las mercantiles bajo sospecha. Para las acusaciones, el objetivo de estos hombres de paja era ocultar que las obras de renovación de la red de aguas de Calp los estaba ejecutando Francisco Artacho, cuñado del que era concejal de Aguas y diputado provincial responsable de las políticas hídricas, Juan Roselló. Los trabajos, que inicialmente iban a tener un presupuesto de 4,7 millones de euros, fueron adjudicados a dedo por Aguas de Calp a la mercantil de Artacho, constituida con tan solo 3.000 euros de capital social, y que se dedicó a subcontratar los trabajos a otras mercantiles, algunas de las cuales no cobraron.
Tras introducir estas atenuantes por las dilaciones de la causa, la Fiscalía reclama para Roselló y Artacho penas que suman seis años y tres meses de prisión, frente a los nueve años que les reclamaba inicialmente. Para los tres acusados que han cerrado una conformidad con la acusación, se les piden once meses de cárcel al aplicar una atenuante de confesión tardía. Asimismo, para el gerente de Aguas de Calp Alberto Mut y el directivo de Aguas de Valencia Francisco Zorrila se reclaman penas de más de cinco años, incidiendo en la falta de diligencia que tuvieron para controlar la mayor inversión que se estaba llevando a cabo en la localidad. Para el empresario Salvador Ibarra a quien Artacho subcontrató los trabajos se reclaman otros cuatro años. El fiscal sostiene que los acusados eran conscientes de que había una sobrevaloración de los proyectos. A su juicio, el proceso administrativo era un artificio de los acusados para dar una apariencia de legalidad a su voluntad, que era dar las obras a Aguas de Calp para que las ejecutara la empresa de Artacho para lucrarse a costa de un servicio público esencial.
El fiscal incidió en que el escándalo salió a la luz a raíz de que desde la Comisión de Precios se instara un informe por parte de catedráticos de la Universidad de Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia para analizar los proyectos, estudio que detectó que los precios estaban inflados con desfases de hasta un millón de euros. Para Romero el expediente está plagado de acuerdos prevaricadores, subrayando que las certificaciones de las obras no se realizaron por las personas que materialmente los estaban ejecutando. El fiscal criticó la dejación de los controles en la ejecución de las obras.
Las otras acusaciones
El resto de las acusaciones, que ejercen empresas que se quedaron sin cobrar por los trabajos realizados, se adhirieron a las peticiones del fiscal. «La única explicación de que se contratara a dedo para hacer las obras a una empresa sin experiencia es por la relación familiar entre Artacho y Roselló. Las decisiones administrativas estaban orientadas a beneficiarles», ha asegurado la abogada Ana Rosa Garzón que ejerce la acusación en nombre de la empresa Vives Dalmau a quien se le dejaron sin pagar 83.343 euros.
En la misma línea, el abogado Juan García Salva, que ejerce la acusación particular en nombre de Exca-Gata a quien se le adeudaron 245.233 euros, incidió también en la dejación de funciones y la falta de controles para comprobar a quien le iban a dar las obras. Artacho se limitaba a subcontratar y los que realmente ejecutaron las obras no cobraron.
Los dos últimos acusados
Antes de los informes, este jueves declararon los dos últimos acusados. El primero de ellos fue el gerente de Aguas de Calp, Alberto Mut, que señaló que el proceso de adjudicación de las obras corrió a cargo del departamento jurídico de Aguas de Valencia y él no tuvo intervención en la elaboración del contrato. Según sus explicaciones, la génesis del proyecto arrancó antes de que fuera nombrado para el cargo. Mut señaló que no era algo excepcional que Aguas de Calp pudiera adjudicar estas obras, porque ya lo había venido haciendo en otros proyectos de menor envergadura.
Por su parte, un tercer acusado se ha declarado culpable y ha pactado una conformidad con la Fiscalía. El procesado es Jesús Lara, que figuraba como administrador de la empresa Obras Hidráulicas de Levante, aunque ha admitido que él allí no pintaba nada. «Yo ni siquiera tenía acceso a la oficina. El que mandaba y daba las órdenes era Artacho», ha dicho. El procesado ha admitido que estaba autorizado en las cuentas de la mercantil, aunque él no percibió dinero alguno, y que se limitó a poner su firma en cheques en blanco que se expedían cada vez que presentaba las certificaciones con los avances de la obra en las oficinas de Aguas de Calp.
El juicio continúa este viernes con el resto de los informes finales. Falta una de las acusaciones y las ocho defensas. Los acusados tendrán un turno de última palabra y a continuación el caso quedará visto para sentencia.
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