Las elecciones en Extremadura marcan el arranque de un ciclo de comicios autonómicos, con las siguientes citas en Castilla y León y Andalucía, que medirá en las urnas y a nivel territorial el coste de los aldabonazos judiciales al PSOE por presunta corrupción, y que afectan a dos secretarios de Organización de Pedro Sánchez, así como el caso judicial que llevará a su hermano al banquillo; el grado de la amenaza de Vox al PP en el bloque de la derecha y la capacidad de supervivencia del espacio a la izquierda de los socialistas. Después de año y medio sin citas con las urnas, desde las europeas de junio de 2024, los principales partidos afrontan la campaña de las extremeñas del próximo 21 de diciembre en una situación que poco o nada se parece a la aquellos primeros compases de la legislatura. Se trata del principal desierto electoral desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018.
En el caso del PSOE será además el primer test tras la entrada en prisión este mismo año de sus dos últimos secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. A ello se añade que su candidato en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está procesado en la causa del hermano del presidente del Gobierno. Este adelanto electoral coge así a los socialistas en uno de sus momentos de mayor debilidad en esta comunidad en la que ganaron en las últimas elecciones autonómicas, pero Guillermo Fernández Vara -reciéntemente fallecido- no logró el repaldo necesario para seguir gobernando. A nivel reputacional, por el impacto de los presuntos casos de corrupción en sus filas. A nivel orgánico, por lo que supone para las estructuras del partido y el engrase de la maquinaria que se haya desarticulado hace apenas unos meses el equipo que estuvo al frente de la coordinación durante los últimos años. La valenciana Rebeca Torró, sin experiencia previa en la Ejecutiva federal, se puso al frente de la secretaría de Organización hace apenas medio año con un equipo nuevo.
Los socialistas dicen ser conscientes de que los resultados de las elecciones extremeñas condicionarán el resto del ciclo electoral. De ahí su apuesta por “volcarse” y nacionalizar la campaña, redoblando el choque de modelos en la gestión de los servicios públicos y sacar partido al grifo de los recursos del Estado frente a los “recortes” y “privatizaciones” de las que acusan a los presidentes autonómicos del PP.
Pedro Sánchez acudió a un acto durante la precampaña y, además del arranque, este jueves en Plasencia, tiene previsto acompañar a Gallardo en otros dos mítines. En Ferraz avanzan que también habrá un fuerte despliegue de cuadros federales. Este mismo jueves ya lo hizo la la vicesecretaria y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Lo han hecho ya y lo harán varios ministros y mientros de una dirección que nunca apostó por Gallardo como líder de los socialistas extremeños.
Para el PSOE es fundamental combatir en Extremadura una tendencia negativa que se arrastre en el resto de territorios y poner un suelo electoral, ante un descontado coste por los casos de corrupción, asumible de remontar de cara las generales. Para ello, se contrasta el pacto en la Comunitat Valenciana entre PP y Vox para relevar a Carlos Mazón con el intento de María Guardiola de alejarse de los de Santiago Abascal. En las elecciones generales, el PP trató de desplegar una campaña autónoma diferenciándose de Vox, pero quedó en entredicho su discurso por los acuerdos que al mismo tiempo cerraba con la ultraderecha para formar gobiernos autonómicos.
Feijóo con Guardiola en Don Benito / S. S.
Relación PP-Vox
María Guardiola parte como favorita para revalidar el puesto de presidenta de la Junta extremeña al que llegó hace dos años desbancando a Fernández Vara. Y eso, en sí mismo, ya supone toda una gran novedad en la historia de una de las regiones españoles sociológicamente más escoradas a la izquierda, sino la que más. Baste recordar el breve paréntesis entre los mandatos de Fernández Vara que supuso la legislatura en el poder del anterior presidente extremeño del PP, José Antonio Monago, entre 2011 y 2015, que solo fue posible gracias a la insólita abstención entonces de Izquierda Unida (IU).
Guardiola es una dirigente con perfil propio, y que no ha dudado en marcar el discurso en algunas cuestiones, como cuando denunció la situación en Gaza en plena ofensiva israelí, ante la defensa del Gobierno de Israel realizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la ambigüedad de otros dirigentes al respecto, incluido Alberto Núñez Feijóo. Para seguir en el poder tendrá que afrontar una negociación difícil con Vox, con el que su tirantez es notoria desde 2023, salvo que lograse una mayoría absoluta que parece muy difícil de alcanzar. En el PP hay quien alienta esa posibilidad, que pasaría porque Podemos no entrase en la provincia de Badajoz, donde hace dos años superó por poco el mínimo del 5% del voto para obtener representación en la Asamblea autonómica.
En cualquier caso, ganar y gobernar en Extremadura sería el mejor pistoletazo de salida para Feijóo, que aspira a culminar este gran ciclo electoral sucediendo a Sánchez en la Moncloa, por lo que cualquier traspiés en el camino podría ser de envergadura.
Santiago Abascal, por su parte, afronta una campaña implicado al 100%, como en él es habitual, opacando incluso a su candidato, Óscar Fernández. La confianza en la sala de máquinas de Vox en superar el 8% de hace dos años, con otro candidato, es total, y no en vano la media de las encuestas le sitúan en un porcentaje muy superior en toda España. El líder de la extrema derecha parece tener casi nada que perder y todo que ganar en una región donde espera que parte de su discurso, sobre todo el de enarbolar la bandera del sector primario, cale más que en otros territorios.
Abascal y Fernández, en un acto de precampaña en Mérida. / JAVIER CINTAS
En la izquierda
Si las elecciones extremeñas pueden ser un ensayo de las generales en cuanto a la aritmética entre PP y Vox, en la izquierda es la excepción que confirma la regla. El escenario en Extremadura es completamente distinto al resto y ha emergido como el único reducto donde Podemos e Izquierda Unida han sido capaces de entenderse, después del divorcio que mantienen desde hace ahora dos años. A la izquierda del PSOE está Unidas por Extremadura, una candidatura que contrasta con las tres papeletas que habrá en Andalucía y que nació en las elecciones de 2019. La relación entre los partidos que la integran se ha mantenido a salvo de las turbulencias a nivel estatal. «El hecho de que Extremadura esté olvidada a nivel nacional nos ha venido bien», vienen a ironizar fuentes de la candidatura.
Su candidata, Irene de Miguel, fue quien obligó a su partido, Podemos, a aceptar un acuerdo con IU que habían rechazado en Andalucía. En caso de no aceptarlo, la marca extremeña ya estaba registrada y había un elevadísimo riesgo de escisión. El partido aceptó las condiciones de la federación, la única que ha mostrado buenos resultados en las urnas y la única que resistió a la debacle electoral de 2023, cuando desaparecieron de prácticamente todos los territorios y perdieron todos los Gobiernos salvo el de Navarra, la única comunidad junto a Extremadura que mantuvo los resultados. Ahora, Extremadura será el único escenario de unidad, aunque lo cierto es que las campañas de ambos partidos discurrirán en carriles paralelos: las principales dirigentes de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra evitarán coincidir con los dirigentes de IU en campaña. Antonio Maíllo, líder de IU, tiene confirmados actos los días 14 y 15 de diciembre. En la candidatura extremeña, en cambio, aspiran a que la presencia de dirigentes nacionales sea la menor posible, al considerar que les puede perjudicar una clave estatal de la campaña.
En esta ocasión, las encuestas le otorgan un sorprendente crecimiento, en un momento donde la izquierda va en declive en las encuestas. En esto, Extremadura también es una excepción. Unidas por Extremadura registra un crecimiento del 6,1% al 9,6% en estimación de voto, según el CIS, que le otorga un aumento de escaños de los 4 actuales a 6 o 7.
En la candidatura achacan su ascenso a su discurso centrado en la región y alejado de dinámicas nacionales. Pero también va de la mano del desgaste del candidato del PSOE por la causa judicial del hermano del presidente de Gobierno. Un caso que, por cierto, Podemos denunció hace una década en el parlamento extremeño. El descontento del electorado socialista se traduce en un trasvase de votos del PSOE a Unidas Podemos, según el organismo de José Félix Tezanos, que cifraba la fuga en un 6%, frente al 3,7% que viajan del partido morado a la papeleta socialista.
