Los guionistas responsables de la histórica serie ‘Aquí no hay quien viva’ han iniciado un proceso judicial contra Atresmedia al considerar que el grupo ha explotado la ficción “de forma indebida, no consentida y excesiva” más allá de lo pactado en los contratos originales firmados con la productora Miramón Mendi, extinguida en 2009, tal y como desvela Dircomfidencial. Los hermanos Alberto y Laura Caballero, junto a Iñaki Ariztimuño, han solicitado aclaraciones sobre el uso comercial de la obra durante las dos últimas décadas, un requerimiento que ahora ha sido admitido por el Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid.
El auto autoriza la práctica de diligencias preliminares a instancias de los tres guionistas, que reclaman a Atresmedia un desglose completo de todas las formas de explotación de la serie desde su estreno en 2003 hasta la actualidad. Entre la documentación solicitada figuran las vías comerciales utilizadas, los ingresos generados, cualquier remuneración derivada de su explotación y la identidad de los terceros a los que se hayan cedido derechos. El juzgado ya había aceptado esta petición el verano pasado, aunque el grupo audiovisual se opuso entonces a su aplicación.
Atresmedia sostiene que los solicitantes no tienen interés legítimo, ya que se trata de una obra colectiva cuyos derechos de explotación serían íntegramente suyos. El grupo defiende además que la cesión acordada con Miramón Mendi no era limitada y que la obligación de información prevista en la normativa reciente no es aplicable en este caso. En su oposición, alega prescripción, falta de justa causa y considera la solicitud “excesiva y desproporcionada”, llegando a pedir que se elevara la caución a más de 290.000 euros.
Los guionistas, por su parte, insisten en que la ley obliga a los actuales titulares de los derechos a proporcionar información anual detallada sobre la explotación de la obra. Añaden que la documentación entregada por el grupo es incompleta y que cuestiones como la prescripción o el alcance real de la cesión deberán resolverse en un procedimiento posterior. Además, subrayan que cuando se firmaron los contratos originales no existían modalidades hoy fundamentales, como la distribución en plataformas de streaming, por lo que consideran necesario revisar el marco legal de explotación.
