El Gobierno no quiere que vuelva a repetirse un parón total de los móviles y de internet en caso de apagón eléctrico, como sucedió el pasado 28 de abril. Aquel día la imposibilidad de usar los servicios de telefonía y digitales se produjo de manera prácticamente simultánea a la pérdida del suministro eléctrico, porque la gran mayoría de las redes y antenas de telecomunicaciones no estaban preparadas para seguir funcionando de manera autónoma durante cierto tiempo y se produjo un efecto en cadena. El Ejecutivo ahora se lanza a reforzar la seguridad de redes de telecomunicaciones y de otras instalaciones digitales en caso de apagón u otros tipos de emergencias.
El Ministerio para la Transformación Digital, comandado por Óscar López, ha lanzado el proceso de consulta pública del texto de un nuevo real decreto con el que obligará a grandes telecos y gigantes tecnológicos a blindar la seguridad y garantizar el funcionamiento de las redes de telecomunicación, de centros de datos y otras instalaciones -como cables submarinos, redes de satélites o redes de distribución de contenidos- en caso de apagón, de episodios meteorológicos graves como las danas, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones o fallos informáticos y ciberataques graves.
Los grandes grupos de telecomunicaciones y tecnológicos deberán elaborar y remitir al Gobierno un plan de seguridad para cada tipo de instalación, para cada tipo de servicio de comunicaciones y para cada tipo de emergencia, en los que debe identificar los riesgos, las medidas de prevención y detección, y sobre todo los mecanismos y priorizaciones en las medidas a adoptar para garantizar su funcionamiento y la recuperación de los servicios en caso de fallo grave.
El Ministerio pretende obligar a los operadores a que den garantías de que instalaciones esenciales de primer nivel puedan funcionar hasta 24 horas horas en caso de interrupción del suministro eléctrico, de que las instalaciones de nivel intermedio lo hagan al menos 12 horas, mientras que el resto de instalaciones de comunicaciones públicas deberán estar operativas al menos 4 horas de manera autónoma. Este último es un elemento clave en plena resaca del gran apagón.
Y es que el borrador de Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales busca garantizar que el 85% de la población española disponga, en caso de emergencia, de continuidad en el servicio de telecomunicaciones -entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencia- durante al menos cuatro horas.
Escudo ‘antiapagón’ por 73 millones
El Ejecutivo apunta que en torno al 30% de las 10.400 antenas de red del país ya disponen de baterías o equipos electrógenos con capacidad para garantizar el suministro eléctrico durante 4 horas, de manera que el número total de emplazamientos que habría que reforzar se sitúa en alrededor de 7.280. Las estimaciones del Gobierno apuntan a que el despliegue adicional de baterías o de equipos electrónicos para el conjunto de las redes de comunicaciones móviles tendrá un coste para las operadoras de entre 51 millones y 73 millones de euros. Los cálculos apuntan que la inversión unitaria necesaria por emplazamiento, con un 30% de descuento por volumen, es de unos 7.000 euros, por lo que en base a estas estimaciones el Gobierno considera que el coste para las compañías es «proporcional y equilibrado».
Las obligaciones del real decreto afectan, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España (como Telefónica, MasOrange, Vodafone o Digi, por ejemplo) y aquellos grupos tecnológicos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios, como tener más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de euros de ingresos.
La nueva normativa también afectará a aquellos que estén designados como operadores críticos o presten servicios de emergencia, entre otros, si bien no se aplica a las redes vinculadas a la seguridad nacional ni a defensa. El proyecto normativo también se centra en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, también deberán confeccionar y presentar planes de seguridad.
Intervención estatal de instalaciones
En caso de emergencia, el Gobierno podrá tomar el control directo con “carácter excepcional y transitorio” de determinados servicios de comunicaciones para garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional y si las operadoras están incumpliendo sus obligaciones de servicio público. El borrador del real decreto refuerza así y regula más al detalle una potestad del Ejecutivo que ya se recoge en la legislación vigente para el sector, singularmente en la Ley General de Telecomunicaciones.
Las órdenes de la asunción por parte de la Administración de estos servicios e instalaciones deberán comunicarse a los tribunales en el plazo de 24 horas, para que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie en un plazo de 48 horas sobre si la decisión es acorde a los derechos fundamentales y libertades públicas y, de no serlo, anularla.
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