Y el juicio por el caso Aguas de Calp arrancó este lunes tras más de veinte años de retrasos. La Audiencia de Alicante celebró la primera sesión de una de las causas de corrupción más antiguas de la provincia, en la que finalmente no han declarado los acusados: las defensas han pedido que lo hagan al final, una vez comparezcan los testigos.
El primero en declarar fue el técnico municipal que dirigía entonces el servicio de Aguas, cuando se adjudicaron los proyectos bajo sospecha. El ingeniero, que se incorporó al Ayuntamiento en 1998 y asumió después la dirección del servicio, insistió en que su labor se limitaba al control formal y a la supervisión de la ejecución, y que no intervenía ni en el análisis económico ni en la selección de empresas. Llegó a afirmar que ese “control” consistía básicamente en pasar por las obras porque le venía de camino, y añadió más tarde que fue un encargo personal del entonces alcalde, Javier Morató, que le pidió que vigilara que los trabajos “se hicieran bien”.
En el banquillo se sientan el exconcejal calpino y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado Javier Artacho, para quienes Anticorrupción pide nueve años de prisión por prevaricación, fraude y estafa. Ambos ya fueron condenados en una pieza separada del caso Brugal relativa a las basuras de Calp. También están acusados exresponsables de la empresa mixta Aguas de Calp y directivos de diversas mercantiles que habrían participado en adjudicaciones presuntamente irregulares. La Fiscalía sostiene que se emplearon empresas sin actividad real para aprobar proyectos sobredimensionados y con sobrecostes, desviando fondos públicos y dejando a proveedores sin cobrar. Los proyectos bajo sospecha sumaban 4,5 millones de euros; más de un millón se habría desviado mediante subcontratas y obras infladas. Algunas de estas mercantiles se constituyeron pocos días antes de la adjudicación de las obras. Tras varias subcontratas, los trabajos acabaron ejecutándolos empresas reales que ni siquiera llegaron a cobrar por ellas.
El técnico municipal que ha declarado este lunes compartió banquillo en el caso de las basuras con Artacho y Roselló, aunque quedó absuelto. En la vista por Aguas de Calp, afirmó que no trataba con ninguno de los dos y que su interlocutor era únicamente el director de Aguas de Calp. Reconoció las dificultades para recordar detalles de hace más de dos décadas, pero explicó que los cinco proyectos le llegaron en 2004, dos años después de redactados, y que tuvo solo ocho días para informar sobre ellos. Aseguró que se centró en “lo gordo”, es decir, en lo exigido por la Ley de Contratos del Estado, mientras que los aspectos más específicos correspondían al técnico que elaboró los pliegos.
El ingeniero admitió que no emitió informes de especificidad técnica y que solo supervisaba cuestiones básicas como las mediciones o la profundidad de las zanjas. Aseguró desconocer que las obras se hubieran subcontratado a los nueve días de la adjudicación ni la existencia de certificaciones de obra (una docena, según el fiscal): “Es la primera vez que las veo”, dijo. Añadió que los aspectos legales y económicos eran competencia de la Intervención municipal. En su repaso de la documentación, señaló que no constaban ni el acta de replanteo ni la de recepción de las obras. A pesar de ello, aseguró que él no apreció irregularidad alguna. De los cinco proyectos que suponían una de las principales actuaciones del municipio, solo se había ejecutado uno.
Una de las principales pruebas del caso son los informes de la Universitat Politècnica de València y de la Universidad de Alicante, que detectaron sobrecostes de hasta el doble en varios capítulos. El técnico dijo haberse enterado por la prensa y aseguró que nunca los había leído. Según esos análisis, las desviaciones más llamativas se concentraban en señalización vial, con costes de hasta 70.000 euros en un solo mes; así como en trabajos de movimientos de tierras, mediciones y demoliciones, pese a que se reutilizaban los materiales extraídos de las zanjas.
Su interrogatorio, que se prolongó durante dos horas y media, ocupó la mayor parte de la sesión. El resto de la vista quedó dedicada a los empresarios perjudicados.
Empresas perjudicadas
Nicolás Agudo, gerente de Exca-Gata y uno de los principales afectados, a quien la trama dejó una deuda de 245.000 euros, explicó que su empresa realizó las zanjas de la red transversal de aguas durante un año, siguiendo las indicaciones de una de las subcontratas, incluso de noche para no afectar al tráfico. Los impagos comenzaron cuando los pagarés empezaron a carecer de fondos. “Me daban largas, decían que ellos tampoco habían cobrado”, relató. Según su testimonio, Aguas de Calp le ofreció 60.000 euros a cambio de renunciar al resto. “Esto ha sido mi ruina, la de mi mujer y la de mi familia. Del disgusto me he quedado ciego”, declaró visiblemente afectado.
También comparecieron los familiares del empresario de Vives Dalmau, la firma encargada del asfaltado tras las obras, que quedó con 83.300 euros pendientes de cobro. El perjudicado murió sin que el juicio se hubiera celebrado. Tanto el hijo como una sobrina del fallecido se limitaron a ratificar su acusación.
La jornada incluyó la declaración del exgerente de una empresa que ejecutó parte de un proyecto de la Diputación para canalizar salmuera. Aprovechando que el trazado coincidía con la red transversal, se coordinó con una de las mercantiles de la trama. Según explicó, para trabajos valorados en 46.000 euros, la empresa asociada les remitió una factura de 350.000 euros, lo que derivó en un pleito civil que perdieron y que le costó el empleo: “Fui despedido por pérdida de confianza”, afirmó. Añadió que su empresa presentó un presupuesto de 1,6 millones para optar a una de las grandes obras de renovación de la red sin obtener respuesta. Finalmente, esos trabajos fueron adjudicados por 3,6 millones a otras mercantiles vinculadas a la causa.
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