la propuesta de CCOO y UGT incluye un giro clave aún no público

La negociación del SMI para 2026 se abre esta semana con un movimiento coordinado de CCOO y UGT, que han convocado una comparecencia conjunta para fijar prioridades. En la trastienda, según avanzaron sus equipos, el foco no estará solo en la cifra, sino en modificar el Real Decreto anual del SMI para evitar que las empresas compensen o absorban ciertos complementos salariales. Esta práctica, hoy avalada por el Tribunal Supremo, es la línea roja sindical.

Los sindicatos recuerdan dos cifras claves que no son la incógnita: el 3,1 % del IPC confirmado por el INE en octubre y el 3,5 % de incremento salarial medio pactado en convenios. En paralelo, los empresarios trabajan con un SMI proyectado en 1.219 €/mes si la subida se limita al entorno del 3 %. Todo ello mientras Trabajo espera el informe de la Comisión de Expertos, que suele marcar el rumbo.

A partir de aquí, los sindicatos sí han revelado su cifra: reclaman que el SMI suba un 7,5 % en 2026, hasta los 1.273 euros en 14 pagas. Este nivel llevaría el salario mínimo por encima del umbral del 60 % del salario medio y, por primera vez, entraría parcialmente en tributación por IRPF si Hacienda no amplía el mínimo exento.

Lo que CCOO y UGT ponen sobre la mesa para el SMI 2026

Un cambio legal que puede tensionar la negociación

El punto más delicado no es la cifra, sino la arquitectura jurídica. Trabajo ya asumió el planteamiento de los sindicatos en el borrador de transposición de la directiva europea de salarios mínimos: impedir que los complementos puedan usarse para absorber la subida del SMI salvo prohibición expresa en convenio. CEOE y Cepyme lo rechazan frontalmente y avanzan que, si Yolanda Díaz blinda esta interpretación, la patronal acudirá a los tribunales.

Una fuente del Ministerio, bajo anonimato pero citando el documento oficial remitido en septiembre, recuerda que “la directiva obliga a estructuras salariales transparentes y no a mecanismos que permitan neutralizar al salario mínimo” (borrador interno, 15/09/2025). Por el contrario, una fuente de CEOE afirma que “la regla actual está avalada por jurisprudencia consolidada y forma parte del Estatuto de los Trabajadores”, según documentación enviada a socios sectoriales el 10/11/2025.

¿Por qué los sindicatos piden un 7,5 %?

La explicación combina tres parámetros: inflación, salarios pactados y salario medio. CCOO y UGT calculan que el 7,5 % permitiría que el SMI alcance el 60 % del salario medio neto, criterio fijado por la Carta Social Europea. La Comisión de Expertos deberá revisar las estadísticas oficiales —EES, ECC y ECTL— para sugerir una recomendación técnica.

El año pasado, este grupo ya incorporó un punto novedoso: estimó el impacto de IRPF si el SMI superaba el mínimo exento. Este año, el Ministerio les ha pedido dos cifras: una para un escenario sin IRPF y otra para un escenario con tributación parcial. En la práctica, si un trabajador del SMI pasara a tributar, podría ver una retención mínima aplicada desde enero, aunque Hacienda suele corregir a final de año para evitar pérdidas netas.

El SMI ya ha crecido un 61 % desde 2019

Desde que Pedro Sánchez lo elevó a 900 euros en 2019, el SMI ha crecido un 61 %. Este aumento transformó la estructura salarial en sectores como hostelería, cuidados o comercio minorista. Las colas matinales en algunas gestorías durante los ajustes anuales son ya un clásico: empresarios recalculando complementos, trabajadores comparando nóminas y asesores intentando cuadrar tablas salariales.

Para 2026, incluso una subida conservadora del 2 % —inferior a la inflación— situaría el SMI por encima de 1.200 euros, exactamente en 1.207 euros. Pero el Gobierno raramente adopta el punto más bajo del abanico cuando las recomendaciones de los expertos son más ambiciosas.

¿Qué puede pasar ahora?

• La Comisión de Expertos entregará su informe a Trabajo en las próximas semanas.
• Trabajo usará esa cifra como base para la mesa tripartita.
• CCOO y UGT insistirán en impedir la absorción de complementos.
• La patronal prepara recursos si el Gobierno modifica el marco jurídico.
• El Gobierno podría aprobar la subida en Consejo de Ministros antes de fin de año.

En términos prácticos, para un trabajador con una nómina actual de 1.219 euros, un SMI de 1.273 euros supondría un incremento de 54 euros mensuales, o 756 euros al año si se contabilizan las 14 pagas. Para muchas familias de renta baja, ese colchón marca la diferencia en la cesta del súper, especialmente con subidas del 6–8 % en productos frescos según los últimos datos del INE.

La pregunta de fondo —¿merece la pena cambiar de convenio o de tarifa horaria para aprovechar mejor la subida?— aún no tiene respuesta. Todo depende de si finalmente se permite o no absorber complementos. Ahí se juega la gran batalla de 2026.