Una vez ha concluido la investigación de la parte del caso Koldo relativa al pelotazo de en la compra de mascarillas por parte de Transportes en tiempos de José Luis Ábalos, pendiente tan solo de apertura de juicio oral, y con el exministro y el que fuera su asesor Koldo García en prisión preventiva, el Tribunal Supremo sigue adelante con sus pesquisas sobre la actividad de esta trama corrupta. Ahora, el foco se traslada a la pieza separada que indaga en las adjudicaciones sospechosas en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también implica al que fuera número 3 del partido Santos Cerdán.
Tras los registros realizados el pasado 15 de noviembre en las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid, el magistrado del alto tribunal Leopoldo Puente imputó a tres responsables de esta compañía, entre ellos el que fuera su CEO, Justo Vicente Pelegrini, además de dos de sus colaboradores que permanecían en esta empresa y por el momento han sido suspendidos: Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, este último director de la zona Sur y África de Acciona Construcción. Todos ellos declararán el próximo miércoles 3 de diciembre, lo que permitirá impulsar esta parte de las investigaciones.
Por el momento, la investigación de la UCO ha permitido constatar que Cerdán -que salió de prisión preventiva la pasada semana al desaparecer el riesgo de que pudiera destruir pruebas- se valió de Koldo García para influir en decisiones del Ministerio de Transportes y promover la adjudicación de obras para Acciona. Esta empresa había firmado un memorándum de entendimiento con la navarra Servinabar, de la que se sospecha que el exsecretario de Organización del PSOE era propietario del 45 por ciento, que implicaba unos pagos del 2% del total de la concesión que se lograse.
La «hucha» de Servinabar
En relación con esta operativa ya estaba imputado Fernando Agustín Merino, que entonces era director del Departamento de Navarra y La Rioja, al que Koldo se refiere en sus comunicaciones como Cordobés y Cordo, que habría actuado de enlace para vincular las obras adjudicadas con la empresa de Cerdán.
Así, el análisis llevado a cabo por parte de la Guardia Civil de los dispositivos móviles aprehendidos a los integrantes de la trama ha permitido constatar «el interés mostrado por Cerdán» en licitaciones del Ministerio de Transportes, como fue el caso de una carretera en Logroño o el Puente del Centenario de Sevilla. De hecho, consta una conversación del 22 de abril de 2019 entre ambos en la que el asesor de Ábalos asegura que el que fuera director general de Carreteras Javier Herrero –imputado en la parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional– había tenido que presionar mucho al ex secretario de Estado Pedro Saura para avanzar en la licitación de «Sevilla».
Esta adjudicación, en la que la UCO destaca «una notoria insistencia de Cerdán», terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645 euros, aunque el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió dicho importe hasta los 84.983.366 euros. De este total la empresa Servinavar, vinculada a Cerdán, se llevó 1.801.914 euros.
Una dinámica similar ha detectado la UCO en relación con otra bajo sospecha, como es la del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). También aquí se firmó un memorándum de entendimiento, rubricado entre Acciona y Servinabar el 6 de mayo de 2019.
El 30 de mayo de 2019, la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, también imputada escribió a Koldo García para informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas en ‘Sant Feliu». Ese mismo día tuvo lugar la apertura de sobres evaluables mediante fórmulas (ofertas económicas), siendo la de Acciona la novena más barata sin caer en baja temeraria. En cuanto a la puntuación técnica, Acciona Construcción obtuvo la mayor puntuación con una nota de 39,24 sobre 40 y finalmente, resultó adjudicataria del contrato el 4 de noviembre de 2019 por un importe de 51.760.263 euros, de los que Servinabar recibió 1.035.199 euros.
Foto del proyecto de Acciona en el Puerto de Kenitra (Marruecos) / EP
La declaración del Alconchel, responsable de los proyectos en África, podría estar relacionada con otra parte del informe de la UCO que apunta a que Cerdán pidió al asesor en Transportes Koldo García en enero de 2019 que gestionara su inclusión en la comitiva oficial de un viaje que iba a realizar Ábalos a Marruecos en el que se pretendía negociar un contrato millonario. Se trataba de que Acciona participara en la obra del Puerto de Kenitra. La inversión total sería superior a cinco mil millones de dírhams (467 millones de euros), y días antes del viaje la empresa de la que UCO sospecha que Cerdán era copropietario (Servinabar) firmó un memorándum con Acciona para participar en esta «oportunidad de negocio».
Mascarillas, ya a juicio
Esa nueva fase de la investigación en el Tribunal Supremo se retoma después de una semana en la que el magistrado Puente ha cambiado radicalmente la situación de José Luis Ábalos y Koldo con su ingreso en prisión ante la proximidad del juicio y las elevadas penas que piden para ambos tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares. La decisión se adopta en la otra pieza que compone la causa: la relativa a los contratos firmados con Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, por organismos dependientes de Transportes para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Se trata de un cambio de situación del que el instructor les venía avisando en sus resoluciones y que incluso plasmó por escrito en el auto del pasado 15 de octubre, cuando les citó a declarar por última y ambos se acogieron a su derecho constitucional a no hacerlo, como este mismo viernes hizo Koldo en la Audiencia Nacional, al denunciar que, a diferencia de a Aldama, aún no le habían sido devueltos sus teléfonos.
En esa resolución de octubre, el juez Puente ya mencionaba el incremento de riesgo de fuga que supone la proximidad del juicio de esta pieza, cuya instrucción está mucho más adelantada que la relativa a las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obra pública, en la que ahora se centran las pesquisas.
Ahora para determinar que el riesgo de fuga es “extremo” o “máximo” -según lo define el juez en el auto de prisión-, han resultado claves las altísimas peticiones de prisión planteada por las acusaciones. Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, así como multas de 3,9 millones de euros, mientras que las acusaciones populares, dirigidas por el Partido Popular, solicita 30 años para cada uno de ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
