España, país a la vanguardia del disparate institucional, estrena un nuevo género político: el golpe de Estado judicial. El Gobierno ha descubierto que los jueces, además de redactar sentencias, derrocan gabinetes. Con un par de autos bien grapados, los magistrados conservadores del Supremo pueden tumbar las murallas de Jericó. A este paso, el Ministerio de Interior ordenará registrar a cada magistrado por si esconde bajo la toga un arma de destrucción masiva.
El sanchismo ha decidido que la separación de poderes es un concepto que huele a naftalina, como la ropa de cama dentro de un baúl. Lo moderno ahora es señalar al Poder Judicial como elemento golpista. Lo cual ayuda a preservar la convivencia tanto como la presencia de Tejero en el Congreso.
Para sus fines cuenta Sánchez con Fiscalía S. A., aun con las costuras reventadas tras la era de García Ortiz, ese fiscal general cuya parcialidad era menos estable que una piragua en medio de un huracán. A este Negreira togado solo le faltó pedir el VAR para revisar sentencias. Los jueces le han mandado a la nevera, como a un árbitro que señala un penalti en el banderín del córner.
En lo alto de la torre de la iglesia de San Juan en Zamora se puede observar una veleta que los lugareños llaman “el peromato”, un soldado de hojalata que porta la bandera de la ciudad. Peramato se apellida la candidata de Sánchez para ocupar el sillón vacante del ministerio público. ¿Otra veleta al albur de los vientos de los humores del presidente? Lo sabremos pronto por el telediario, en su apartado de información meteorológica.
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