El juez Juan Carlos Peinado ha escuchado este viernes el testimonio de cuatro cargos de la Universidad Complutense de Madrid que la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, propuso para apuntalar su versión frente a las acusaciones de intrusismo y apropiación indebida. Se le imputan estos delitos relación con la gestión del ‘software’ que se creó para el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió en este centro académico.
Fuentes presentes en las declaraciones han señalado a EL PERIÓDICO que los testimonios de María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), han confirmado que si Gómez firmó los pliegos de contratación y registró el dominio de la cátedra que codirigía fue siguiendo las indicaciones de la propia universidad.
La defensa de Gómez propuso estas testificales poco después de que Peinado admitiera a trámite la ampliación de la querella por una supuesta apropiación forma indebida de un ‘software’ de la Complutense, así como de haber cometido un delito de intrusismo por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía.
Correos con instrucciones
En ese momento, el letrado aportó a la causa varios correos electrónicos para defender que si Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas, «fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente». Según las mismas fuentes, las responsables de la OTRI han confirmado este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que esta oficina nunca registraba los dominios. Es decir, que quien tenía que firmar los pliegos y registrar el dominio web de la cátedra a su nombre debía ser Gómez.
En el mismo sentido ha declarado Zulma Escalante, codirectora de segundo máster de Begoña en la Complutense, sobre Formación Permanente de Sostenibilidad, que ha reconocido que ella misma tiene un dominio a su nombre de este curso, al igual que lo tenía la esposa de Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla. / José Luis Roca
Sus testimonios fueron solicitados al titular del Juzgado de Instrucción número 41 hace más de un año sin que el magistrado adoptara ninguna decisión al respecto hasta que el pasado mes de octubre e la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la defensa y ordenó a Peinado resolver «sin dilación» sobre la procedencia o no de estas comparecencias. El pasado lunes, la defensa renunció a dos de las testigos solicitadas, y como consecuencia de ello hoy no han declarado, se trata de María José Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la Complutense, y Carmen Mitxelena, actual directora de esta Escuela.
Interventora
En el caso de María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la universidad, se pidió su comparecencia para que ratificase lo que manifestó ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, y en este sentido se ha producido su declaración de este viernes, ya que ha confirmado que la firma de los pliegos para la gestión de los programas necesarios en la cátedra de Transformación Social Competitiva se realizó de acuerdo a las normas de la universidad.
Igualmente, ha incidido en que no se exige cualificación técnica específica para firmar este documento, sino seguir la trazabilidad administrativa.
En su comparecencia en la cámara madrileña, la interventora defendió que «los controles funcionan» en relación con la fiscalización que ella realizó respecto de los gastos de la cátedra. De hecho, ella misma declaró la nulidad de una factura, firmada por Gómez como codirectora, por la que se contrató a la empresa Making Science para su cátedra por 24.000 euros, por no haberse solicitado un informe previo que era obligatorio al superarse el umbral económico mínimo para este tipo de expedientes. También rechazó que la firma de Begoña como codirectora supusiera que ella fue la responsable de dicha contratación y ha añadido que desconoce si dicha adjudicación fue verbal.
En el marco de esta investigación, el juez también investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Peinado, además, ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
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