El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a anular por tercera vez el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio lanzaroteño de Yaiza, frente a la petición de dos empresas y el Ayuntamiento que apostaban por una suspensión parcial y no total.
El fallo determinó la anulación de todo el documento aprobado ese año por no hacer caso a las indicaciones de dos informes sobre carreteras emitidos por el Gobierno de Canarias y el Cabildo.
La disputa se centra en dos glorietas propuestas en Playa Blanca que no cumplían con las medidas de seguridad exigibles, tal y como advirtieron estos dictámenes a los que no se hizo caso.
Aprobación por la Cotmac en 2014
En este caso se pedía dejar sin efecto la sentencia que dio la razón a una empresa que logró invalidar la aprobación por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en 2014.
El plan fue anulado por primera vez tras un recurso presentado por Costas y luego en dos ocasiones se han rechazado los de las empresas y el Ayuntamiento frente a la revocación del acuerdo de la Cotmac promovido por la urbanizadora y ahora pidiendo la suspensión parcial.
Carácter vinculante de los informes
El TS acaba de pronunciarse y considera que los informes del Ejecutivo autónomo y de la institución insular eran «relevantes» y tenían carácter «vinculante», y no se referían a una cuestión puntual, pese a lo cual se incumplieron lo que implica la anulación de todo el PGO.
La entidad urbanizadora que consiguió anular el acuerdo de la Cotmac, sin embargo, hubiese aceptado entonces como solución subsidiaria que quedara sin efecto tan sólo una parte del planeamiento, a lo que no accede el TS en el último fallo.
Primera anulación, en 2020
La primera vez que el Supremo dictaminó en contra del PGO fue en 2020 a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado al que el Estado le dio la razón y entonces la controversia se centraba en la falta de un informe de la Dirección General de Costas.
El TSJC determinó que se trataba de un error «subsanable» pese a lo cual entonces no se dio ningún paso en este sentido y se anuló el planeamiento en su totalidad al llegar al Supremo, lo que ha motivado esta última apelación también descartada.
Las otras dos veces que el TS se ha pronunciado ha sido frente a una apelación de dos entidades y el Ayuntamiento contra Costas y en otra por no estar de acuerdo con que se deben tener en cuenta los informes vinculantes.
En esta ocasión se apostaba por la anulación parcial, una puerta que quedó abierta en su momento cuando el TS se pronunció sobre el recurso de Costas pero que no se produjo.
