Ramón Mateo, responsable del Observatorio de la Vivienda de EL PERIÓDICO y socio y director de Análisis e Impacto Regulatorio en beBartlet, ha subrayado este jueves en el foro España 360 de Prensa Ibérica que en el debate sobre el acceso a la vivienda “confluyen visiones muy distintas”, pero todas atraviesan una misma preocupación: la creciente dificultad para tener un hogar en propiedad o en alquiler asequible. España, ha recordado, “sigue siendo un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos” y además se ha convertido en un factor decisivo del voto de los ciudanos, especialmente entre los más jóvenes.
Según los datos de este informe continuo, el 73% de los españoles vive en una vivienda de su propiedad, con especial concentración en la Castilla y León y Castilla-La Mancha. Sin embargo, la mayoría de quienes no son propietarios no lo son por elección, sino por la imposibilidad de reunir el capital inicial que exige una hipoteca, pese a poder afrontar sin problemas las letras mensuales. Solo en un 19% de los casos se declara que no comprar es una opción personal. Para Mateo, esta brecha entre capacidad de pago y barrera de entrada resume buena parte del malestar social con el mercado inmobiliario y explica por qué la vivienda se ha convertido en una “prioridad de Estado” a la que, defiende, hay que responder con diagnósticos finos y políticas estables en el tiempo.
El Observatorio, ha añadido, permite seguir la evolución de las percepciones ciudadanas y cruzarlas con indicadores económicos y territoriales, lo que ofrece una radiografía de quién accede a un hogar, quién queda fuera y qué espera la sociedad de los poderes públicos. “Sin datos solo tenemos intuiciones; con datos podemos diseñar soluciones”, ha remachado el ponente antes de desgranar las principales conclusiones del estudio.
La entrada, principal barrera
En su análisis sobre las causas y las posibles soluciones, Mateo ha insistido en que “la entrada sigue siendo la principal barrera que muchos encuentran en la sociedad”. Hay, ha explicado, una bolsa amplia de ciudadanos que podría pagar sin dificultad la cuota de una hipoteca, pero queda bloqueada en el momento de reunir el ahorro necesario para el desembolso inicial, lo que retrasa proyectos vitales como emanciparse, formar una familia o cambiar de ciudad. De ahí que el 58% de los encuestados sitúe como principal problema la necesidad de construir más vivienda y que un 55% señale directamente a los alquileres turísticos como factor que tensiona la oferta y los precios en muchas zonas del país. En cuanto a las medidas preferidas, la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) aparece como la más efectiva para el 74% de la población, mientras que un 79% se muestra partidario de que los partidos cierren un gran acuerdo para reformar la Ley del Suelo y dotar de estabilidad al marco urbanístico.
Un factor decisivo en el voto joven
El ponente ha subrayado también que el problema de la vivienda ya no es solo una preocupación económica o social, sino que tiene una traducción clara en el comportamiento electoral. Los datos del Observatorio indican que para los jóvenes es uno de los asuntos que más pesa a la hora de decidir su voto, especialmente entre quienes se identifican con opciones progresistas. En el caso de los votantes de Sumar, detalló Mateo, la vivienda se sitúa entre los factores con mayor capacidad de movilización, hasta el punto de condicionar su confianza en las instituciones y en la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo. Esta dimensión política, concluyó, obliga a las administraciones a abordar el acceso a un hogar digno como una prioridad compartida y no como un campo de batalla partidista.
El estudio constata además una amplia demanda de acuerdos estables en esta materia: el 91% de los españoles reclama un Pacto de Estado sobre la vivienda, con especial intensidad entre los jóvenes de 18 a 34 años, que son quienes otorgan mayor importancia a las políticas públicas en este ámbito. Las diferencias ideológicas afloran cuando se pregunta por los responsables de aportar soluciones: entre los votantes de derecha se señala principalmente al Gobierno de España, mientras que entre los de izquierda se atribuye más responsabilidad a las comunidades autónomas, en un reparto de culpas que refleja también la complejidad competencial del mapa territorial.
Pese a esos matices, Mateo subraya que existe un amplio consenso ciudadano en que “hace falta más vivienda”. La falta de construcción, citada por el 58% de los encuestados, y el impacto de los alquileres turísticos se perciben como factores centrales, aunque las recetas difieren: la izquierda pone el foco en limitar el precio de los alquileres y establecer controles sobre el uso turístico, mientras que la derecha reclama menos impuestos y mayor seguridad jurídica para atraer inversión.
