A las puertas de Las Corts, el ambiente es de dolor y indignación. Mientras en el interior discurre la sesión de investidura del candidato del Partido Popular, Juanfran Pérez Llorca, en la calle, las asociaciones de víctimas de la dana protestan para recordar que la política de la Generalitat «sigue estando marcada por la neglicencia y la inacción». La crítica fundamental y el grito más potente de los manifestantes se dirigía directamente a Pérez Llorca, acusado de ser el «heredero y cómplice» de su antecesor, Carlos Mazón.
Dolores Ruiz, una de las voces de las víctimas, acusó al nuevo candidato de haber entrado «por la puerta de atrás» porque, según su testimonio, no tenía «ninguna gana de ver a las víctimas». Para los manifestantes, Pérez Llorca no es más que el «sustituto», representando una clara «continuidad» de las políticas previas.
Víctimas de la dana durante la investidura de Llorca. / Miguel Ángel Montesinos
La complicidad y el aforamiento
El dolor de las familias sigue siendo «brutal», provocado por una gestión de la dana calificada como «dolorosa» y «negligente». Las víctimas insisten en que si se hubieran activado las alarmas «un día antes», muchas vidas se podrían haber salvado. La crítica hacia Llorca como cómplice radica en que «la información ya se tenía desde el principio».
La protesta también mantuvo viva la llama de la exigencia de justicia contra el expresidente, Carlos Mazón, a pesar de su dimisión. Rosa Álvarez, presidenta de la principal asociación de víctimas, criticó que, aunque se haya dado un paso con la salida de Mazón, «este sigue siendo aforado», y perciben un intento de que «el tema se calme por la investidura» de Llorca. Los manifestantes exigieron que Mazón «abandone su escaño y sus privilegios», y que vaya a la jueza para «contar toda la verdad».
Toñi García, otra víctima, recuerda que Pérez Llorca «era el segundo de Carlos Mazón» y «apoyó su política de inacción». Le acusió de estar ahí para defender «al gran empresario, a los suyos, a enriquecerse ellos mismos», y se cuestiona que el pueblo valenciano tenga que pagar a un diputado que lleva «229 muertes a espaldas» (en referencia a Mazón). Las víctimas claman por el fin de los «privilegios» y los «aforamientos», considerados un «mal endémico de la democracia».
Víctimas de la dana en la puerta de Las Corts durante la investidura de Llorca / Miguel Ángel Montesinos
El abrazo a la ultraderecha
Las expectativas sobre la legislatura de Pérez Llorca no son buenas para las víctimas. Las asociaciones manifestaron que esperan «lo mismo o peor», ya que el Partido Popular (PP) ha sucumbido a las «exigencias de la extrema derecha». Creen que el nuevo Consell «va a abrazar a la ultraderecha», lo que resultará en un «abrazo doble», dado que la extrema derecha «va a subir la apuesta».
El foco de la preocupación se centra en cómo las cesiones a Vox se traducirán en políticas concretas. Se espera un discurso y unas políticas «todavía más racistas, más xenófobas, más homófobas», además de ir en contra de las políticas feministas. Mariló Gradolí, otra de las voces de la protesta, advirtió que no tendrán «reparo en decir sí a políticas negacionistas del cambio climático, que ya sabemos que mata y cuesta muchas vidas».
Para los manifestantes, el nuevo gobierno continuista de Llorca «no es digno», y el Consell ha sido decidido y repartido «en un despacho de Madrid entre Feijóo y Abascal» sin dar «voz ni voto a los valencianos». Además, se recordó la defensa de Mazón durante un año, a pesar de las muertes, del actual candidato popular.
El negacionismo climático, una «sentencia de muerte»
El tema central que conecta la nueva legislatura con la tragedia de la dana es la postura del nuevo gobierno frente al cambio climático y el Pacto Verde. Las víctimas denunciaron que el PP «se equivoca» dejando la Generalitat en manos de la extrema derecha porque «el cambio climático mata y lo hemos visto» en la propia tierra valenciana.
La inacción y la falta de políticas de prevención son equiparadas a «políticas de muerte». Los manifestantes recordaron que «cada día que pasa sin luchar contra el cambio climático son vidas».
La gestión «negligente» que causó las 229 muertes se produjo porque los responsables «minimizaron la emergencia», priorizando supuestamente «el sector turístico» por el puente. La ironía de la situación no escapa a los manifestantes, que señalan que el nuevo gobierno va en contra del Pacto Verde, que «ellos mismos tienen aprobado en Europa».
Finalmente, las víctimas hicieron hincapié en el coste económico que esta inacción tiene para la ciudadanía, tanto en gastos futuros como en la falta de ayudas reales. Los ciudadanos son quienes pagan los gastos, no los políticos con sus «grandes sueldos». Las ayudas cedidas para daños materiales salen «de nuestros bolsillos» y a pesar de eso «siguen sin reconocer a los 229 fallecidos».
La intención de las víctimas es continuar luchando por la «verdad», la «justicia», la «reparación» y para dar «dignidad a todos los fallecidos el día 29 de octubre». Quieren que los valencianos elijan libremente a su presidente y que se asuman las responsabilidades, pues «la ciudadanía Valenciana merece un Consell que tenga dignidad». La lucha de las víctimas es un recordatorio constante de que, en política, no se puede hacer creer que «los ciudadanos vivimos ajenos a las políticas,» pues «esas políticas mataron a nuestros familiares».
La investidura de Llorca, apoyada por la ultraderecha, es percibida por las víctimas de la dana no como un cambio de rumbo, sino de capitán en un barco que, tras una gran tormenta mortal, mantiene el rumbo negacionista y el mismo equipo que ignoró las alertas meteorológicas en el día más trágico para los valencianos en un siglo.
Suscríbete para seguir leyendo
