FACUA-Consumidores en Acción ha puesto cifras al desconcierto que cada año envuelve a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), un trámite imprescindible para circular legalmente y que, sin embargo, presenta diferencias tan acusadas que pueden traducirse en más de un 215% de variación según la comunidad autónoma. En el caso de los turismos diésel, la brecha también resulta considerable, alcanzando el 91,5%.
España mantiene, en la práctica, diecisiete modelos distintos para un mismo servicio. Y el impacto para el bolsillo del usuario es evidente: para un vehículo de gasolina, la tarifa media nacional se sitúa en 38,25 euros, mientras que para un diésel asciende a 45,09 euros. A partir de ahí, la disparidad se dispara, configurando un mosaico irregular donde la ubicación pesa más que la propia inspección.
Euskadi, líder en las tarifas más caras
En la parte más elevada de la tabla aparece Euskadi, que se convierte en 2025 en la comunidad autónoma con las ITV más caras tanto para turismos de gasolina como diésel. En el primer caso, el coste alcanza los 53,63 euros; en el segundo, los 56,01 euros.
No se trata de una diferencia menor: aplicando el cálculo de FACUA, un conductor vasco paga por la ITV casi lo mismo que dos conductores mallorquines juntos. Una situación que la organización de consumidores vuelve a señalar como ejemplo de «falta de criterios homogéneos» en un servicio regulado de forma desigual.
Tras Euskadi se coloca Cantabria, que cobra 49,47 euros por las inspecciones de gasolina y 55,99 euros en las de los diésel, un precio apenas dos céntimos inferior al vasco. El tercer puesto para los vehículos de gasolina lo ocupa Castilla y León (45,63 euros), mientras que en los diésel aparece Aragón, con 54,87 euros.
Baleares, Andalucía y Extremadura vuelven a ser el refugio más barato
En el extremo opuesto del mapa están las ITV más económicas. Por octavo año consecutivo, las estaciones de Mallorca vuelven a ofrecer la tarifa más baja para los coches de gasolina: 17,01 euros, una cifra que contrasta brutalmente con los máximos que se pagan en el norte del país. En Menorca, también dentro del territorio balear, el precio sube a 30,92 euros, pero sigue siendo muy inferior a la media nacional.
El segundo puesto lo ocupa Andalucía, donde la tarifa para vehículos de menos de 1.600 cc es de 29,10 euros, y sube hasta 39,34 euros para el resto. Y completando el trío más barato se sitúa Extremadura, que aplica 29,25 euros en las estaciones gestionadas directamente por la administración autonómica. En las concesiones privadas, ese mismo servicio incrementa su coste hasta los 38,82 euros.
Para los vehículos diésel, el patrón se repite: Extremadura lidera la franja más económica con 29,25 euros en estaciones públicas, seguida por Baleares, donde tanto Mallorca como Menorca mantienen un precio uniforme de 30,92 euros. Andalucía, con 34,21 euros para los turismos de menor cilindrada, completa el podio.
Madrid, a la cabeza en precios para motocicletas
Si el panorama para los turismos es desigual, el de las motocicletas no se queda atrás. FACUA destaca que la Comunidad de Madrid se ha situado en 2025 como el territorio más caro para este tipo de vehículos, con un precio medio de 39,82 euros. La cifra casi duplica la media nacional, ubicada en 23,29 euros, y multiplica por casi cuatro la tarifa más barata de toda España.
Esa tarifa mínima está, de nuevo, en Mallorca, donde pasar la ITV de una moto apenas cuesta 10,21 euros. La diferencia entre ambos extremos —290,1%— es, según FACUA, un ejemplo evidente de cómo la liberalización y la falta de control tarifario pueden generar escenarios de desigualdad.
Madrid y Murcia: liberalización, descuentos y tarifas “a la carta”
La clave de las cifras madrileñas está en su modelo de gestión: la comunidad mantiene un sistema totalmente liberalizado, lo que significa que las tarifas no están reguladas por la administración y cada estación fija el precio que considera más conveniente. Según FACUA, la competencia entre empresas se traduce en un abanico amplio de precios oficiales sobre el que luego se aplican «descuentos de captación» de clientes, especialmente en franjas horarias de baja demanda.
Pese a esos descuentos, el precio medio de las inspecciones en Madrid alcanza los 37,31 euros en los coches de gasolina y 46,25 euros en los diésel. Estos últimos se sitúan un 2,6% por encima de la media nacional, consolidando a la región como una de las más caras del país para este tipo de vehículos.
Una situación similar se vive en Murcia, que desde 2024 opera exclusivamente con estaciones que fijan libremente sus precios. Allí, la tarifa media para turismos de gasolina queda en 37,01 euros —apenas un 0,5% más que el año pasado— y los diésel alcanzan los 49,51 euros, un 0,4% por encima de la referencia anterior.
La fórmula pública o privada, otro elemento que marca la diferencia
La organización de consumidores también destaca que el modelo de explotación varía notablemente según el territorio. En algunas comunidades, las ITV forman parte de un servicio público, gestionado directamente por la administración. En otras, su funcionamiento es privado, generalmente bajo un régimen de concesión en el que los precios están supervisados y aprobados por la autoridad competente.
Cuando la explotación es pública —como ocurre en las estaciones extremeñas— las tarifas suelen situarse en la franja más baja del país. En cambio, allí donde existe privatización total o liberalización, las diferencias entre estaciones y entre comunidades se hacen más notorias.
Un debate recurrente sin solución a la vista
FACUA vuelve a insistir en la necesidad de homogeneizar criterios y garantizar precios justos para un servicio obligatorio que afecta a millones de conductores. La diversidad autonómica —defendida por algunos como una forma de competencia y eficiencia— genera, según la asociación, un escenario desigual que penaliza al usuario según donde viva.
Con 2025 a la vuelta de la esquina, el panorama de las ITV en España mantiene intactas sus grandes diferencias territoriales. Un conductor mallorquín puede pagar por su ITV lo mismo que otro en Euskadi… pero casi tres veces menos. La equidad, al menos de momento, sigue sin entrar en la ecuación.
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