La presión sobre el Gobierno por parte de los imputados en la presunta trama Koldo comienza a incrementarse. A las puertas de la vistilla en la que el juez decidirá este jueves sobre la entrada en prisión de José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, por el pelotazo de las mascarillas durante la pandemia, ambos han agitado la existencia de una reunión entre Pedro Sánchez y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi en 2018. Supuestamente para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy con la que Sánchez llegó a Moncloa.
Primero fue Koldo García quien confirmó una información en este sentido publicada por el diario ‘El Español’. Tras negarla ambas partes, calificándola de «mentira», fue Ábalos quien salió a ratificarla. El que por entonces era secretario de Organización del PSOE lanzó un golpe a Moncloa y el jefe del Ejecutivo en la red social X asegurando que «sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió». La moción de censura contra Rajoy salió adelante con 180 votos a favor y 169 en contra. El apoyo de EH Bildu, entonces con dos diputados, no era necesario. En los días previos, Otegi dejó entrever su prioridad a echar al PP del Gobierno y «sincronizar» un frente en esta línea con los independentistas catalanes.
No fue el único mensaje en forma de aviso contra el Ejecutivo que disparó el exministro. Igual de directo, y también a través de las redes sociales, Ábalos arremetió a modo de amenaza contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por calificarlo en una entrevista de «golfo». «Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello», la reta deslizando una irregularidad. A ello se añade que Ábalos registró una pregunta parlamentaria este lunes donde apunta a presuntas irregularidades en la Autoridad Portuaria de Valencia, instando al ministerio de Transportes a encargar una auditoría.
Entre la incredulidad y la sopresa, fuentes de Moncloa asumen que Ábalos podría estar dejando entrever una intención de tirar de la manta como estrategia de defensa. Algo que no les cuadraría, al asegurar que «no es su estilo», pero que un colaborador del presidente del Gobierno no descarta. «La gente cuando está en estos procesos judiciales puede cambiar», señala, para apuntar que la amenaza de entrada en prisión puede «trastocar». Asimismo, no dejan de reiterar que les asombraría ver al exministro adoptando una estrategia de defensa «intentando decir cosas que no sean o trasladando dudas sobre los demás».
Otras fuentes de la oposición dejaban ya clara su interpretación tras el primer mensaje en el que Ábalos da fe de su conocimiento sobre la reunión entre Sánchez y Otegi. Esto es, prestarse a colaborar con la justicia al ver «los años que le piden a [Víctor de] Aldama», el presunto nexo corruptor de la trama, «y los que le piden a él». Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años para Ábalos y 19 para su asesor, Koldo García, frente a los siete años que se piden para para Aldama, quien está colaborando con la justicia y autoinculpándose con ello.
Los pasos de Aldama y Koldo
«No creo que tenga un comportamiento ahora como el de Aldama, pero la gente se trastorna cuando está en procesos judiciales», barruntan fuentes socialistas. A ello añaden que la preocupación no está en el Gobierno, sino en Ábalos por lo que pueda decidir el juez este jueves. En el grupo socialista se muestran a la expectiva sobre si Ábalos decide o no renunciar a su acta, ahora en el grupo Mixto tras ser expulsado del PSOE, y aseguran no entender sus intenciones y si un cambio de estrategia pocas horas antes de la vistilla tendría efectos en el procedimiento.
«No tenemos nada que esconder de ningún tema ni ninguna materia», trasladaba María Jesús Montero en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso este miércoles. Una tranquilidad en la que abundaban otras fuentes del Gobierno. Con todo, hay quien inerpreta que el exministro seguramente no está conforme con la petición de pena por parte de Anticorupción, y que «viendo los comportamientos de otros» pueda haber decidido probar otra estrategia.
«Está perimetrado»
Más allá de las amenazas de contenido político, en el Gobierno aseguran que la presunta trama está perimetrada y descartan que pueda haber más implicados. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, insistía en ello la pasada semana al asegurar que además «en el partido hemos investigado y no tenemos información que pueda comprometer al partido». «En el partido hemos vuelto a analizar y estudiar toda la información de aquellos años y la información que tenemos es que si existía una trama que se estaba corrompiendo no afectaba al partido, era de personas concretas», puntualizaba.
Desde el Ejecutivo se rechaza así cualquier responsabilidad ‘in vigilando’ al argumentar «no teníamos la información que ahora tenemos», tanto en referencia al presunto pelotazo de las mascarillas como a la operativa de comisiones a cambio de obra pública liderada por Santos Cerdán, primero su número dos en Ferraz y desde julio de 2021 su sucesor al frente de la secretaría de Organización.
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