La oposición, con los votos de PSOE, Vox, UPL-Soria y el Grupo Mixto, no convalidó ayer en el pleno de las Cortes el decreto-ley de medidas urgentes sobre el personal del operativo contra incendios forestales, aprobado el pasado 23 de octubre, que sólo respaldó el PP y los dos procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira-. De esta forma, queda derogado a pesar de las llamadas a la «responsabilidad» de los populares y la Junta ante la proximidad de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentó a la cámara el texto que señaló supone un «paso adelante importante» para contar con un operativo «más fuerte, más profesional y más justo», así como para mejorar las condiciones laborales del personal en un momento en el que señaló está «a la vuelta de la esquina» la próxima campaña electoral, lo que impedía tramitar una ley ordinaria.
González Gago defendió que se habían producido cinco reuniones con los representantes sindicales de los funcionarios y otras tantas con los del personal laboral para negociar este decreto-ley, así como el complemento específico ya aprobado. De esta forma, señaló que no es una reacción «puntual o coyuntural», sino una consecuencia de las políticas de la Junta para mejorar las condiciones de los empleados de la Administración autonómica, que suponen 200 millones al año.
Sin apoyo sindical
En definitiva, González Gago aseguró que el decreto-ley buscaba «multiplicar» la capacidad de actuación del operativo ante la nueva magnitud de los incendios, para que se encargue de la extinción, pero también de la prevención, la restauración de los ecosistemas, así como de ayudar en algunas emergencias. También, advirtió, de que el resultado de la votación iba a afectar a la negociación abierta sobre las relaciones de puestos de trabajo.
El socialista Miguel Hernández Alcojor rechazó con «preocupación» y desde la «responsabilidad» el decreto-ley, ya que señaló tampoco lo apoyan los sindicatos, por lo que echó en falta una negociación y diálogo «real». En su opinión, lo propuesto no va «más allá» de las obligaciones impuestas y señaló que no supone una transformación del operativo, puesto que las mejoras son «cosméticas». También, criticó que no se aclare que los efectivos sean «netamente públicos» y avisó: «No se puede engañar a la ciudadanía».
Las criticas también fueron generalizadas en el resto de grupos de la oposición. Así, el procurador de Vox Ignacio Sicilia develó los intentos del PP para tratar de que apoyaran el decreto-ley, pero insistió en que se mantenían en el «no» porque no hay ningún colectivo que les haya pedido que lo respalden. Además, criticó que por orden del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, toda la actividad se traslade a Tragsa
El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, insistió en la «soledad»” de la Junta y el PP ante el rechazo de los grupos y todos los sindicatos al decreto-ley. En su opinión, no se mejoran las condiciones de los integrantes del operativo, por lo que pidió a la Junta que retire el texto y comience a negociar otro nuevo.
En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que el decreto-ley es un «parche» porque no mejora ni amplía, el operativo. n
