El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula el funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias, a instancias de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
El recurso cuenta con el apoyo de las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que desean discernir cuestiones técnicas de «carácter competencial» en la citada norma, según explicaron ayer ambos centros docentes a través de un comunicado conjunto.
Al respecto, señalaron que el recurso plantea dudas jurídicas sobre diversos aspectos de la ley relativas al régimen de titulaciones oficiales y centros adscritos, admisión y permanencia de estudiantes, transferencia de conocimiento, retribuciones de personal investigador y acceso a los datos personales obrantes en los archivos de las universidades.
Los rectores de las instituciones isleñas -Francisco García (ULL) y Lluís Serra (ULPGC)- pusieron en conocimiento de los grupos parlamentarios las razones que les motivaron a dirigirse al Defensor del Pueblo. «Deseamos subrayar que esta decisión no pretende cuestionar en ningún momento la legitimidad y el buen hacer del Parlamento de Canarias para legislar dentro de sus competencias ni la relevancia de los Consejos Sociales como órganos esenciales de participación de la sociedad en la universidad. Mantenemos con ellos una relación leal y colaborativa, plenamente conscientes del papel que desempeñan en la supervisión y transparencia del sistema universitario», apuntaron en el documento.
Dudas sobre competencias y alcance de la ley
Entre las cuestiones que, desde un punto de vista técnico, requieren aclaración por parte de las universidades figura la atribución al Consejo Social de funciones decisorias o informes previos vinculantes que exceden su naturaleza como órgano de participación social.
También han mencionado la creación de estructuras y procedimientos que podrían situarse por encima de los órganos de gobierno universitario, así como la introducción de autorizaciones previas en materia económico-presupuestaria, que afectan a la planificación financiera y a la agilidad en la ejecución de proyectos docentes, de investigación e infraestructuras.
Los rectores canarios quieren aclarar «cuestiones técnicas de carácter competencial»
En la misma línea, advirtieron que algunas disposiciones podrían colisionar con la normativa básica estatal sobre organización universitaria, distribución de competencias y régimen del personal, lo que aconseja solicitar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que aporte seguridad jurídica al conjunto del sistema. «Queremos reiterar que esta actuación no altera nuestra voluntad de diálogo ni nuestra colaboración con los Consejos Sociales, con el Parlamento autonómico y con el Gobierno regional», continúan los rectores.
Las universidades públicas canarias, según aseguraron, continuarán trabajando «con lealtad institucional y al servicio de la sociedad, acatando plenamente la legislación vigente y, llegado el momento, la resolución que adopte el Tribunal Constitucional». Por ello afirmaron que quedan a disposición de los parlamentarios para cualquier aclaración.
Ya en junio, el rector de la ULL defendió que la Ley de Consejos Sociales no era una prioridad, pues las instituciones académicas públicas tenían que encarar antes muchas otras cuestiones como la financiación estable. Además, sostuvo que el texto propuesto por el Ejecutivo autonómico -que en aquel entonces era una proposición de ley- desnaturalizaba al propio órgano, que ya cuenta con un «evidente control» sobre las universidades.
