La Comisión Europea ha solicitado información a Shein tras detectar indicios de que la empresa china estaría ofreciendo productos ilegales en el mercado europeo, incluidas muñecas sexuales con apariencia infantil y armas, ha anunciado el Ejecutivo comunitario este miércoles en un comunicado.
«Los juguetes sexuales con apariencia infantil no tienen cabida en internet. Las armas no tienen cabida en internet. Los juguetes peligrosos no tienen cabida en internet», ha dicho el portavoz de la Comisión para asuntos digitales, Thomas Regnier. Sin embargo, «sabemos por las autoridades francesas que Shein los ha estado vendiendo en Francia».
Según Reigner, tras una serie de contactos con el Gobierno francés y Shein, el Ejecutivo comunitario cuenta con indicios suficientes para abrir potencialmente una investigación. Bruselas considera que la supuesta venta de estos productos podría suponer «un riesgo sistémico para los consumidores» en todo el territorio comunitario.
La Comisión ha solicitado al gigante chino información sobre dos cuestiones. Por un lado, Bruselas exige a la compañía que explique qué medidas está tomando para impedir que estos productos, ilegales en la UE, sean vendidos a través de su plataforma. Por otro lado, interroga a Shein sobre sus herramientas para verificar la edad de los consumidores u otras posibles formas de control para proteger a los menores frente a contenido «inapropiado».
Potencial suspensión
La Ley de Mercados Digitales de la UE pretende regular la venta online a través de grandes plataformas, como Shein. Este tipo de empresas con un peso importante en el mercado de venta online tiene la obligación de proteger a los menores y prevenir la venta de productos ilegales. Bruselas supervisa activamente que cumplen con sus obligaciones.
«Invitamos a Shein a cooperar y enviarnos la documentación interna que hemos solicitado, pero no prejuzgamos la posibilidad de abrir una investigación«, ha dicho el portavoz. De confirmarse que existe un riesgo sistémico, la Comisión podría optar por suspender a la empresa, pero el objetivo es corregir el problema, y esta opción es el último recurso.
En casos graves, como este, la Comisión anima a las autoridades nacionales a abrir investigaciones penales contra los vendedores, como ha hecho Francia. Lo hace insistiendo en la importancia de eliminar estos productos del mercado lo más rápido posible. Reigner ha insistido en cualquier caso, que aunque Bruselas no prejuzga el resultado del procedimiento, se toma la investigación «muy en serio».
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