La Diputación de Almería amaneció entre ‘flashes’ y detenciones el pasado 18 de noviembre. Aquel día la Guardia Civil arrestó a su entonces presidente, Javier Aureliano García, y al vicepresidente, Fernando Giménez, ambos del Partido Popular. Una actuación enmarcada en un posible caso de corrupción que abarca desde el cobro de comisiones por mascarillas a mordidas en contratos menores desde 2016. Pero no ha acabado ahí este asunto: el juez al cargo investiga a casi una veintena de empresas y las adjudicaciones de hasta cinco programas de la administración provincial.
Esto es lo que se desprende del auto judicial que dio pie a la intervención de la pasada semana, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. En este escrito se detalla que las pesquisas no se centran solo en supuestas comisiones por traer mascarillas en pandemia. Va mucho más allá. Tal como señala el magistrado al cargo, «la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado«.
Así, destaca que esta supuesta irregularidad durante el covid fue en realidad «una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos». «Y que tiene como eje central la Diputación Provincial de Almería con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del presidente, don Javier Aureliano García», recoge el auto, emitido solo un día antes de la detención del propio García.
Cerca de 20 empresas y cinco programas
Por eso la investigación no ha acabado aún. Todo lo contrario: el juez ha exigido en su auto a la Diputación almeriense los expedientes de contratación de hasta cinco programas ejecutados con anterioridad por esta administración. En concreto, los del Programa Acelera 2020 -enfocado en crear empleo reactivando la construcción-, de los Programas PIBIO 2018 y 2019 y de los Programas PCEM 2018 y 2019, centrados en ayudas a municipios para obras en sus cementerios.
Asimismo, el magistrado también ha reclamado documentación de cerca de una veintena de empresas. Entre ellas, OYC Servicios Urbanos SL y Gesa Andalucía 2004 SL, de las que pide «todos aquellos expedientes de contratación adjudicados entre 2016 y la actualidad«. Ambas sociedades, según recoge el auto, están vinculadas a Rodrigo Sánchez López y a su padre, Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines por el Partido Popular desde 2003 hasta este pasado martes, cuando ha presentado su dimisión.
Otra compañía sobre la que se ha puesto la lupa es Promociones Tagilis SL, de la que se han solicitado también los documentos de varias adjudicaciones. La administradora de esta empresa es la pareja del alcalde de Tíjola y diputado de Fondos Europeos, el popular Juan José Martínez. Un regidor del PP que ya declaró en condición de investigado ante la UCO la pasada semana en el marco de la operación desarrollada en Almería.
De un cementerio a un parque infantil
En cuanto a obras concretas, el juez ha pedido a la Diputación almeriense los expedientes de varias y diversas actuaciones: desde la sustitución de la red de abastecimiento en Tabernas a la construcción de un parque infantil y biosaludable en Senés. También ha exigido conocer todos los detalles de la contratación para la adecuación de piscina municipal de Chirivel y de los trabajos realizados en el cementerio municipal de Bacares.
Así, tal como se determina en el auto, «la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado». Es decir: esto ya no solo es el caso de las mascarillas. Y en el centro de la investigación están ahora también un buen número de empresas, programas de empleo y varias obras acometidas en municipios de la provincia de Almería.
