La cruzada reaccionaria de Javier Milei tiene desde esta semana un nuevo hito con la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de Argentina. Por primera vez desde la restauración democrática en diciembre de 1983 esa cartera será manejada por un militar. Pero lo que más estupor provoca por estas horas a los organismos defensores de los derechos humanos es el linaje del apellido. Su padre, Roque Carlos Presti, fue una pieza importante del esquema represivo en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura (1976-83). El Gobierno de ultraderecha no ha hecho más que redoblar su énfasis reivindicativo de aquel proceso que provocó miles de desapariciones.
Milei ha calificado a su nuevo alto cargo como «una persona con intachable carrera militar». Su nombramiento inaugura «una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados». Ha sido su hermana Karina, cuyo poder se ha incrementado tras la victoria electoral de octubre, la promotora de la designación.
«Nos están mortificando con ideas extrañas que tenemos la obligación de impedir», ha manifestado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien ha expresado su perplejidad y ha hablado de «una provocación» que incentiva una «situación de violencia en la sociedad». «Estamos en una Argentina tremenda».
Centros clandestinos
Carlos Presti padre se desempeñaba como jefe del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, en la capital bonaerense, cuando tuvo lugar el derrocamiento de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. Tras el golpe se hizo cargo de la jefatura de Policía de la principal provincia argentina. Una de sus primeras decisiones fue incorporar a los grupos armados de ultraderecha que operaban sin restricciones y con sus armas en la mano antes de la asonada militar. Presti manejaba a su vez varios centros clandestinos y la Unidad Penal 9 de La Plata donde se aplicaba la llamada «ley de fuga» por la que fueron fusilados algunos presos.
En su momento, se denunció su responsabilidad en el operativo donde fue secuestrada Clara Anahí Mariani, nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En 1986, el padre del flamante ministro se negó a someterse a las investigaciones judiciales sobre los delitos de lesa humanidad. La ley de impunidad, conocida como Obediencia Debida, lo dejó finalmente en libertad. Falleció en 1993, varios años antes de que, con el cambio de siglo, se anulara esa normativa y comenzaran los juicios a los represores.
Otras críticas
La Unión Cívica Radical (UCR), el partido de Raúl Alfonsín, el presidente que promovió en 1984 los juicios contra los comandantes de la dictadura, ha rechazado el paso dado por Milei. «La ley no lo permite, los militares no pueden mezclarse en política», ha manifestado Óscar Aguad, quien se había desempeñado como ministro de Defensa del derechista Mauricio Macri, en 2017. El radicalismo de la ciudad de La Plata ha sido mucho más duro en su comunicado. «Cuando Carlos Alberto Presti fue nombrado jefe del Ejército, jamás expresó una posición clara sobre los crímenes de la dictadura ni sobre las acusaciones contra su padre. Un silencio institucionalmente grave». El senador Martín Lousteau de ese partido ha hablado de «un retroceso institucional profundo, especialmente doloroso».
Hijas e hijos de represores
Uno de los principales reproches ha llegado de Desobedientes, una agrupación integrada por hijas e hijos de represores que repudian a sus padres y que ha recordado que «son 44 las víctimas por los crímenes de lesa humanidad por las que estaba acusado este coronel«. Los familiares «no somos responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos, pero no podemos dejar de señalar que todo el personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad debe brindar garantías de su compromiso democrático, en términos concretos. Carlos Alberto Presti no ha manifestado ninguna oposición a los crímenes de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre antes de asumir este altísimo cargo». En ese sentido, ha subrayado que «cualquier militar o policía que teniendo un padre genocida no tome partido en cuanto a que ninguna diferencia política puede dirimirse mediante un exterminio, presenta muy serias dudas y ninguna garantía de compromiso democrático».
El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos ha señalado que el nombramiento de Presti «se inscribe en un patrón alarmante del Gobierno: la fuerte presencia de familiares de genocidas en cargos de poder y la adopción de una posición abiertamente negocionista y reivindicadora del terrorismo de Estado». El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, tuvo como secretario de Estrategia y Asuntos Militares al general Claudio Pasqualini, yerno del coronel Athos Renés, un oficial condenado a prisión perpetua por la «masacre de Margarita Belén», como se conoce el fusilamiento de varios detenidos en la provincia norteña de Chaco bajo el argumento de que quisieron escapar de una cárcel.
Homenajes controvertidos
Antes de que Milei eligiera a Presti como su ministro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó una decisión osada y provocadora. Dispuso que la escuela de suboficiales de la Policía pase a llamarse Alberto Villar, en homenaje al comisario que participó de la fundación de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) que entre finales de 1973 y hasta el golpe de Estado fue responsable del asesinato de al menos 1.500 personas. Villar fue asesinado por Montoneros, la guerrilla peronista, a finales de 1974. Pero a la vez, Bullrich bautizó a la escuela de oficiales Ramón Falcón, un jefe policial asesinado en 1909 por un anarquista después de haber provocado propiciado la «Semana Roja» que dejó en la calle numerosos ciudadanos muertos, muchos de ellos inmigrantes. Bullrich asume como senadora nacional en diciembre. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) acaba de contabilizar solo en 2024 la existencia de 1.465 «hechos de tortura» en las cárceles que estaban bajo su órbita.
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