Los dos rostros de la estadística de la violencia de género en la provincia de Alicante: el ligero descenso de las denuncias frente al aumento de los casos de alto riesgo. Así lo reflejan los últimos informes tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como del sistema Viogen del Gobierno, que mide el nivel de riesgo de las víctimas. Son cifras que, con la llegada del 25-N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vuelven a recordar que el problema sigue vigente. Durante 2025, la provincia no ha sido ajena a esta lacra y cuenta con una víctima mortal contabilizada.
La última estadística judicial muestra un descenso muy leve de las denuncias a lo largo de este año tanto en Alicante como en España y la Comunidad. En los seis primeros meses de 2025, las denuncias bajaron un 7,8% respecto al mismo período del año anterior, pasando de 5.465 a 5.036 casos. Sin embargo, el número total de víctimas se mantiene prácticamente estable, con 4.992 mujeres afectadas, lo que evidencia que la caída en las denuncias no implica necesariamente menos violencia. Las cifras sitúan a la provincia de Alicante como la cuarta de España. Desde que hay datos, Alicante acumula ya 54.225 casos de violencia de género, aunque 46.829 de ellos ya no están activos, es decir, el 86,4 por ciento de los casos.
Los datos de Viogen
Frente a esta leve reducción de las denuncias, los últimos datos de Viogen, que corresponden al pasado octubre, muestran que los casos activos han aumentado un 5,7 % respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 6.570 a 6.946. Este incremento se concentra principalmente en los casos de riesgo alto, que suben de 89 a 100, mientras que los de riesgo bajo disminuyen de 5.847 a 5.609. Los casos de riesgo medio se mantienen prácticamente estables (1.235) y los extremos son dos, los mismos que el año pasado. La cifra de menores en situación de riesgo también se mantiene elevada, aunque ligeramente inferior a 2024, con un total de 151 en la provincia de Alicante en situación de vulnerabilidad, de ellos catorce están en riesgo alto y otros 137 están en riesgo medio.
Por edades, el grupo con más casos es el comprendido entre los 31 y los 45 años, con un total de 3.185. Otras franjas son los menores de 18 años, con 99 asuntos; entre 18 y 30 años, con 1.694; entre 46 y 64 años, con 1.795; y los mayores de 65, con 368.
Estos datos reflejan que, aunque las denuncias bajen, la gravedad de los casos activos aumenta, evidenciando que la violencia de género sigue siendo un problema complejo y que la estadística no siempre refleja la verdadera dimensión del riesgo que enfrentan las víctimas. Para los profesionales, uno de los problemas es que a muchas mujeres les sigue siendo muy difícil atreverse a denunciar. Y lo peor es que no encuentran facilidades para poder hacerlo. El último incidente han sido los fallos detectados en las pulseras de control a maltratadores, aunque en la provincia no consta oficialmente ninguna incidencia.
Carencias del sistema
Desde la Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante, con motivo del 25-N, se recuerda que el fenómeno es «estructural, global y cultural, afectando a mujeres de todas las edades y condiciones». En su manifiesto, de este año subrayan la urgencia de mejorar la formación de los profesionales de la justicia, ampliar los juzgados exclusivos y los horarios de atención, reforzar los sistemas de seguimiento de riesgos y garantizar una respuesta integral a las víctimas. Según el colectivo, «lo que no se nombra, no existe», y relativizar la violencia o dificultar el acceso a la justicia supone una segunda victimización que dificulta que las estadísticas reflejen la verdadera magnitud del problema. La presidenta de la agrupación, Isabel Moltó, pocos avances podrá haber en la lucha contra esta lacra «mientras la violencia de género siga siendo moneda de cambio en las políticas de la Comunidad Valenciana», aseguró en referencia a los acuerdos entre PP y Vox.
Detrás de los números, la experiencia de las víctimas en los juzgados revela un panorama desgarrador. Fanny Serrano, abogada especializada en violencia de género, lamenta las deficiencias de los protocolos para las víctimas, que comparecen agotadas tras horas de espera. «Llegas muchas veces sin dormir sin conocer sus derechos, ni con un acompañamiento legal desde el primer momento», se queja, generando situaciones en las que «se machaca a las víctimas en el afán de protegerlas». En este sentido, recuerda que incluso mujeres con el brazo roto han estado horas en el juzgado antes de ir al hospital. La profesional insiste en la necesidad de que la primera declaración sea considerada prueba preconstituida y que se organice cuando la víctima esté descansada, evitando así que el proceso judicial se convierta en una segunda violencia.
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