Renovar el obsoleto parque de generación térmica de Canarias obligará a crear un máximo de 2.700 empleos durante el tiempo que duren las obras de construcción de las nuevas plantas. Una vez entren en marcha, durante un mínimo de 25 años, que es la vida útil regulatoria de la que gozan los proyectos, serán alrededor de 920 trabajadores los necesarios para mantenerlas en perfecto estado.
Así se deduce del informe remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en torno al «procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional».
En otras palabras, dicho documento señala qué proyectos de los que se presentaron al proceso de concurrencia convocado por el Miteco tienen derecho durante los próximos 25 años a percibir la demasía con la que el sistema eléctrico compensa los costes más elevados que conlleva generar electricidad en los territorios insulares y extrapeninsulares.
924 megavatios
La resolución provisional –admite alegaciones por un periodo de quince días– contempla la entrada de 379 megavatios en Tenerife, 330 en Gran Canaria y 215 en el subsistema Lanzarote-Fuerteventura; este último, el único que hasta la fecha enlaza por cable submarino. En total son 924 megavatios de «potencia adicional térmica», los necesarios «para asegurar la cobertura de la demanda en cada uno de los sistemas eléctricos aislados».
En fase de construcción de las nuevas infraestructuras, la estimación es de entre uno y tres puestos de trabajo por megavatio. Cuando la planta entra en funcionamiento, la regla estima que es un empleo por cada megavatio. En el caso del Archipiélago, el máximo esperable en la fase de construcción conllevaría la demanda de 2.772 trabajadores, mientras que una vez que arranquen y comiencen a prestar servicio las máquinas serán 924 los puestos de trabajo necesarios.
Endesa
De las 181 solicitudes que se admitieron a trámite, el 68,5% (124) corresponden al sistema eléctrico del Archipiélago. Fueron cinco las entidades que decidieron concurrir y cuatro obtuvieron el beneplácito de la Dirección General de Política Energética y Minas (departamento del Miteco). Son el Grupo Endesa –a través de Gas y Electricidad Generación (GESA), Unelco y Endesa Generación–, Sampol Ingeniería y Obras, Disa y Canary Carreteras (creada hace cuatro años por Grupo Satocan).
De ellas, Grupo Endesa presentó 129 solicitudes, la que más con diferencia. Sampol concurrió con 25 proyectos; Disa, con 23, y Canary Carreteras, con dos. Hubo una quinta empresa, Bioenergía Gran Canaria (Grupo Pérez Moreno), que también aspiró, sin éxito, a colocar dos proyectos en el listado provisional de adjudicatarios.
Fallo provisional
Todas las participantes mantienen silencio en virtud de la provisionalidad del fallo. El lunes, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, celebró la entrada de competencia en el mercado de la generación eléctrica en el Archipiélago, hasta el momento cubierto por completo por Endesa. El integrante del Gobierno de Fernando Clavijo aludió al «beneficio para el ciudadano» que, en su opinión, «siempre» conlleva la existencia de más de un operador en cualquier actividad.
La finalización del régimen de monopolio la auspició José Manuel Soria cuando fue ministro mediante la ley 17/2013. Esa norma excluía de la percepción del régimen retributivo específico a las empresas que superan el 40% de cuota de mercado. No obstante, ese mandato incluye excepciones que han permitido a Endesa mantener su protagonismo –ya no exclusivo– en el mercado de generación de las Islas. El informe de la CNMC alude a ellas. Siguen teniendo derecho, «las inversiones de renovación y mejora de la eficiencia que no supongan aumento de capacidad», así como «las instalaciones preexistentes».
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