Primeras cifras del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica. La compañía ha comunicado este lunes que el despido colectivo anunciado la semana pasada afectará a un máximo de 5.040 trabajadores de sus tres principales filiales en nuestro país (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones). Esto supone un 37,1% de los 13.597 que componen sus plantillas.
La dirección de la empresa ha dado a conocer esta cifra a los representantes de los trabajadores durante la primera reunión de las mesas de negociación del ERE, que en esta ocasión afectará a siete filiales del grupo. Esto supone una diferencia respecto a anteriores procesos de despido colectivo, que se limitaron sólo a las incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV).
En esta ocasión, de las tres empresas del CEV, Telefónica de España es la que concentrará la mayor parte de las bajas. En concreto, la primera propuesta de la dirección contempla la salida de 3.659 personas, lo que representa un 41,04% sobre una plantilla total de 8.892 personas.
Por su parte, en Telefónica Móviles están previstas 1.124 salidas, lo que equivale a un 31,34% de una plantilla total de 3.587. En el caso de la filial de Soluciones, que cuenta actualmente con 1.118 trabajadores, el ERE afectará al 23,89%, ya que se han propuesto 267 bajas.
No obstante, el número total de trabajadores de Telefónica que podrían salir del grupo en el marco de este ajuste laboral no se conocerá hasta este martes, que es para cuando se han convocado las primeras mesas de negociación de las otras cuatro filiales afectadas por el expediente de regulación de empleo.
Se trata de Movistar+, donde se enmarca su negocio de televisión; Telefónica SA, que engloba a los empleados del centro corporativo; Global Solutions e Innovación Digital.
En su reunión con los representantes de los trabajadores, Telefónica ha aludido a «causas organizativas, técnicas y de producción» para poner en marcha estos expedientes de regulación de empleo.
Negociaciones
Con la constitución de las mesas de negociación arranca ahora un periodo de un mes en el que las dos partes intentarán llegar a un acuerdo tanto respecto al número definitivo de afectados, que podría ser inferior al propuesto inicialmente por la empresa, así como en las condiciones en las que se producirán las salidas.
Tras la reunión de este lunes, UGT exige que cualquier medida que se adopte se articule como «un proceso estrictamente voluntario basado en prejubilaciones, en coherencia con lo firmado en el acta del ERE de 2024″. En esta misma línea se posicionan desde CCOO, que añade también que debe tener «buenas condiciones económicas y sociales» y que se garantice el enlace con la jubilación.
Asimismo, los sindicatos han pedido que, de forma paralela al despido colectivo, se negocien garantías laborales hasta 2030, que es la vigencia del plan estratégico presentado a principios de noviembre, para la plantilla que se quede en Telefónica. Esto implicaría negociar un nuevo convenio o prorrogar el actual con condiciones mejoradas.
De hecho, UGT avisa de que «resultará imposible alcanzar un acuerdo global si no avanzan de forma satisfactoria las negociaciones para prorrogar el actual CEV hasta 2030″. «Dicha prórroga permitiría extender las garantías y mejorar las condiciones sociolaborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del plan estratégico», incide.
Este ERE supondrá el quinto recorte de personal que Telefónica llevará a cabo en poco más de diez años. En concreto, pactó con los sindicatos tres Planes de Suspensión Individual (PSI) consecutivos (2015, 2019 y 2021), a los que se acogieron más de 11.300 trabajadores, y un ERE en 2024, que se cerró con 3.393 salidas.
Todos estos ajustes fueron acordados con los sindicatos e incluyeron únicamente salidas voluntarias. De hecho, en algunos casos hubo solicitudes que no fueron aceptadas por la empresa, ya que se superó el número de bajas pactadas.
