La presión de la calle, de los socios y, ahora, de las urnas ha llevado a los dos partidos del Gobierno a pisar el acelerador en materia de vivienda. Con el 40% de la población preocupada por el alza de los precios, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), PSOE y Sumar buscan dar un empujón legislativo que les permita llegar a los comicios de Extremadura, programados para el 21 de diciembre, cargados de argumentos para la batalla electoral. No son los únicos. El PP ha anunciado este mismo sábado que van a organizar sesiones monográficas en el Congreso con expertos y afectados sobre ocupación.
A un mes de que se instalen las urnas en Extremadura, a lo que le seguirá Castilla y León en marzo y Andalucía al comienzo del verano, el PSOE ha decidido dar un impulso a la proposición de ley para regular los alquileres temporales y por habitaciones que presentaron todos sus aliados de izquierdas. Y, la próxima semana, será Sumar quien lleve al pleno del Congreso una modificación de la Ley de Vivienda para prohibir que fondos de inversión puedan comprar casas en España. No obstante, lograr la mayoría parlamentaria sin el respaldo de Junts deja las iniciativas de PSOE y Sumar como una mera declaración de intenciones de cara a los comicios.
Los alquileres temporales
Un año después de que Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG registraran una proposición de ley para regular los alquileres temporales, el PSOE decidió reactivar la tramitación de esta norma hace dos semanas. El martes pasado, los socialistas lograron un acuerdo con todos sus socios, a excepción de Junts, para retocar el texto original. El objetivo de la norma es limitar los alquileres temporales y dotar a estos inquilinos y a los que alquilan habitaciones de los mismos derechos que aquellas personas que arrienda una vivienda habitual.
La intención del PSOE era aprobar la norma en la comisión de Vivienda, donde no es necesario el voto de Junts. Sin embargo, todo apunta a que el texto será debatido en última instancia en el hemiciclo y allí los votos de los posconvergentes sí son clave. Esto echará por tierra los planes de los socialistas, pero dibuja otro escenario positivo. Si todo continúa su ritmo habitual, los partidos del Gobierno podrá defender esta norma en el hemiciclo a escasos diez días de que los ciudadanos de Extremadura vayan a las urnas y el voto en contra de la derecha les servirá para contraponer su programa electoral con el del PP.
Por otro lado, Sumar tratará también de hacerse un hueco en el debate impulsando una norma para modificar la Ley de Vivienda con el objetivo de prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. La iniciativa, que se debatirá el próximo martes en el Congreso, tiene pocas papeletas de salir adelante ante el más que probable voto en contra de PP, Vox y Junts. Además, habrá que esperar a ver qué hacen los socialistas, poco favorables a este tipo de medidas. No obstante, el debate permitirá a los de Yolanda Díaz marcar perfil ante el ala socialista del Ejecutivo de cara a los comicios.
Confrontación electoral
El PP también está dispuesto a entrar de lleno en el problema de la vivienda, aunque desde un punto de vista diferente. Este sábado, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha anunciado que impulsarán unas sesiones monográficas para que comparezca expertos, profesionales y afectados sobre la ocupación. La primera de estas sesiones será este mismo lunes y acudirán a dar su opinión a la Cámara Alta representantes de JUPOL, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Los conservadores quieren extender esta iniciativa en el tiempo y han programado también la comparecencia de los alcaldes de Madrid y Barcelona, Jose Luis Martínez Almeida y Jaume Collboni, respectivamente, para el 14 de enero. Los populares plantean esta cita en términos de enfrentamiento y García habla de un «Madrid-Barça muy revelador» que mostrará «dos modelos diferentes contra la ocupación».
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