El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y sus siete hijos llegan hoy a juicio por el origen de la fortuna oculta en Andorra que el exjefe del Govern confesó en 2014. La vista arranca este lunes con una decisión que lo marcará, tanto en cuanto a su trascendencia política como en el desarrollo de las sesiones en la Audiencia Nacional: el tribunal deberá decidir si Pujol puede ser o no juzgado, después de que los forenses que le examinaron hayan concluido que «no está en condiciones» de hacerlo y tras haber pasado seis días hospitalizado por una neumonía. La previsión es que el juicio se alargue durante 41 jornadas, eso es, hasta mayo; que se sienten en el banquillo de los acusados hasta 19 personas, entre la familia y los empresarios vinculados a la trama, y que se escuche la versión de hasta 250 testigos. En el estrado, se lucirán primeras espadas.
El tribunal está presidido por José Ricardo de Prada y compuesto por las magistradas Ana Mercedes del Molino y María Fernanda García, que será la encargada de dictar la sentencia, y acordó que el expresidente debe comparecer antes del inicio de las sesiones por videoconferencia, junto a los médicos que le exploraron y el forense de la Audiencia Nacional, para que sean los propios magistrados quienes determinen si debe ser eximido de responsabilidad penal por una demencia sobrevenida, como ocurrió en 2021 con su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida. La defensa alega, en un escrito que avanzó El Periódico de Catalunya, que el expresident presenta un «diagnóstico neurocognitivo mayor, de tipo Alzhéimer y vascular» y, por lo tanto, «no posee, hoy en día, las capacidades necesarias para defenderse de manera autosuficiente». Ese deterioro cognitivo es, además, «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz», por lo que sus abogados tratarán de evitar que sea juzgado.
El origen del dinero
Sea cual sea la decisión que se adopte sobre Jordi Pujol Soley, en el banquillo de los acusados se sentarán sus siete hijos, la exesposa del primogénito y los empresarios que presuntamente les ayudaron a ocultar su fortuna en Andorra. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 y 29 años para toda la familia, por enriquecerse, gracias al ascendente del patriarca, el expresidente de la Generalitat, para el que pide 9 años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales. En el lado opuesto, la defensa solicita la libre absolución de todos ellos con el argumento de que el dinero que guardaban en Andorra procedía de la herencia que les dejó el abuelo Florenci.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. / Alberto Paredes – Europa Press – Archivo
El origen del dinero es clave para que haya delito de blanqueo y será la piedra angular del juicio. Anticorrupción comienza su escrito con el comunicado que en julio de 2014 dio a conocer el presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003 y presidente de CDC entre 1989 y 2012, en el que atribuía su fortuna en Andorra a la herencia que le dejó su padre, Florenci Pujol. La fiscalía no da crédito a esta versión que considera «acordada por todos los miembros de la familia» porque Pujol Soley tenía dinero en Andorra al menos desde 1990 y con su mujer acordó que se distribuyese en cuentas a nombre de sus siete hijos. Los fondos los gestionaría el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que el fiscal solicita 29 años de cárcel por los mismos delitos que su padre, más falsedad, cinco delitos fiscales y frustración de la ejecución.
Para Anticorrupción la herencia no es más que una excusa para ocultar la «red de clientelismo» que tejió el expresident aprovechando sus cargos con empresarios afines a CDC que se repartían los «sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las Administraciones catalanas bajo el control» del partido. Como todos los miembros de la familia eran conscientes de ello, todos están acusados de blanqueo y asociación ilícita, y se enfrentan, salvo Jordi y Josep, a ocho años de cárcel.
La prescripción del delito
Cuando se aclare si el expresidente de la Generalitat puede ser juzgado o no, comenzará el juicio propiamente dicho con las cuestiones previas, que está previsto que se prolonguen durante dos días. En ellas las defensas intentarán lograr la nulidad de las actuaciones, para evitar ‘in extremis’ el juicio. Enfrente tendrán al fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, que se opondrá, cuando menos, a la mayoría de las alegaciones.
Las defensas tienen previsto alegar la prescripción del delito del que están acusados sus clientes, así como la nulidad de actuaciones por varios motivos, entre los que figura que todo comenzó a partir de una prueba que consideran ilícita, porque partió de la denuncia de Vicky Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en la que contó que le había acompañado a Andorra con bolsas llenas de efectivo. Los abogados esgrimirán que para que diera ese paso fue animada por el excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales.
También fue en el caso Pujol en el que exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, trató de introducir un pendrive de origen dudoso. No lo consiguió, porque fue apartado por los jueces instructores y ello supuso para el policía una condena de un año de cárcel, la única impuesta por un episodio de la ‘Operación Cataluña’.
Las defensas también argumentarán en el trámite de cuestiones previas -que habitualmente el tribunal resuelve en sentencia-que las comisiones rogatorias a Andorra, donde la familia guardaba su fortuna, especificaban que no se podía acusar de blanqueo de capitales ni de fraude a Hacienda.
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