El todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, remitió este lunes una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para solicitar su cese en el cargo tras conocerse el pasado jueves el fallo del Tribunal Supremo, por el que le condenó por un delito de revelación de datos reservados, con una pena de dos años de inhabilitación especial. Esta inhabilitación comenzará cuando se notifique la sentencia.
La misiva aparece con membrete de la Fiscalía General del Estado y se dirige al titular de Justicia, advirtiendo de que el pasado jueves 20 de noviembre fue notificado del fallo condenatorio por parte del Supremo, «tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objetos de enjuiciamiento».
En este punto, García Ortiz apela al «profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad -siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía» para apuntar a su «decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General». Un paso que califica como «un acto debido no solo al Ministerio Fiscal sino a toda la ciudadanía española».
El todavía fiscal general apunta a que su decisión es consecuencia «directamente» del fallo condenatorio, pero advierte de su «convencimiento de haber servido fielmente a la institución» con «una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad y institucional». Así, continúa pidiendo su cese.
«Solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado», señala, antes de agradecer al Gobierno de España su nombramiento. «La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».
Carta íntegra del fiscal general del Estado
Estimado Ministro:
El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral celebrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Causa Especial 20557/2024).
Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento.
El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad siempre presente en mi mandato- de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General. Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española.
Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional.
Por ello, a través de esta carta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 a) y 3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, solicito a petición propia que el Consejo de Ministros acepte el cese de mi mandato como Fiscal General del Estado.
Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para transmitirte un afectuoso saludo.
Álvaro García Ortiz
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