La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que finalmente el expresidente catalán Jordi Pujol Soley asista al juicio que ha comenzado este lunes por la fortuna que la familia guardaba en Andorra, sin perjucio de que más adelante adopte otra decisión en función de la evolución que presente el acusado. Él seguirá el juicio por videoconferencia y los que se sentarán en el banquillo de la sede de San Fernando de Henares (Madrid) son sus siete hijos, la exesposa del primogénito y los diez empresarios que la fiscalía considera que les ayudaron a ganar u ocultar el dinero.
Después de que los forenses que le examinaron, a petición de la defensa, determinaran que «no está en condiciones de ser juzgado», el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, citó por videoconferencia a los expertos y al propio Pujol Soley para comprobar en persona cómo se encuentra.
En la comparecencia, que empezó con 50 minutos de retraso, por problemas técnicos para poder conectar con Barcelona y que tuvieron que ser solucionados, los expertos fueron «muy concluyentes» a la hora de eximirle del juicio, al considerar que no está «en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente«, informaron fuentes jurídicas presentes en la comparecencia a EL PERIÓDICO.
Después de que los forenses defendieran ante el tribunal sus conclusiones, llegó el turno del expresidente, que, según las mismas fuentes, contestó bien a las preguntas que le han formulado los magistrados. Afirmó que se encuentra «más o menos bien» y que «está a disposición del tribunal».
Tras escucharles, De Prada decidió suspender la vista durante 15 minutos. Al retomar, el tribunal ha acordado que puede ser juzgado de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita por los que se enfrentaba a una petición de nueve años de prisión. Cinco de sus siete hijos se enfrentan a ocho años por los mismos delitos.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en cambio, se enfrenta a 29 años de cárcel, al estar acusado de más delitos que sus compañeros de banquillo, puesto que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue el encargado por sus padres, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ya fallecida, de gestionar la fortuna que guardaban en Andorra, fruto de las comisiones cobradas por la familia dado el ascendente que el ‘expresident’ mantenía sobre las Administraciones gobernadas por Convergència.
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