El Grupo Parlamentario Popular ha remitido una batería de preguntas al Gobierno para que «asuma responsabilidades» por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los escritos parlamentarios, que destacan las «contradicciones» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que «ha tardado 13 meses» en licitar las obras del barranco del Poyo, proyecto que llevaba 14 años sobre la mesa.
Una de las cuestiones centrales fue registrada apenas días antes de la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación del Congreso: «¿Por qué el Gobierno sigue sin emprender las obras del barranco del Poyo que hubieran evitado la magnitud de la catástrofe de la dana?»
El Ministerio de Transición Ecológica aprovechó la expectación de la comparecencia del presidente regional dimitido para esconder la licitación, 14 años después, de un nuevo proyecto para unas obras autorizadas por Teresa Ribera en 2011, cuando era secretaria de estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y paralizadas por ella misma, ya como vicepresidenta, en 2021.
La pregunta, firmada por el diputado Rafael Hernando antes de la última actuación del Ejecutivo, 13 meses después de la tragedia, «demuestra la responsabilidad política» de un Ejecutivo que descartó invertir en prevención mientras permitía que Valencia siguiera expuesta al riesgo de inundaciones, según los populares.
El Gobierno no licitó la redacción de nuevos proyectos hasta el 18 de noviembre de 2025, 380 días después de la tragedia. Ese retraso es el que trasluce en esa primera pregunta parlamentaria: la inacción sistemática durante más de un año, cuando habría podido acelerar los trámites para las obras de mitigación.
Esta contradicción resume la trayectoria fatal de las obras: aprobadas en un Gobierno socialista, revisadas burocráticamente por el siguiente, y bloqueadas cuando Ribera regresó al poder.
Entre las preguntas remitidas por el Grupo Parlamentario Popular destaca también la exigencia de explicaciones a la ministra de Ciencia, y líder del PSPV, Diana Morant. Los diputados del PP cuestionan «por qué la ministra no atendió los requerimientos de atención y ayuda que le solicitó el vicepresidente de la Reconstrucción, Gan Pampols».
La pregunta parlamentaria, registrada el 17 de noviembre de 2025, hace referencia al año largo transcurrido tras la dana, cuando el teniente general Francisco José Gan Pampols fue designado vicepresidente de la Reconstrucción.
Según se expone en el escrito parlamentario firmado por 13 diputados populares, la propia Morant «reconoció públicamente no haber atendido sus comunicaciones». Este «abandono» constituye, para el PP, otro ejemplo de las «contradicciones» y la «descoordinación» forzada por el Ejecutivo con el regional.
También cuestiona el PP «por qué el ministro del Interior no declaró la emergencia nacional» tras conocerse la magnitud de la catástrofe. Esta omisión «impidió movilizar recursos extraordinarios» que hubieran agilizado la llegada del Ejército y las Fuerzas de Seguridad en los primeros momentos críticos.
Más de un año denunciando
Mazón ha denunciado que «en más de un año, el Gobierno no ha movido un solo papel para iniciar las obras hidráulicas necesarias para la Comunidad Valenciana, que tiene la orografía más peligrosa de Europa«. Según lamentó en su última entrevista antes de dimitir, en EL ESPAÑOL, «si hoy volviera a llover igual, volvería a pasar lo mismo».
El mismo mensaje reiteraba este jueves María José Catalá, alcaldesa de Valencia, quien subrayaba en una entrevista en Onda Cero que «la Comunidad Valenciana lleva años reclamando esas obras hidráulicas» que habrían mitigado los efectos de la tragedia, «igual que el desvío del Turia, hace décadas, salvó a la ciudad el 29-O».
Los populares insisten en que, antes incluso de que se hablara de cambio climático, toda la región ha venido sufriendo «dos o tres episodios de gota fría cada año» con inundaciones y riadas que precisan prevención.
Por su parte, Juanfran Pérez Llorca, candidato a suceder a Mazón, ha criticado que el Ejecutivo central siga sin actuar sobre las infraestructuras que habrían mitigado la catástrofe.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha trazado un contraste brutal entre la responsabilidad política asumida por Mazón y la pasividad del Ejecutivo central.
«El único que ha asumido responsabilidades ha sido Mazón, pidiendo perdón, remodelando su Gobierno hasta dos veces, impulsando la reconstrucción con recursos propios, entregando miles de millones en ayudas directas y, finalmente, dimitiendo», señala Feijóo.
El PP ha denunciado también que Moncloa retrasó «adrede» la llegada de la ayuda del Ejército y las Fuerzas de Seguridad. «El Gobierno vio en la DANA un elemento de confrontación política, como sucedió con los incendios del verano anterior», acusan los populares. Esta estrategia supuestamente politizada habría agravado los daños en las primeras horas críticas.
«Caro para el beneficio»
La investigación de EL ESPAÑOL desvela que la empresa Typsa redactó en 2010 un proyecto de 240 millones de euros que contemplaba siete actuaciones. En 2011, obtuvo declaración de impacto ambiental favorable, firmada por la propia Ribera.
Sin embargo, ni el Gobierno de Zapatero presupuestó la ejecución, ni el de Rajoy la aceleró durante la crisis económica. Simplemente, remodeló los pliegos para adaptarlos a la nueva normativa europea, sin iniciar las obras.
Cuando Sánchez llegó al poder en 2018, encontró un proyecto viejo pero aún viable. En 2021, su Gobierno decidió paralizarlo definitivamente, argumentando que era «demasiado caro para el beneficio obtenido» y teóricamente «incompatible» con la Ley de la Huerta del Gobierno socialista valenciano.
El ingeniero Javier Machí, que proyectó las obras, ha advertido repetidamente: «La obra estaba aprobada. El Gobierno nunca puso el dinero«. Sobre su impacto potencial, afirmó que «habría sido una inundación mucho menor, con menor velocidad del agua y menor impacto en zonas urbanas. Habría salvado vidas«.
La licitación ahora, en noviembre de 2025, sólo contempla la redacción de nuevos proyectos, con un plazo de 36 meses. La ejecución de las obras no comenzaría hasta 2028 como mínimo, más de tres años después de la DANA y casi dos décadas después de su diseño original.
El Gobierno invirtió 33,7 millones de euros en el Ebro en 2021, mientras paralizaba el Poyo por «falta de presupuesto». Una disparidad que el PP destaca como una decisión política, «no económica».
