El abogado Carlos Perales ha comunicado este lunes al juez Juan Carlos Peinado su renuncia a seguir representando a Manos Limpias como acusación popular en las diligencias abiertas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros.
El abogado adjunta a su comunicación un burofax dirigido a Manos Limpias el pasado 25 de septiembre en el que considera que la «utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política» que observa es incompatible con la función técnica que corresponde a la dirección letrada.
«La abogacía no puede ser confundida con el activismo político», afirma.
Manos Limpias está personada en el ‘caso Begoña Gómez’ junto a otras cuatro acciones populares: Hazte Oir, Vox, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.
La presencia de las acciones populares en estas diligencias es esencial porque la Fiscalía no ve delito en los hechos en los que Peinado ha centrado la investigación y ha interpuesto numerosos recursos.
Perales explica en el burofax que «me veo en la necesidad» de formalizar la renuncia a la dirección letrada y a la representación procesal que venía desempeñando para Manos Limpias en el proceso contra Gómez. Además de ella, están investigados su asistente en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exsecretario general de Presidencia del Gobierno Francisco Martín Aguirre, actualmente delegado del Gobierno en Madrid.
El letrado ha «constatado» que «concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico».
«Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica», añade, «ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática».
Perales indica que las decisiones estratégicas en torno al proceso penal «ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos», sino que «responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico«.
«Esta evolución es legítima desde la óptica de la propia asociación, que puede valorar la conveniencia de orientar sus actuaciones hacia un plano reivindicativo o mediático», afirma.
Sin embargo, «desde la perspectiva de este despacho profesional, resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos».
«La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar».
«La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública», subraya. «El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático».
Para Carlos Perales, «mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso«.
En consecuencia, concluye, «esta deriva constituye una causa objetiva y suficiente para apartarse de la dirección letrada, en salvaguarda tanto de la independencia profesional como de la dignidad de la Abogacía«.
