Koldo García era un vulgar correveidile con el Govern Armengol, según el informe librado por la UCO a la Audiencia Nacional sobre «Análisis de las contrataciones formalizadas por Canarias» durante la covid. A lo largo de más de trescientos folios menudean las alusiones a Baleares, para confirmar por ejemplo que Víctor de Aldama era el auténtico cabecilla que dirigió los jugosos contratos de la trama con la conselleria de Sanidad socialista. El trato preferente se establece primero con las mascarillas fraudulentas y después con unas pruebas obligatorias o PCR declaradas nulas por unanimidad del Tribunal Constitucional.
El informe de la Guardia Civil dibuja la jerarquía de la presunta organización criminal favorecida por contratos millonarios del Govern Armengol. Al detallar el funcionamiento de la empresa que sirvió cuatro millones de euros en mascarillas fraudulentas a Baleares, se destaca «que es Víctor de Aldama quien da las instrucciones en lo concerniente a los contratos de Soluciones de Gestión tanto con Canarias como con Baleares».
La puntualización del papel supremo de Aldama es relevante, porque el comisionista se ha autoinculpado por su papel en la trama ante los tribunales. Este empresario ha admitido incluso que le corresponde una condena por una actividad que en Baleares se desdobló al menos en las mascarillas y las PCR. Sin olvidar su papel relevante y también esgrimido por las acusaciones penales en el rescate de Air Europa, la mayor empresa del archipiélago.
El papel clave jugado por Aldama según la UCO contrasta con la coartada del Govern Armengol. Tanto la presidenta como los cargos de Sanidad se han refugiado «en que la oferta venía de Transportes», como si fuera un aval inmunizador. Curiosamente, en la aprobación de un contrato por material inservible y pagado de inmediato no se detalla el procedimiento seguido para contactar con Baleares, a diferencia de lo que ocurre con los restantes suministros de mascarillas.
En el escalafón de la trama presuntamente corrupta, la UCO establece que así en Baleares como en Canarias, «para dinamizar estas operaciones, Víctor de Aldama estaría hablando con Koldo, al que se refiere como ‘el chiquitín». El tráfico mercantil con el Govern Armengol es clave en la acusación sustentada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Supremo. De hecho, las imposiciones que el PSOE balear aceptó sin rechistar serán decisivas en la comparecencia del exministro José Luis Ábalos y de su chófer Koldo ante el Supremo el próximo jueves, con su permanencia en libertad en juego.
La sintonía del Govern Armengol con «las instrucciones» de Aldama fue ejemplar en la compra de mascarillas jamás utilizadas, pero en el caso de las PCR anticonstitucionales puede hablarse de un entreguismo rayano en la sumisión. El comisionista celebró en un audio su segundo pelotazo con la izquierda, al grito de «Baleares ya han dicho OK», sin ocultar su euforia ante un éxito que aquí se atribuyó personalmente, al margen de intermediarios ni subordinados.
El informe de la UCO también ha desvelado que el Govern Armengol aprobó las pruebas anticonstitucionales de la covid pese a que se adjudicaban a una empresa que carecía de la imprescindible licencia. La Guardia Civil destaca que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no concedió la autorización a Eurofins Megalab hasta mediados de diciembre de 2020, una decisión saludada con alborozo por Ábalos, Koldo y Aldama, al grito de «el pollo está en el horno» emitido por uno de los socios. Sin embargo, el comisionista se jactaba de que «Baleares acaban de dar el OK», a finales de noviembre. Por tanto, Sanidad se prestó a contratar a una sociedad que carecía de acreditación oficial para la tarea encomendada, y que además le obligó a retorcer la legislación para imponer los análisis a la población.
Suscríbete para seguir leyendo
