Un total de 221 viviendas protegidas serán construidas en Alicante en un plazo aún indeterminado, dentro del Plan Vive impulsado por la Generalitat. Los pisos se habilitarán en cinco solares diferentes de la ciudad tras el visto bueno del Consell al convenio firmado previamente por el Ayuntamiento de Alicante.
La licitación de las obras está dividida en dos lotes. El más elevado incluye cuatro parcelas para viviendas de protección pública y asciende a 4.355.709 euros. Los bloques se ubicarán en la avenida Jaime I, que separa Tómbola de Los Ángeles; en la calle Médico Ricardo Ferré del PAU 1, en la calle Banda de los Claveles de Gran Vía Sur y en la avenida de Dénia. En estos solares se construirán 165 viviendas, 26 de ellas destinadas al patrimonio municipal en concepto de permuta.
El otro lote consta de 56 viviendas protegidas en la calle Enfermera Angelina Ceballos, ubicada en el PAU 1, donde también se construirá un local de uso socio comunitario. El valor de la licitación de este solar es de 1.298.660 euros.
Procedimiento
A la espera de saber el plazo de ejecución de estos trabajos enmarcados en el Plan Vive de la Generalitat, que deberían reflejarse en la licitación del proyecto, según la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda que lidera Susana Camarero, las condiciones de acceso son más claras, siempre y cuando no haya cambios políticos entre el periodo actual y el de la finalización de las obras.
Parcela para la construcción de vivienda pública en el PAU 1 de Alicante. / Alex Domínguez
Las 221 viviendas se construirán a través de una fórmula de colaboración público-privada. “La Generalitat se encarga del proyecto, de la licitación y de otros procedimientos y el Ayuntamiento de la adjudicación final a la empresa”, explican desde el Consell.
Condiciones
Como se trata de viviendas de protección pública, las condiciones de acceso las marca la Generalitat y se establecen en el decreto 180/2024 de 10 de diciembre del Consell, por el que se aprobó el régimen jurídico de estas viviendas en la Comunidad.
Las viviendas protegidas, en función de la superficie, tendrán un precio de entre 158.000 y 316.000 euros
En el artículo 41 de este decreto se indican los requisitos generales de acceso, en los que figura ser mayor de edad o menor emancipado, tener nacionalidad española o residencia legal en España o que la persona titular del derecho o cualquiera de las integrantes de la unidad familiar o de convivencia no sea titular de otra vivienda en el conjunto del país, exceptuando casos como divorcio, la necesidad de cambiar de domicilio por razones profesionales o para recibir cuidados de dependencia, entre otras excepciones. Una de estas sería que “la persona titular de la vivienda sea víctima de trata de seres humanos, delito de terrorismo o víctima de violencia sobre la mujer y necesite cambiar de domicilio por algunas de estas circunstancias”.
Los ingresos de la unidad familiar no pueden sobrepasar los 54.600 euros anuales
En el artículo donde se habla de los requisitos económicos, se especifica que la cantidad de ingresos de la unidad familiar se determinará por las declaraciones presentadas relativas al último periodo impositivo.
Requisitos
El índice de referencia será el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), utilizado para determinar el nivel de ingresos necesario para acceder a ayudas. En 2025 el índice se fija en pagas mensuales de 600 euros, y el decreto del Consell fija que la unidad familiar solicitante no supere el Iprem en 14 pagas anuales (8.400 euros) multiplicado por 6,5 en los pisos de protección pública de régimen general. Es decir, que los ingresos de la unidad familiar no sobrepasen, en este caso, los 54.600 euros anuales.
Parcela para la construcción de vivienda pública en Alicante. / Alex Domínguez
En el caso de la promoción para jóvenes, los ingresos de la unidad familiar no debe superar el Iprem multiplicado por 5,5, es decir, los 46.200 euros anuales. Se darán excepciones en algunos casos, ya que habrá más flexibilidad en los niveles de renta si un integrante de la unidad familiar tiene una discapacidad igual o superior al 33 %, por cada menor de edad a cargo de la unidad familiar si se trata de descendiente en primer grado o de persona en acogimiento familias, por cada persona mayor de 65 años integrante de la unidad familia o por cada persona de entre 18 y 35 años que integre la unidad familiar o de convivencia.
En el caso de la promoción para jóvenes, los ingresos de la unidad familiar no debe superar los 46.200 euros anuales
Por otra parte, según el decreto, el valor estándar de la vivienda protegida se fija en 2.400 euros como máximo por metro cuadrado de superficie útil en formato de venta o renta, ligeramente inferior a la media del precio en la ciudad de Alicante en el mes de octubre, que según el portal Idealista está en 2.509 euros. El mínimo, sin embargo, no se establece.
Cabe tener en cuenta que la superficie útil máxima de estas viviendas es de 90 metros cuadrados útiles exceptuando un 4 % del total, que podrán llegar a los 120 metros cuadrados útiles. También habrá un 40 % destinadas a personas jóvenes de no más de 35 años y a familias monoparentales. En el primer caso, la superficie útil máxima es de 60 metros cuadrados útiles.
La licencia de obras podría tardar perfectamente cinco años. Es la triste realidad
Si se toma como referencia el precio máximo del metro cuadrado, las viviendas de 90 metros cuadrados podrán tener un precio de hasta 242.000 euros (sumando el 10 % de IVA); las de 120 metros cuadrados, 316.800 euros; y las de 60 metros cuadrados un precio máximo de 158.400 euros, impuestos incluidos.
Según Jesualdo Ros, secretario general de Provia (la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante), los pisos no tendrán distinción de precio en función de la zona, ya que su valor «depende de la normativa y el precio no se puede variar». Respecto al coste económico, similar en algunos casos a inmuebles no protegidos ubicados en algunos de los barrios donde se harán las promociones, Ros recuerda que «las viviendas tendrán entre dos y tres dormitorios y serán de nueva construcción, incomparables con viviendas antiguas«, por lo que «estos precios en nueva vivienda no se encuentran en el mercado».
La superficie útil máxima de las viviendas será de 90 metros cuadrados útiles exceptuando un 4 %, que podrán llegar a los 120 metros cuadrados
El secretario general de Provia sí que se muestra crítico con la «lentitud» de la promoción. «Llevamos más de un año para elegir las parcelas, no tiene sentido en una situación como la actual, con tanta necesidad de vivienda«, declara, a la vez que pronostica que «la licencia de obras podría tardar perfectamente cinco años». «Es la triste realidad», concluye.
Llevamos más de un año para elegir las parcelas, no tiene sentido en una situación como la actual, con tanta necesidad de vivienda
El Ayuntamiento de Alicante se quedará con 26 viviendas de las 221 promocionadas en concepto de permuta, que irán a integrar el parque municipal y se destinarán a jóvenes en régimen de alquiler. El ejecutivo municipal podrá introducir, de acuerdo con la empresa constructora, criterios adicionales a los establecidos en el decreto de la Generalitat, pero siempre respetando las condiciones de la normativa autonómica.
Suscríbete para seguir leyendo
