- Juzgado Marítimo Permanente nº 4, de Cádiz
- Encontraron la cuenta sin saldo suficiente
- Transferencias a nombre de su mujer
- Hasta 171.106 euros “distraídos”
- Fue desviando pequeñas cantidades
- El modus operandi del juez
- Reconoció la apropiación de 80.000 euros
- El tribunal da otra cifra: 100.909,31 euros
- Daño irreparable a la imagen de las Fuerzas Armadas
Juzgado Marítimo Permanente nº 4, de Cádiz
El Tribunal Militar Central ha condenado a un comandante auditor del Cuerpo Jurídico Militar a un año y once meses de cárcel, multa de 2.100 euros e inhabilitación especial para cargo público por el mismo tiempo que la pena de prisión.
El oficial condenado tiene 66 años y ya se encuentra en situación de retiro.
Según la sentencia consultada por Confidencial Digital, la voz de alarma la dio una comandante auditor, la sucesora del militar condenado al frente del Juzgado Marítimo Permanente nº 4, situado en Cádiz.
Elevó un parte en el que informó de la desaparición de una cantidad de dinero, sin determinar, de la cuenta corriente del citado Juzgado cuando era titular del mismo el otro comandante auditor.
El Juzgado Togado Militar Central nº 2 abrió diligencias previas en junio de 2021. El caso se juzgó el 17 de septiembre de este 2025.
Encontraron la cuenta sin saldo suficiente
La comandante auditor que denunció los hechos dio cuenta de la inexistencia de saldo suficiente en la cuenta y de presuntas irregularidades relacionados con las fianzas depositadas por los armadores de las embarcaciones objeto de rescate, para poder hacer frente a los posibles premios que se pudieran devengar por tal motivo, y que se determinaban en el seno de un expediente a que da lugar cada auxilio, salvamento o remolque.
La juez adjuntó al parte los movimientos de la cuenta del BBVA operada por el Juzgado Marítimo Permanente número 4 a nombre de la Comandancia Militar de Marina; fotocopias de las transferencias y de los cheques cargados a la cuenta y cobrados, al parecer, por el comandante auditor.
Transferencias a nombre de su mujer
Ella encontró entre los expedientes y la documentación del Juzgado Marítimo número 4 una carpeta, de color amarillo.
En ella su antecesor guardaba documentación bancaria, relativa a varias órdenes de transferencia a favor de una mujer, “todas ellas al mismo número de cuenta bancaria y en relación a números de expedientes no existentes en el Juzgado Marítimo número 4”.
Resulta que el nombre de la mujer a la que se enviaron esas transferencias era el mismo que el de la esposa del comandante auditor.
“En la misma carpeta se halló el contrato del número de cuenta del BBVA […] , a nombre de la Comandancia Militar de Marina Cádiz, junto con numerosa correspondencia del BBVA y justificantes de movimientos bancarios que, si bien algunos si correspondían a expedientes de asistencia marítima y estaban perfectamente identificados, en otros, sin embargo, no se especificaba concepto alguno con cargo a cheques en los que sólo aparecía un número de expediente”, se reflejó en el parte.
No sólo eso. La nueva juez comprobó que el saldo de la cuenta del Juzgado Marítimo Permanente número 4 era de 22.419,65 euros y sin embargo debería haber 60.000 euros, teniendo en cuenta únicamente los siguientes expedientes de asistencia marítima, de los que se tenía constancia de haber depositados las siguientes cantidades como garantía.
Hasta 171.106 euros “distraídos”
En la carpeta amarilla se encontraron justificantes de cheques o transferencias realizadas personalmente por el juez marítimo anterior y puestas a nombre de su mujer y a nombre de expedientes inexistentes.
“Entre ellos hay algunos cuyo destino se encuentra en la cuenta personal de la entidad ING Direct y el resto no se puede justificar el destino en concreto por falta de información, pero sí coincide en fechas cercanas con ingresos en dicha cuenta, algunos coincidiendo en su cuantía. Ascendiendo la cantidad probable distraída mediante chequeo transferencia para su destino particular a 71.267, 73 euros”.
Según una perito, “a esta cantidad habría que sumarle las relativas a las fianzas no devueltas” a nueve expedientes que sumaban 99.838,39 euros.
Esa perito explicó que “para realizar el cálculo de la cantidad solicitada se ha escogido la suma de las cantidades extraídas teniendo en cuenta lo que verdaderamente tendría que existir de saldo en la cuenta del Juzgado Marítimo Permanente, incluyendo también las comisiones bancarias realizadas en muchas transferencias y en muchos casos tratándose de cantidades elevadas y a ello sumarle las cantidades de las fianzas no devueltas que estén justificadas documentalmente, siendo el total de la cantidad distraída por el comandante auditor, salvo error u omisión, 171.106,12 euros”.
Durante la instrucción se requirieron informes del Servicio Económico-Administrativo de San Fernando, se investigaron cuentas y se detectaron diversas irregularidades que el comandante auditor habría cometido mientras estaba al frente del Juzgado Marítimo Permanente número 4: principalmente, descuadres entre el dinero que depositaban en el juzgado los armadores de los buques por auxilios y asistencias marítimas, y el que posteriormente quedaba en las cuentas del juzgado.
Se analizó la documentación de una cuenta del banco ING “de la que es titular el comandante auditor investigado y autorizada su esposa”, con los movimientos desde 1999.
Fue desviando pequeñas cantidades
“De la instrucción practicada se desprende que el procesado comandante auditor ejerció las funciones de Juez Marítimo Permanente desde el año 1999 hasta febrero de 2021 y durante este tiempo fue el titular de la cuenta del Juzgado Marítimo, responsable único de la custodia y manejo de las cantidades depositadas en concepto de fianza, que, según consta en autos, gozan de naturaleza pública”, según la sentencia.
La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central establece que “hacia el año 2008 o 2009, como consecuencia de una serie de problemas económicos y la imposibilidad de conseguir financiación bancaria, el citado oficial fue apoderándose de pequeñas cantidades de dinero de la cuenta del juzgado, para incorporarlas a su patrimonio particular”.
¿Cómo logró actuar así durante tantos años, desde 2009 hasta 2021?
El modus operandi del juez
“El comandante auditor estableció, como mecanismo de protección, un método estratégico con el que evitar dejar rastro e impedir que se conociera que tanto el emisor como el receptor eran la misma persona, o, en definitiva, que él era el titular de la cuenta del Juzgado Marítimo y de la suya propia”.
El comandante auditor (ahora ya retirado) comenzó confeccionando cheques nominativos al portador a su nombre, desde la sucursal de BBVA de la Población Naval de San Carlos (en San Fernando, Cádiz).
A continuación “realizó transferencias a su cuenta corriente particular, en la que era el único titular”, ahora bien, no hizo uso de su nombre “para que no se apreciara que el destinatario del dinero coincidía con el del titular autorizado en la cuenta del Juzgado Marítimo, y puso como beneficiaria el nombre de su mujer o similares”.
La sentencia relata que “para no confundirse y poder llevar un control sobre las fianzas depositadas en la cuenta, identificó las transferencias realizadas a su cuenta particular con un número ficticio, que guardaba paralelismo con las que se correspondían a expedientes reales”, si bien eran expedientes que carecían de soporte documental, con números ficticios que no tenían reflejo con la cifra real de expedientes que se seguían por el Juzgado Marítimo en aquellos años.
Reconoció la apropiación de 80.000 euros
Esta sentencia se dictó tras una conformidad prestada por el procesado con la acusación por el Ministerio Fiscal y confirmada por su letrado defensor.
El comandante reconoció en un escrito los hechos, y cifró en 80.099 euros el total del dinero que había sustraído.
Efectuó también dos transferencias en concepto de devolución de las cantidades indebidamente apropiadas, una de 10.000 euros y otra de 5.000 euros.
El Tribunal Militar Central consideró que “seguro que, entre las cantidades indebidamente apropiadas, están las reconocidas por el propio comandante” por un total de 80.099 euros.
El tribunal da otra cifra: 100.909,31 euros
Pero no se queda ahí, sino que eleva la cifra según los informes de los peritos en otros 20.810,31 euros, lo que elevaría la suma 100.909,31 euros “como cantidad de la que se apropió indebidamente mientras fue titular del Juzgado Marítimo Permanente nº 4, desde el año 1999 hasta el mes de febrero de 2021”.
Si se restan los 15.000 euros aportados en concepto de devolución de las cantidades indebidamente apropiadas, resulta un total de 85.909 euros. Se le quitaron otros 6.500 euros de una fianza que se contó indebidamente, “que habría que restarse a los señalados 85.909, que ofrecen un montante final de 79.409 euros, como cuantía que el acusado debe satisfacer en concepto de responsabilidad civil”.
La sentencia subraya que “la actuación del acusado equivale a un apoderamiento que impidió que los fondos depositados en la cuenta corriente del Juzgado Marítimo Permanente nº 4 pudieran ser utilizados para los fines legalmente establecidos al haber pasado a formar parte de su patrimonio”.
Daño irreparable a la imagen de las Fuerzas Armadas
Describe así su conducta: “El acusado, valiéndose de las facultades que le otorgaba su cargo, sustrajo parte de dichas cantidades, bien mediante cheque, bien mediante transferencia, desviándolas a su propio peculio”.
Esa actuación “produjo tanto un daño difícilmente reparable a la imagen de las Fuerzas Armadas y, más en concreto, del Cuerpo Jurídico Militar, cuya función precisamente radica en la correcta aplicación del ordenamiento jurídico”.
También causó “el consecuente perjuicio económico al no existir en la cuenta corriente del Juzgado Marítimo Permanente nº 4 saldo suficiente para realizar los pagos derivados de los expedientes, con la afectación a terceros ajenos a las Fuerzas Armadas y que, en algunos supuestos, la Armada tuviera que hacerse cargo de los mismos con imputación a sus propios fondos”.
La sentencia de conformidad condena al comandante auditor retirado como responsable en concepto de autor de un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar del artículo 82.1 del Código Penal Militar, en su modalidad de apropiación indebida, en relación con los artículos 253 y 250.1.5ª del Código Penal, en concurso ideal medial con un delito consumado y continuado de falsedad en documento mercantil previsto en el artículo 390.1.2º del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal del artículo 21 del Código Penal, apartado 4 de dilaciones indebidas y del apartado 6 de confesión de los hechos.
Le impone las penas ya citadas más arriba.
