El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente es que también le impone dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.
El tribunal, que al alcanzar una mayoría ha decidido adelantar el fallo de la sentencia, también le condena a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba.
La Sala le absuelve de los demás delitos de los que era objeto de acusación, entre ellos, el de revelación de secretos por el que González Amador le pedía 4 años de prisión y una de las acusaciones populares, la ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), seis.
El fallo, que ha sido notificado a las partes, aunque aún no surte efectos, porque la sentencia está pendiente de redacción, avanza que «los objetos intervenidos en los registros practicados se devolverán a sus titulares y, en su caso, se destruirán». La defensa de García Ortiz había solicitado la devolución de lo intervenido en el despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, exonerada de cualquier responsabilidad antes de que el asunto llegara a juicio.
La resolución contará con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo, partidarias de la absolución del fiscal general. Como esta última era la encargada de dictar la sentencia y no comparte el sentir de los otros cinco magistrados que componían el tribunal, la ponencia se trasladará a su presidente, Andrés Martínez-Arrieta-
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