El juicio que sentará en el banquillo al exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE José Luis Ábalos por seis delitos de corrupción tendrá un relevante elenco de testigos propuestos por el fiscal entre los que destacan Carlos Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart.
El primero es el director del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El segundo fue jefe del Gabinete de Reyes Maroto cuando ésta -actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid- era ministra de Industria.
La presencia de Moreno y Díaz Bidart servirá para poner de manifiesto que la presunta trama de corrupción liderada por Ábalos -una «organización criminal», según la Fiscalía Anticorrupción- penetró en distintos departamentos del Gobierno de Pedro Sánchez más allá del que dirigió el encausado entre junio de 2018 y julio de 2021, el Ministerio de Transportes (MITMA).
Lo describe el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en el escrito de acusación que presentó ayer, en el que pide para Ábalos 24 años de prisión; 19 años y medio para su lugarteniente, Koldo García, y siete años para el empresario Víctor de Aldama, cuya confesión considera «relevante» y «veraz».
«La cohesión de la organización que integraban José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos», afirma Luzón, «sino también en la facilitación a este empresario de una interlocución privilegiada en sus relaciones con el MITMA, pero también con otros departamentos ministeriales y con diferentes Administraciones Públicas, realizando a tal fin cuantas gestiones fueron precisas».
Según el escrito de acusación, Aldama logró que Koldo García, «con el conocimiento y la aprobación de José Luis Ábalos», utilizara sus contactos para que el empresario se reuniera con Carlos Moreno en junio de 2020.
El encuentro tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, Pilot Real Estate.
«Carlos Moreno, sin competencias directas sobre esta cuestión, trasladó la petición al asesor del gabinete Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad», afirma el fiscal.
En este punto, contradice al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que en la resolución de continuación del procedimiento dictada el pasado día 3 indicó que el aplazamiento de la deuda tributaria «en efecto, se llevó finalmente a término».
Respecto a Díaz Bidart, el escrito de acusación del Ministerio Público señala que Koldo García promovió la concertación de una entrevista celebrada el 14 de enero de 2021 con el entonces director del gabinete de la ministra Maroto y el empresario Claudio Rivas, socio de Aldama.
Rivas estaba interesado en conseguir una licencia de operador de productos petrolíferos al por mayor para Villafuel.
La reunión fue organizada por el asistente de Ábalos «siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama» y tuvo lugar en el Ministerio de Industria.
«Allí, presentados por Koldo García, se reunieron con el jefe del gabinete de la ministra Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez persona de su máxima confianza, junto a dos técnicos de Villafuel», relata el fiscal.
«Tras la reunión, quedó Claudio Rivas muy satisfecho y esperanzado en que las gestiones para la obtención de la licencia tras la que llevaba tiempo interesado iban por fin a dar su fruto», añade.
Fue Rivas, según la acusación pública, el que a través de una de las empresas que controlaba compró el chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) que Ábalos disfrutó de julio a noviembre de 2021.
El fiscal ha pedido también la comparecencia como testigos del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura y de otros altos cargos vinculados a este Ministerio en la época de Ábalos como el exsubsecretario Jesús Manuel Gómez: la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares o el expresidente de Renfe Operadora Isaías Taboas.
Tendrán que comparecer también -dado que es previsible que la Sala Penal admita la prueba testifical propuesta por Luzón- empresarios como Javier Hidalgo (exCeo de Globalia, dueña de Air Europa) o Carmen Pano, que declaró en el Supremo haber llevado dinero en metálico al PSOE.
Un delito más
El escrito de acusación del fiscal se refiere a la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, para la que Aldama actuaba como conseguidor, y a las gestiones realizadas por Ábalos y Koldo para favorecer los intereses de éste o de empresas relacionadas con él, como Air Europa.
También incluye la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, mujeres relacionadas con Ábalos y cuya citación como testigos propone también el fiscal.
La primera de ellas fue contratada por Ineco y, después, por Tragsatec, dependientes de Transportes, pese a que, como ella misma admitió ante el juez, no hizo ninguna labor durante dos años y medio.
Son los mismos hechos que el instructor de la Sala Penal consideró punibles en la resolución del 3 de noviembre, en la que indicaba que constituirían delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.
A ellos el fiscal jefe anticorrupción ha añadido el delito de uso de información privilegiada, que Luzón conoce bien porque fue la acusación que sostuvo en 2009 contra el entonces presidente de Telefónica, César Alierta.
Según el acusador público, Aldama «obtuvo de Ábalos y García información previa y privilegiada», información «que todavía no se había hecho pública» y que le permitió «adelantarse a posibles competidores» y asegurarse la adjudicación a Soluciones de Gestión de los contratos de mascarillas dependientes de Transportes.
